Granja Tres Arroyos despidió a 260 trabajadores de su planta industrial “La China”, ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en medio de una profunda crisis operativa y financiera que incluye atrasos salariales y un pasivo de USD 350,9 millones.
La principal empresa avícola del país atribuyó la decisión a la caída de la actividad provocada por el cierre de exportaciones derivado de los brotes de gripe aviar registrados entre febrero y junio. La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), en tanto, denunció que entre los despedidos también hay delegados gremiales.
Los 260 cesanteados formaban parte de una dotación de 900 empleados de la planta entrerriana. La medida representa así una reducción significativa del personal y profundiza el complejo escenario que atraviesa la compañía conducida por el empresario Joaquín de Grazia.
La decisión se produjo después de que De Grazia mantuviera una reunión con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en medio de las dificultades económicas que atraviesa la firma.
Qué argumentó Granja Tres Arroyos para justificar los despidos
En los telegramas enviados a los trabajadores, la compañía sostuvo que atraviesa “una grave disminución de trabajo originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad”, en referencia a los brotes de influenza aviar registrados en Argentina.
La situación sanitaria derivó en el cierre de mercados internacionales relevantes, entre ellos China, y afectó el volumen de exportaciones de la empresa.
Según los argumentos expuestos por la avícola, el escenario produjo una reducción de las exportaciones, sobreoferta de producción dentro del mercado argentino y una marcada caída de los precios de comercialización, al mismo tiempo que continuaron aumentando los costos de explotación.
Frente a esa combinación de factores, la empresa calificó como “indispensable” la restructuración de su personal para “posibilitar la continuidad de la empresa y preservar las restantes fuentes de trabajo”.
La FTIA rechazó la decisión y calificó el accionar empresarial de “artero e insensible”. Además, denunció que los trabajadores están siendo utilizados como “variable de ajuste descartable” para “licuar pasivos en la previa a una maniobra concursal”.
Salarios atrasados y una deuda de USD 350,9 millones
El conflicto laboral se desarrolla sobre una situación que ya venía deteriorándose. De acuerdo con el gremio, los trabajadores acumulaban atrasos superiores a cinco quincenas en el cobro de sus salarios.
Ante la situación, Frigerio mantuvo reuniones con el titular de la compañía y dispuso programas estatales de contención destinados a los afectados, entre ellos ayuda alimentaria, subsidios económicos, tarifa social eléctrica, atención sanitaria y provisión de medicamentos.
En paralelo, Granja Tres Arroyos enfrenta un delicado escenario financiero: arrastra un pasivo de USD 350,9 millones y se encuentra negociando con sus acreedores una reestructuración de sus obligaciones.
La propuesta contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago de hasta siete años y la venta de al menos cinco activos no estratégicos.
La compañía ingresó a fines de 2024 en un proceso preventivo de crisis. Desde entonces avanzó con diferentes medidas para reducir su estructura y administrar sus compromisos financieros.
Entre esas decisiones se implementó un programa de retiros voluntarios, mientras las obligaciones de la empresa comenzaron a afrontarse “de manera escalonada y en cuotas”.
La crisis ya había provocado suspensiones
Los despidos constituyen un nuevo capítulo de una situación laboral que ya había registrado medidas durante los meses anteriores. En junio, la empresa aplicó suspensiones en la planta de Concepción del Uruguay.
En aquella oportunidad, Granja Tres Arroyos había señalado como factores que afectaban su operatividad tanto el cierre de mercados internacionales por la gripe aviar como conflictos relacionados con la actividad gremial.
Con los nuevos despidos, la crisis alcanza ahora directamente a 260 trabajadores mientras la compañía intenta reestructurar una deuda de USD 350,9 millones y sostener la continuidad de sus operaciones.
La negociación con los acreedores, el proceso preventivo de crisis y las consecuencias laborales en la planta entrerriana continuarán definiendo el futuro inmediato de una de las principales empresas de la industria avícola argentina.
