La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió una denuncia contra directivos, administradores y representantes de compañías pesqueras internacionales que operan en torno a las Islas Malvinas mediante licencias británicas.
La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio y quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7.
Según los denunciantes, las actividades investigadas afectarían la soberanía argentina, el control aduanero y los recursos naturales ubicados dentro de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina.
Qué empresas aparecen en la denuncia
El escrito menciona a distintas compañías de origen español y a sociedades mixtas asociadas con operaciones pesqueras en las islas.
Entre las firmas señaladas aparecen Lanzal, Grupo Pereira, Pescapuerta, Copemar, Ferralmes, Hermanos Touza y Moradiña, junto con sociedades vinculadas como Petrel Fishing Company Ltd., Argos Group Ltd., South Atlantic Squid, Castelo Fishing Co., Beaufort Fishing Ltd. y Polar Ltd.
La denuncia también individualiza distintas embarcaciones utilizadas en esas actividades, entre ellas Monteferro, Argos Cíes, Argos Berbés, Falcon, Prion, Robin M. Lee, Hadassa Bay, Castelo, Hermanos Touza y New Polar Playa de Sartaxens.
La hipótesis de contrabando
Los denunciantes sostienen que las operaciones podrían configurar contrabando por evasión del control aduanero y exportación clandestina.
Según la presentación, las empresas extraerían recursos pesqueros de zonas que Argentina considera bajo su jurisdicción y luego realizarían exportaciones, trasbordos en alta mar o descargas en las islas o en terceros países sin intervención de la Aduana argentina.
También se plantea que el uso de licencias británicas podría constituir un mecanismo destinado a impedir el control de las autoridades nacionales y evitar el pago de derechos de exportación y otras obligaciones.
Los abogados invocaron los artículos 863, 864 inciso a y 865 del Código Aduanero, vinculados con maniobras para impedir controles, exportaciones clandestinas y agravantes por participación organizada o utilización de transporte marítimo.
También piden investigar posibles omisiones oficiales
La denuncia solicita además determinar si existió incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de autoridades nacionales.
La hipótesis se basa en una eventual falta de vigilancia, patrullaje, aplicación de sanciones o reclamo de derechos aduaneros frente a las actividades denunciadas.
Para avanzar con la investigación, se pidió información a la Prefectura Naval Argentina y al INIDEP sobre avistamientos e identificación de buques vinculados con las compañías señaladas.
También se solicitó a la Dirección General de Aduanas que informe si las empresas registraron exportaciones o pagaron aranceles vinculados con las capturas realizadas en la zona.
Por último, se requirió a la Inspección General de Justicia que verifique posibles vínculos comerciales, filiales y activos de las compañías denunciadas en territorio continental argentino.
La causa deberá determinar ahora si las operaciones descriptas pueden encuadrarse efectivamente en delitos aduaneros y si existieron responsabilidades adicionales por parte de funcionarios públicos.
