La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por la noche y otorgó media sanción al proyecto conocido como “Súper RIGI”, un régimen destinado a incentivar inversiones superiores a US$1.000 millones mediante beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios por un plazo de 30 años. La iniciativa obtuvo 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones, por lo que ahora será remitida al Senado para su tratamiento.
El proyecto recibió el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales como Independencia, Innovación Federal y Producción y Trabajo. Entre las abstenciones estuvieron los dos diputados catamarqueños alineados con Raúl Jalil y cinco legisladores de Provincias Unidas.
La sesión contó con la presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, acompañada por Sharif Menem, director de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados.
Qué establece el nuevo régimen
La propuesta contempla una vigencia inicial de cinco años, prorrogable por única vez durante un año, con el objetivo de atraer proyectos industriales de gran escala vinculados al agregado de valor sobre recursos naturales.
Entre los principales beneficios se incluyen una alícuota del 15% en el impuesto a las ganancias, estabilidad tributaria y cambiaria durante 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y una liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% desde el tercer año de exportaciones.
Además, el texto habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales como el CIADI, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje en caso de conflictos con el Estado argentino. También establece que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados “inversiones protegidas” en el marco de tratados internacionales.
Otro de los puntos prevé que provincias y municipios mantengan las alícuotas de Ingresos Brutos por debajo del 0,5% y eliminen impuestos de sellos y otros tributos locales.
Cambios incorporados durante el debate
Durante el tratamiento en comisiones se sumaron modificaciones impulsadas por bloques aliados. Entre ellas figuran incentivos para proyectos con inversiones en investigación y desarrollo, la obligación de presentar planes de integración de proveedores locales con un mínimo del 20% de contratación, la ampliación de objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y la creación de un registro público de proyectos aprobados.
Asimismo, se incorporaron mayores exigencias ambientales y sociales. Los inversores deberán acreditar que sus proyectos no comprometerán recursos naturales ni infraestructura esencial y se agregó una nueva causal de rechazo para iniciativas con impactos negativos significativos en sus áreas de influencia.
Cruces entre oficialismo y oposición
Como miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch defendió la iniciativa y sostuvo que “el capital dignifica el trabajo”. También reclamó proteger la propiedad privada, cuestionó la presión impositiva y la inestabilidad regulatoria, y pidió una “autocrítica” a quienes considera responsables del deterioro del sector productivo.
Desde la oposición, Maximiliano Ferraro afirmó que el proyecto crea “un régimen de excepción quizás nunca visto” y sostuvo que se trata de una iniciativa “con nombre y apellido”, en referencia al empresario Peter Thiel y otros referentes del sector tecnológico. Además, advirtió que podría otorgar a grandes corporaciones capacidad para condicionar decisiones del Estado.
Mario Manrique, de Unión por la Patria, afirmó: “Esto es un negociado entre particulares”. Juan Marino sostuvo que el paquete económico busca “instalar un cambio de régimen”, mientras que Juan Grabois cuestionó la creación de “verdaderas zonas liberadas” para grandes grupos económicos.
Romina Del Plá señaló: “Van a pagar 171 millones de dólares a los fondos buitres mientras condenan a jubilados y trabajadores a la miseria”. Por su parte, Victoria Tolosa Paz reconoció la necesidad de atraer inversiones, aunque advirtió: “No a costa de la industria nacional y el empleo argentino”.
Jimena López cuestionó el costo fiscal del régimen y sostuvo que el Estado resignó “más de 100 millones de dólares de recaudación”, recursos que, según afirmó, podrían destinarse a jubilaciones, discapacidad o universidades.
Entre quienes respaldaron la propuesta, el radical Lisandro Nieri sostuvo que el mundo atraviesa una competencia creciente por captar inversiones mediante incentivos fiscales y afirmó que el proyecto busca atraer “proyectos de escala mundial”. En tanto, el libertario Álvaro Martínez atribuyó la escasez de inversiones a la presión tributaria y la inestabilidad normativa, y afirmó que el Súper RIGI constituye la “puerta de entrada” para nuevas industrias. “Votar en contra es votar para que la Argentina siga siendo un espectador de su propio destino”, sostuvo.
