La empresa estatal Corredores Viales desvinculó a 120 trabajadores que prestaban servicios en el tramo de la Ruta Nacional 226 con cabecera en el peaje de Hinojo, en Olavarría. La medida se produce en el marco del proceso de privatización de corredores nacionales impulsado por el Gobierno.
Los despidos se conocieron semanas después de que el Estado adjudicara la concesión de un nuevo paquete de rutas a un consorcio integrado por las empresas Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco, que administrará esas trazas durante los próximos 20 años.
Los despidos alcanzan distintas áreas operativas
La reducción de personal no afectó únicamente a quienes desempeñaban tareas en las cabinas de peaje.
También fueron alcanzados trabajadores de los servicios de emergencia vial, grúas, soporte técnico, maestranza y balanzas, áreas que integran la operación cotidiana del corredor vial.
Uno de los empleados desvinculados manifestó que el personal recibió la correspondiente indemnización y que la finalización de la relación laboral se hará efectiva a fin de mes.
Peajes automáticos y nuevas concesiones
El corredor adjudicado incluye, además de la Ruta Nacional 226, las rutas 3 y 205 y la autopista Riccheri.
Según trascendió, la nueva concesionaria proyecta avanzar con la implementación de sistemas de cobro automatizado, una modalidad que reduciría la necesidad de personal destinado al cobro manual de peajes.
En paralelo, sectores políticos y organizaciones vinculadas al ámbito vial cuestionaron el alcance de las obras previstas dentro de las nuevas concesiones.
Críticas por el impacto laboral y las obras
Concejales del bloque Fuerza Patria en Olavarría señalaron que la medida se suma a otros despidos registrados durante la actual gestión nacional y advirtieron sobre el impacto laboral de la privatización.
Además, sostuvieron que las nuevas concesiones no contemplan obras de gran magnitud y que, en algunos casos, los pliegos priorizan tareas de mantenimiento antes que proyectos de infraestructura de mayor alcance.
Entre las intervenciones previstas para la Ruta Nacional 226 figura la ejecución de 55,98 kilómetros de «ruta segura» entre los empalmes con las rutas nacionales 55 y 22. No obstante, también está prevista la incorporación de nuevas estaciones de peaje dentro del corredor concesionado.
El proceso de privatización de rutas nacionales continúa avanzando mientras se multiplican los cuestionamientos sobre el impacto de las nuevas concesiones en el empleo, el sistema de peajes y las obras comprometidas para la red vial.
La empresa estatal Corredores Viales desvinculó a 120 trabajadores del peaje de Hinojo, en Olavarría, en el marco del proceso de privatización de rutas nacionales impulsado por el Gobierno. Los despidos se producen luego de la adjudicación de nuevas concesiones que prevén incorporar sistemas de cobro automatizado y generaron cuestionamientos por su impacto laboral y el alcance de las obras previstas.
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Primero llegó la concesión. Después, los despidos. Y más adelante vendrán los peajes automáticos. La modernización tiene un detalle incómodo: cuando la barrera deja de necesitar personas, alguien termina levantando la suya por última vez para salir del trabajo.
La escena se repite con cierta lógica tecnológica. Las cabinas empiezan a parecer reliquias de otra época mientras las empresas preparan sistemas de cobro sin efectivo, sin ventanillas y, sobre todo, sin empleados. La automatización suele prometer eficiencia. Rara vez promete nuevos puestos laborales.
En Olavarría, 120 trabajadores de Corredores Viales recibieron la notificación de su desvinculación antes de que la operación de la Ruta Nacional 226 pase a manos privadas. No solamente quedaron alcanzados quienes cobraban peajes. También personal de emergencias viales, grúas, soporte técnico, maestranza y balanzas.
El cambio forma parte del proceso de concesión de distintos corredores nacionales impulsado por el Gobierno. El nuevo operador administrará la ruta durante las próximas dos décadas y proyecta incorporar sistemas automáticos de cobro, una modalidad que ya funciona en distintos países y comienza a extenderse en la red vial argentina.
La discusión, sin embargo, no termina en la tecnología. Sectores sindicales, trabajadores y dirigentes opositores cuestionan además el alcance de las obras comprometidas en las nuevas concesiones. Según esas críticas, los pliegos priorizan tareas de mantenimiento y mejoras puntuales antes que intervenciones de gran escala.
Desde el oficialismo, la apuesta pasa por reducir costos operativos y avanzar con un esquema de participación privada en la infraestructura vial. Del otro lado, los trabajadores advierten que la eficiencia termina teniendo nombre y apellido cuando llega el telegrama.
En el medio queda una pregunta que excede un solo peaje: cómo equilibrar la incorporación de nuevas tecnologías con el impacto que producen sobre quienes hasta ayer hacían funcionar ese mismo sistema.
Las barreras seguirán levantándose. La discusión es cuántos puestos de trabajo quedarán del otro lado.
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