Las personas incluidas en el Registro Público de Alimentantes Morosos tendrán una nueva restricción en la Ciudad de Buenos Aires. La Legislatura porteña aprobó una ley que les impedirá acceder y realizar operaciones en plataformas de juegos de azar y apuestas en línea autorizadas.
La norma fue impulsada por el diputado Leandro Santoro, de Fuerza por Buenos Aires, y establece que los operadores deberán verificar en tiempo real, antes de cualquier transacción, si la persona que pretende jugar o apostar figura en el registro de deudores alimentarios.
Además, la legislación contempla sanciones específicas para las empresas que incumplan con este procedimiento de control.
Qué operaciones quedarán prohibidas
La iniciativa incorpora un nuevo artículo, el 17 bis, a la Ley N° 269, que regula el Registro Público de Alimentantes Morosos.
A partir de la nueva normativa, toda persona inscripta en ese registro tendrá prohibido abrir o mantener cuentas activas, realizar depósitos, efectuar apuestas o retirar fondos en plataformas de juego o apuestas por internet habilitadas en la Ciudad de Buenos Aires.
La restricción alcanzará tanto a los juegos de azar como a los de destreza y a cualquier otra modalidad administrada por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (LOTBA S.E.).
Control automático antes de habilitar usuarios
Uno de los puntos centrales de la norma establece una nueva obligación para las empresas que explotan estos servicios: antes de habilitar a cualquier usuario deberán consultar de manera automatizada si la persona figura en el Registro Público de Alimentantes Morosos.
Si la consulta resulta positiva, la plataforma no podrá habilitar la cuenta ni permitir operaciones.
En caso de que una persona ya registrada como usuario pase posteriormente a integrar el listado de alimentantes morosos, la empresa deberá suspender inmediatamente la cuenta e informar al mismo tiempo al Registro Público de Alimentantes Morosos y al órgano judicial interviniente.
La nueva legislación amplía de esta manera las restricciones vigentes para quienes mantienen deudas alimentarias y suma a las plataformas de apuestas online dentro de los mecanismos de control previstos por la Ciudad de Buenos Aires.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una ley que impide a las personas incluidas en el Registro Público de Alimentantes Morosos abrir cuentas o realizar operaciones en plataformas de juegos de azar y apuestas online. La norma obliga además a las empresas autorizadas a verificar en tiempo real la situación de cada usuario antes de habilitar transacciones.
La Ciudad de Buenos Aires decidió incorporar una nueva regla al ya extenso manual de consecuencias para quienes no cumplen con sus obligaciones alimentarias: si figurás en el registro de morosos, tampoco podrás intentar recuperar la situación económica apostando a que un delantero marque en el minuto 87. La Legislatura aprobó una norma que directamente bloquea el acceso a plataformas de apuestas online autorizadas en territorio porteño.
El mecanismo no deja demasiado margen para la creatividad administrativa. Antes de habilitar una cuenta o permitir cualquier operación, las empresas deberán consultar automáticamente si el usuario aparece en el Registro Público de Alimentantes Morosos. Si aparece, se terminó la función antes de que empiece: no habrá depósitos, apuestas, retiros ni esa ceremonia contemporánea de mirar una pantalla esperando que un resultado deportivo resuelva problemas financieros que claramente requieren otro abordaje.
La restricción también alcanza a quienes ya tengan cuentas activas. Si una plataforma detecta que un usuario ingresó posteriormente al registro, deberá suspenderlo de inmediato e informar tanto al organismo correspondiente como al juzgado interviniente. En otras palabras, el sistema apuesta a que la tecnología consiga verificar en segundos algo que durante años dependió de expedientes, notificaciones y paciencia judicial.
La medida suma así una nueva presión sobre los deudores alimentarios y pone a las empresas de juego en un rol de fiscalización que difícilmente figuraba en sus campañas publicitarias. La lógica de la ley es bastante directa: antes de arriesgar dinero en una plataforma, primero deben estar cubiertas las obligaciones alimentarias. Una prioridad que, para variar, no depende de la suerte.