El Gobierno de Mendoza cesanteó a un empleado estatal luego de que un sumario administrativo iniciado por faltas injustificadas permitiera comprobar que el agente se encontraba privado de la libertad en el Complejo Penitenciario Almafuerte.
La medida fue formalizada mediante el decreto Nº 1628, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y alcanzó a Juan Eduardo Araujo Ortubia, quien tenía un cargo dentro de la Subsecretaría de Transporte.
El agente prestaba funciones en el Departamento de Semáforos y había quedado bajo investigación administrativa después de registrar ocho inasistencias injustificadas durante julio de 2022.
El sumario comenzó por las faltas
En septiembre de 2022, la ex Secretaría de Servicios Públicos ordenó la apertura de un sumario administrativo para determinar los motivos de las ausencias.
Durante esas actuaciones, la Oficina de Personal tomó conocimiento de que Araujo Ortubia se encontraba privado de la libertad a raíz de un procedimiento penal.
En ese momento, las autoridades no conocían con precisión cuál era su situación procesal, aunque posteriormente confirmaron que estaba alojado en el penal de Almafuerte.
Ante esa situación, el Gobierno provincial resolvió suspender el pago de sus haberes mientras continuaba la investigación.
La condena que cambió el expediente
Con el avance del sumario se constató que el Juzgado Penal Colegiado N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza había condenado al agente.
Araujo Ortubia recibió una pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo por portación ilegal de arma de fuego de uso civil.
Tras incorporar ese antecedente, las autoridades ampliaron el sumario administrativo que originalmente se había iniciado únicamente por las faltas injustificadas.
El expediente penal pasó entonces a formar parte del análisis utilizado para definir la continuidad del empleado dentro de la Administración Pública provincial.
El Gobierno resolvió su cesantía
Finalmente, el Ejecutivo mendocino decidió aplicar la sanción de cesantía y apartar definitivamente al agente de su cargo.
El decreto fundamentó la decisión en la existencia de una condena penal vinculada con una conducta dolosa y en el impacto que esa situación podía tener sobre la imagen institucional del Estado.
“La motivación de la sanción de cesantía por la condena penal recaída por un hecho delictivo, tiene fundamento en las particularidades del caso, toda vez que implica la comisión de una conducta delictiva dolosa por parte de un agente estatal y que afecta la imagen de la Administración y, en consecuencia, resultan suficientes para una sanción de cesantía”, expresaron el decreto oficializado este jueves.
De esta manera, el Gobierno provincial cerró administrativamente un proceso iniciado cuatro años antes por inasistencias laborales y que posteriormente quedó atravesado por la condena penal del empleado.
