El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, habló este lunes después de ser condenado a dos años y nueve meses de prisión en la causa Sueños Compartidos, vinculada con el presunto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales.
Tras conocerse la sentencia, Schoklender rechazó las acusaciones y aseguró que “está totalmente probado que no se cometió ningún delito”. “No se desvió un p… fondo”, enfatizó.
Las críticas de Schoklender tras la condena
En declaraciones realizadas en las afueras de Comodoro Py, el exapoderado sostuvo que los jueces “no se animaron después de 15 años a reconocer el disparate que habían hecho y que comenzó con Oyarbide”.
Según su interpretación, lo que hicieron los magistrados “es poner una pena simbólica y tirarle todo el tema a la Cámara y a la Corte Suprema”.
Schoklender también fue consultado por la absolución del exministro de Planificación Federal Julio De Vido. “Qué se yo por qué De Vido resultó absuelto”, respondió.
Además, lanzó fuertes cuestionamientos contra el Poder Judicial: “Este edificio (en referencia a Comodoro Py) es la muestra palpable de lo podrido, destruido y degradado que está todo el sistema judicial argentino”.
“No se desvió un p… fondo de Sueños Compartidos”, aseguró Schoklender y confirmó que existen “muchas casas que no se terminaron”, aunque sostuvo que esos proyectos fueron planificados después de su salida de la Fundación.
Las penas quedaron por debajo de lo pedido por la fiscalía
El fiscal federal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF) habían solicitado que los nueve acusados fueran condenados por administración fraudulenta agravada contra la administración pública.
Para Sergio y Pablo Schoklender, Julio De Vido, José López y el exfuncionario Abel Fatala, la acusación había reclamado seis años de prisión.
Finalmente, las condenas conocidas este lunes quedaron por debajo de las penas solicitadas por la fiscalía. Los fundamentos de la sentencia serán conocidos el 13 de noviembre.
Qué investigó la causa Sueños Compartidos
La causa investigó el recorrido del dinero que el gobierno de Cristina Kirchner envió entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.
Durante ese período se giraron cerca de $900 millones para el programa Sueños Compartidos.
Según la investigación, parte de esos fondos habría terminado en empresas vinculadas con los hermanos Schoklender, quienes se desempeñaban como apoderados del programa.
El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, cuestionó el fallo que lo condenó a dos años y nueve meses de prisión en la causa Sueños Compartidos. Tras conocerse la sentencia, sostuvo que no hubo desvío de fondos y criticó al sistema judicial. Los fundamentos del fallo serán difundidos el 13 de noviembre.
Sergio Schoklender salió de Comodoro Py con una condena de dos años y nueve meses y una evaluación del Poder Judicial que difícilmente vaya a terminar impresa en el folleto institucional del edificio. Después de 15 años de expediente, sostuvo que no existió delito, negó cualquier desvío de fondos y aseguró que los jueces optaron por una pena simbólica para trasladar el problema hacia instancias superiores. Una especie de pase judicial hacia adelante, pero sin botines ni VAR que permitan revisar la jugada en treinta segundos.
La causa Sueños Compartidos investigó el destino de unos $900 millones enviados entre 2008 y 2011 para construir viviendas sociales. El expediente terminó convirtiéndose en una de esas producciones argentinas de larga duración donde cambian gobiernos, funcionarios, jueces y calendarios, mientras la carpeta judicial conserva una admirable resistencia al paso del tiempo.
Schoklender también reconoció que quedaron viviendas sin terminar, aunque afirmó que correspondían a proyectos planificados después de su salida de la Fundación. Sobre la absolución de Julio De Vido tampoco ofreció demasiadas pistas: “Qué se yo por qué De Vido resultó absuelto”. Una respuesta de notable economía discursiva para una causa donde prácticamente nada fue breve.
La fiscalía y la UIF habían solicitado seis años de prisión para varios de los acusados, pero las penas finalmente dictadas quedaron por debajo de esos pedidos. Ahora quedará conocer los fundamentos en noviembre y, eventualmente, recorrer las instancias de apelación. Después de década y media, el expediente todavía parece disponer de combustible suficiente para seguir circulando por tribunales, demostrando que algunas obras pueden quedar inconclusas mientras ciertos procesos judiciales parecen construidos directamente sin fecha de finalización.