El consejo directivo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció la convocatoria a un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía para el lunes 3 de agosto, en reclamo por un aumento salarial de emergencia y contra «el vaciamiento de organismos públicos y despidos en el Estado», según detalló el gremio.
La jornada de protesta coincidirá con el inicio del ciclo lectivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otros distritos del país, luego del receso de invierno. En ese contexto, ATE evalúa la posibilidad de marchar junto con la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA).
El reclamo salarial de los trabajadores estatales
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que «los salarios de los estatales tendrían que ser más del doble de lo que son ahora. Al recorte aplicado en la paritaria de más del 45 por ciento hay que agregar que los servicios públicos aumentaron en más de un 900% desde que asumió Milei».
Aguiar agregó que «con la complicidad de UPCN (el otro gremio de estatales), en dos años y medio se destruyeron los bolsillos de todos los trabajadores del sector público. Nos han asaltado, han conformado una asociación ilícita para robarnos el dinero que es de nuestra propiedad».
El dirigente advirtió que uno de los factores que incrementó la conflictividad en el sector público es la pérdida del poder adquisitivo derivada de acuerdos paritarios que, según el gremio, quedaron por debajo de la inflación.
ATE señaló que durante 2026 los incrementos salariales en la Administración Pública Nacional alcanzaron el 12,9% hasta junio, mientras que la inflación acumulada en el mismo período fue del 16,9%.
Preocupación por el endeudamiento
Aguiar subrayó: «Es alarmante el altísimo nivel de endeudamiento de los trabajadores estatales. Además, las formas de endeudamiento son múltiples».
El titular de ATE añadió: «Ya se han superado instituciones formales como los bancos, mutuales, billeteras virtuales y lo más peligroso es que ahora han llegado a endeudarse con prestamistas en los barrios, y esta forma de endeudamiento hasta pone en riesgo la integridad de quienes toman esos créditos».
De acuerdo con el gremio, los trabajadores estatales recurren a distintas vías de financiamiento para afrontar gastos cotidianos, en un escenario marcado por la pérdida de ingresos reales y el incremento de los servicios públicos.
Aguiar afirmó que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, los servicios aumentaron un 919%, mientras que el poder adquisitivo de los empleados del sector público cayó un 45% durante el mismo período.
Críticas al Gobierno y al sindicalismo
El dirigente declaró que «todos los días el presidente pierde popularidad, pierde aceptación social y eso tiene que ver con la conflictividad que hasta aquí en los últimos dos años y medio hemos podido garantizar» y planteó: «Tenemos que lograr que Milei se vaya lo antes posible. Están dadas todas las causales para avanzar institucionalmente en su destitución».
Aguiar también cuestionó el papel de algunos sectores sindicales y las reuniones mantenidas por dirigentes gremiales con funcionarios nacionales.
Al respecto, expresó que «las organizaciones gremiales están para mejorar la vida de los trabajadores, y no para disputar las migajas del sistema. Hay una sola manera de recuperar nuestro lugar y es no parar de confrontar».
El líder de ATE manifestó que «es una premisa falsa la de que quieren destruir el Estado. Es mentira que no hay un Estado presente. Hoy el Estado está presente pero no para la gente, sino para garantizar los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y las transnacionales que tienen el camino más allanado que nunca para venir a saquear nuestro país».
El gremio también volvió a advertir sobre el intento de cierre, desmantelamiento y vaciamiento de organismos nacionales, además de los despidos en dependencias estatales. Según ATE, estas medidas ponen en riesgo la prestación normal de servicios públicos.
Para Aguiar, «la profunda crisis que venimos denunciando también se ve reflejada también en los sectores productivos, con el cierre de más de 28.000 empresas y la pérdida de más de 341.000 puestos de trabajo en los últimos dos años y medio», indicando que «en este escenario, la desaprobación al gobierno de Milei ya supera el 58,2 por ciento, siendo el nivel de menor aprobación en lo que va de su gestión».
