Tras su participación en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Confederación General del Trabajo (CGT) comenzó a delinear su estrategia frente a un segundo semestre que anticipa una creciente conflictividad. La entrada en vigencia de la Ley de Modernización Laboral, la revisión de los convenios colectivos y la situación financiera de las obras sociales sindicales figuran entre las principales preocupaciones del movimiento obrero.
En ese contexto, la central obrera convocó para este jueves a una reunión de consejo directivo en la sede de Azopardo, donde buscará consensuar un plan de acción frente al gobierno de Javier Milei. El encuentro pondrá frente a frente a la conducción cegetista y a sectores que reclaman medidas de fuerza más contundentes.
Presión para avanzar con un paro nacional
La conducción integrada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello impulsa una estrategia gradual basada en ceses parciales de actividades, asambleas, volanteadas y movilizaciones sectoriales que permitan construir las condiciones para una eventual huelga nacional con movilización hacia fin de año.
Sin embargo, un grupo de dirigentes encabezado por Luis Barrionuevo, Omar Maturano y Roberto Fernández pretende acelerar los tiempos. Durante una reunión realizada en la sede del gremio gastronómico resolvieron llevar a la CGT una propuesta para convocar a los secretarios generales y definir la profundización del plan de lucha, incluyendo una huelga nacional de 36 horas con movilización a Plaza de Mayo o al Congreso durante la primera quincena de julio.
La crisis de las obras sociales en el centro del conflicto
Uno de los puntos más sensibles del debate es la situación económica de las obras sociales sindicales. Dirigentes gremiales plantean organizar una marcha hacia el Ministerio de Salud o la Superintendencia de Servicios de Salud con el objetivo simbólico de «entregar las llaves de las obras sociales y que el gobierno se encargue de darle la prestación de la salud a los trabajadores y trabajadoras».
Según explicaron, la reducción de recursos generó un fuerte impacto en el financiamiento del sistema. Aseguran que sufrieron una disminución de ingresos del 4,5% al 2%, lo que representa una pérdida superior al 40% y obliga a compensar el déficit con fondos provenientes de los propios sindicatos.
Los gremios sostienen además que el incremento de los costos operativos, los insumos médicos y los medicamentos agrava una situación que consideran cada vez más difícil de sostener. En ese marco, advierten que muchas entidades ya enfrentan dificultades para garantizar la cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO) y otras prestaciones especiales.
Amparos judiciales y cuestionamientos al Gobierno
Los sectores más críticos impulsarán también la presentación de demandas judiciales para intentar frenar la implementación de medidas vinculadas a la reforma laboral. La estrategia contempla una serie de amparos con el objetivo de que la Justicia revise aspectos que consideran asociados a un proceso de flexibilización laboral.
Asimismo, dirigentes sindicales cuestionaron la convocatoria oficial para revisar convenios colectivos. Según afirman, la iniciativa busca desfinanciar tanto a las organizaciones gremiales como a las obras sociales. También señalaron que numerosos empresarios les transmitieron que no consideran necesaria una modificación de los acuerdos vigentes.
Del encuentro participaron, además de Barrionuevo y Maturano, Mario Calegari (UTA), Daniel Vila (Carga y Descarga), Oscar Rojas (Maestranza), Roberto Solari (Guardavidas), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), Roberto Bonetti (UOM Capital Federal) y representantes de los sindicatos de Perfumistas, Tabaco y Supervisores Metalmecánicos (ASIMRA).
En paralelo, la conducción de la CGT mantuvo reuniones con referentes de las CTA Autónoma y de los Trabajadores para coordinar acciones conjuntas que podrían incluir una marcha federal y una huelga general, aunque por el momento sin una fecha definida.
Los participantes coincidieron en calificar como «grave» la situación económica y social, especialmente por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, los despidos y el deterioro de las condiciones laborales.
Por otra parte, Cristian Jerónimo mantuvo un encuentro con el secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, donde analizaron la coyuntura económica y laboral y coincidieron en la necesidad de construir una estrategia común frente al ajuste.
A través de redes sociales, Jerónimo expresó: «Compartí un encuentro con el compañero Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, para intercambiar miradas sobre la realidad social, económica y sindical que atraviesa nuestro país y sobre la situación que viven hoy los trabajadores y trabajadoras».
También señaló: «Conversamos sobre la necesidad de construir una estrategia común frente al ajuste, defender los derechos de los trabajadores, acompañar el reclamo de los jubilados, proteger a las personas con discapacidad y sostener nuestras obras sociales sindicales, que cumplen un rol fundamental para millones de familias argentinas».
