Las repercusiones por las explicaciones patrimoniales brindadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúan escalando en el ámbito político. Luego de que el funcionario presentara una serie de declaraciones juradas rectificativas para justificar bienes y fondos incorporados a su patrimonio, el senador nacional por San Juan, Sergio Uñac, lanzó una dura crítica y reclamó públicamente su renuncia.
El legislador cuestionó la magnitud de los montos involucrados y apuntó contra lo que consideró una normalización de conductas incompatibles con la responsabilidad institucional de uno de los principales funcionarios del Gobierno nacional.
La crítica de Uñac y el pedido de renuncia
A través de sus canales oficiales, Uñac ironizó sobre las rectificaciones patrimoniales realizadas por Adorni y sostuvo que resulta inadmisible presentar como un simple error administrativo cifras que, entre activos, deudas y gastos observados, rondan los 800 mil dólares.
El senador también cuestionó las explicaciones ofrecidas por el funcionario en televisión y consideró que la situación afecta la credibilidad institucional del Gobierno. En ese marco, reclamó que Adorni deje su cargo al frente de la Jefatura de Gabinete.
Además, vinculó el episodio con el discurso político impulsado por la administración de Javier Milei desde el inicio de su gestión. Según planteó, existe una contradicción entre las promesas de combatir los privilegios y las justificaciones brindadas respecto de fondos que permanecieron durante años fuera de los registros fiscales.
Los números que analiza la Justicia
La polémica se profundizó tras conocerse detalles de la documentación presentada por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Según trascendió, un equipo de profesionales trabajó en la confección y corrección de declaraciones juradas, además de presentaciones vinculadas con IVA, Ganancias y Bienes Personales correspondientes a distintos períodos fiscales.
Entre los datos que forman parte de la investigación judicial figuran USD 506.000 incorporados en las rectificaciones patrimoniales, gastos y refacciones acreditadas por más de USD 408.000 y deudas declaradas por alrededor de USD 335.000.
También quedaron bajo observación consumos con tarjetas de crédito que, de acuerdo con los informes incorporados al expediente, habrían superado ampliamente los ingresos salariales oficiales declarados durante determinados períodos.
En una entrevista televisiva, Adorni reconoció el impacto político que tuvo el caso dentro del propio oficialismo y reveló: «Al principio pensé en renunciar, fue el primer impulso». Sin embargo, explicó que decidió continuar en funciones tras recibir respaldo del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La estrategia de defensa y el avance de la investigación
La principal línea argumental del jefe de Gabinete consiste en sostener que los fondos cuestionados fueron obtenidos antes de su ingreso a la función pública nacional en diciembre de 2023. Según explicó, una parte significativa de esos recursos proviene de operaciones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018.
Desde el punto de vista judicial, esa explicación busca demostrar que los bienes investigados no se originaron durante el ejercicio de cargos públicos. La discusión se concentra ahora en determinar si existe documentación suficiente para acreditar la procedencia y trazabilidad de esos fondos.
Por ese motivo, la Justicia federal analiza información financiera y procura reconstruir los movimientos vinculados con las criptomonedas declaradas. El objetivo es verificar si las operaciones mencionadas por el funcionario efectivamente ocurrieron en las fechas informadas y si los ingresos pueden ser corroborados mediante registros y documentación complementaria.
Mientras el oficialismo insiste en que el caso se limita a cuestiones tributarias ya regularizadas o en proceso de regularización, sectores de la oposición sostienen que aún existen numerosos interrogantes abiertos. La investigación judicial continúa y será la encargada de determinar si las explicaciones aportadas resultan suficientes para cerrar definitivamente la controversia.
