El Gobierno nacional se prepara para avanzar esta semana con una etapa clave de la reforma laboral: la convocatoria a sindicatos y cámaras empresarias para renegociar más de 100 convenios colectivos vencidos. La medida será impulsada por la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, y apunta a reconfigurar el esquema de relaciones laborales en la Argentina.
Las citaciones se producirán a una semana de la publicación de los decretos 407/2026 y 408/2026, mediante los cuales el Poder Ejecutivo reglamentó distintos capítulos de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. El Decreto 407/2026 reglamentó, entre otros puntos, aspectos vinculados con negociación colectiva, asociaciones sindicales y cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, mientras que el Decreto 408/2026 avanzó sobre el Fondo de Asistencia Laboral.
La revisión de los convenios vencidos
El eje central del proceso será el tratamiento de los convenios colectivos caídos tras el fin de la ultraactividad. La Secretaría de Trabajo cuenta con un plazo de 30 días para convocar a las partes involucradas —gremios y cámaras empresarias— a rediscutir las condiciones por actividad.
La reglamentación incluyó el artículo 137, que dio de baja la actualización automática de los convenios colectivos de más de un centenar de actividades. A partir de ese cambio, el Gobierno quedó habilitado para iniciar el procedimiento de revisión masiva de acuerdos laborales vencidos.
El plazo fijado para que las nuevas condiciones de cada actividad comiencen a aplicarse es el 1 de enero de 2027. En ese marco se inscriben herramientas como el cambio de horas extra por banco de horas, la extensión de la jornada laboral hasta las 12 horas y el llamado “salario dinámico”, es decir, mejoras salariales atadas a productividad y no exclusivamente a acuerdos paritarios.
Rechazo gremial y posible conflicto
Los gremios volvieron a rechazar la reforma laboral y advirtieron que podrían convocar a un nuevo paro general. También anticiparon que no descartan nuevas presentaciones judiciales para intentar frenar los cambios, al considerar que el nuevo marco implica “una pérdida de derechos”.
Desde la mirada oficial, el argumento central es que el mundo laboral cambió y que muchos convenios de décadas anteriores quedaron desactualizados frente a las nuevas formas de organización productiva. En ese escenario, el Gobierno busca abrir negociaciones por actividad, por empresa o por unidad productiva, según la realidad de cada sector.
El proceso, sin embargo, no será uniforme. Hay empresarios y dirigentes sindicales que mantienen relaciones fluidas y estiman que podrían avanzar sin mayores conflictos, mientras que otros sectores prevén negociaciones más tensas, especialmente en actividades con gremios combativos.
Convenios por empresa, aportes y representación sindical
La reglamentación también estableció que, en las negociaciones colectivas, sólo podrán participar asociaciones de empleadores y cámaras empresarias que acrediten representación suficiente, con un piso mínimo del 10% de los trabajadores comprendidos en el ámbito correspondiente.
Además, el Ejecutivo precisó el alcance de las cargas económicas previstas en los convenios colectivos, incluyendo aportes, contribuciones, cuotas, retenciones, fondos o cualquier otra obligación económica, más allá de la denominación que las partes le asignen.
Otro de los puntos reglamentados fue el sindicato de empresa o grupo de empresas. Los trabajadores que busquen organizarse por fuera del sindicato con personería jurídica deberán inscribirse, acreditar al menos seis meses de funcionamiento, contar con una cantidad de afiliados superior al 5% de la existente y presentar documentación respaldatoria, como cuotas de afiliación, recibos de sueldo con retenciones u otras certificaciones.
Una vez presentada la solicitud, la Secretaría de Trabajo tendrá un plazo de 45 días para expedirse. Para el Gobierno, estos cambios buscan «fomentar la libertad sindical y defender el trabajo formal. Representación sindical sí, monopolios eternos no», según remarcó el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger.
Con las convocatorias previstas para los próximos días, el Ejecutivo abrirá una instancia de negociación de alto impacto político, económico y sindical. La discusión alcanzará a más de un centenar de convenios colectivos vencidos y marcará el primer gran test de aplicación concreta de la reforma laboral.
El Gobierno nacional se prepara para convocar esta semana a sindicatos y cámaras empresarias para renegociar más de 100 convenios colectivos vencidos, tras la reglamentación de la reforma laboral. La Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, deberá iniciar el procedimiento luego del fin de la ultraactividad y en medio del rechazo gremial.
El Gobierno decidió abrir el arcón de los convenios colectivos vencidos y encontró, entre papeles amarillentos, cláusulas históricas y discusiones que parecen escritas con máquina de escribir, una oportunidad política del tamaño de una fábrica abandonada en horario de inspección. La Secretaría de Trabajo prepara convocatorias a gremios y empresarios para renegociar más de 100 acuerdos laborales, en una escena que promete menos romanticismo que una paritaria de madrugada y más tensión que una fotocopiadora ministerial cuando se queda sin tóner.
La palabra mágica es ultraactividad, ese mecanismo que mantenía vivos los convenios aunque ya hubieran vencido, una suerte de respirador legal que para los sindicatos funcionaba como garantía y para el Gobierno como museo de rigideces laborales. Ahora, con la reglamentación de la reforma, la Casa Rosada quiere que cada actividad vuelva a sentarse a discutir sus reglas, como si el país pudiera resolver décadas de conflicto laboral con una mesa, cuatro carpetas y la esperanza heroica de que todos hablen en tono moderado.
En el menú aparecen ingredientes de digestión intensa: convenios por empresa, banco de horas, jornadas de hasta 12 horas y el llamado “salario dinámico”, una expresión que suena moderna, veloz y con zapatillas nuevas, pero que los gremios leen con la misma confianza con la que uno firmaría un contrato escrito en tinta invisible. Para el oficialismo, el mundo laboral cambió y los acuerdos de los años 70 quedaron obsoletos; para los sindicatos, el asunto huele a recorte de derechos con packaging de innovación.
El Gobierno también apunta a revisar aportes, cargas económicas y formas de representación sindical. En términos más simples: quiere mover piezas en un tablero donde nadie cede un centímetro sin antes convocar a un abogado, un delegado y, por las dudas, a la memoria completa del movimiento obrero argentino. Mientras algunas empresas imaginan negociaciones por actividad y otras prefieren discutir por unidad productiva, los gremios ya avisaron que podrían responder con medidas de fuerza, porque en la Argentina toda reforma laboral nace con una cautelar bajo el brazo y un paro general mirando desde la esquina.
Federico Sturzenegger celebró los cambios con una frase de manual político: «fomentar la libertad sindical y defender el trabajo formal. Representación sindical sí, monopolios eternos no». Del otro lado, los sindicatos hablan de “una pérdida de derechos”. Entre esas dos frases se jugará buena parte de la pulseada: modernización o precarización, libertad o fragmentación, reforma o demolición controlada. El telón recién se levanta, pero el elenco ya entró a escena con casco, expediente y una predisposición al consenso que, por ahora, parece tan delicada como un convenio en letra chica.