La Cámara de Diputados de San Juan convirtió en ley el proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial que crea el Sistema Único de Gestión de Trámites para Habilitaciones Comerciales, Industriales y de Servicios. La iniciativa fue aprobada con 32 votos afirmativos y apunta a reducir la burocracia, acelerar los tiempos administrativos y descentralizar parte del proceso mediante la intervención de profesionales habilitados.
Durante el debate, la diputada informante María Rita Lascano, junto a los diputados Federico Rizo y Mario Herrero, defendieron la propuesta y destacaron su impacto sobre la actividad económica provincial.
«Este proyecto nace para satisfacer dos necesidades que venía expresando el sector productivo de la provincia: desburocratizar los procedimientos e incentivar la inversión privada mediante una plataforma digital denominada Digital San Juan», sostuvo Lascano durante la sesión.
Dos regímenes según la complejidad de la actividad
La legisladora explicó que el régimen simplificado alcanzará a establecimientos de hasta 300 metros cuadrados. En esos casos, la certificación de un profesional habilitado reemplazará cinco certificados que hasta ahora debían tramitarse por separado, con el objetivo de reducir tiempos y facilitar la apertura de nuevos comercios.
«A través de la certificación de un profesional habilitado se reemplazarán cinco certificados que anteriormente se gestionaban por separado, lo que permitirá reducir tiempos y facilitar la apertura de comercios», afirmó.
Para las actividades de mayor complejidad —como establecimientos sanitarios, industrias, espacios de gran concurrencia, instituciones educativas o comercios que manipulen sustancias inflamables— la ley establece un régimen general agilizado, orientado también a acelerar los procedimientos administrativos sin modificar los controles correspondientes.
El rol de los municipios y los plazos administrativos
La norma mantiene la competencia constitucional de los municipios para otorgar las habilitaciones comerciales, aunque concentra en un único sistema los trámites provinciales que forman parte de ese proceso.
«Este proyecto no debe verse como una intromisión en las competencias municipales, sino como una herramienta de coordinación, modernización y acompañamiento. Simplificar trámites no significa relajar controles, sino controlar mejor, con reglas claras y procedimientos transparentes», expresó el diputado Federico Rizo.
Además, la ley fija un plazo máximo de 30 días para que el Ejecutivo provincial resuelva los expedientes vinculados con habilitaciones. Si ese período se supera, comenzará a regir el mecanismo de silencio administrativo positivo, que permitirá avanzar con el trámite cuando la administración no se expida dentro del tiempo establecido.
La normativa también invita a los municipios sanjuaninos a adherirse al nuevo sistema para unificar criterios y agilizar los procedimientos que actualmente requieren la intervención de distintos organismos provinciales.
Durante el cierre del debate, el diputado Mario Herrero afirmó: «Este nuevo régimen pretende aportar mayor eficacia y simplificación a un trámite histórico que muchas veces resultó complejo para quienes buscan abrir o mantener un comercio. La adhesión de los municipios permitirá resolver un problema recurrente y mejorar el funcionamiento del sistema». Con la aprobación en general y en particular, el proyecto quedó convertido en ley.
Qué cambia con la nueva ley
La legislación crea el Sistema Único de Gestión de Trámites para Habilitaciones Comerciales, Industriales y de Servicios, una herramienta destinada a concentrar y agilizar los procedimientos necesarios para obtener habilitaciones comerciales, industriales y de servicios en la provincia.
Entre los principales cambios se encuentran la implementación de un régimen simplificado para establecimientos de hasta 300 metros cuadrados, la posibilidad de que profesionales habilitados emitan certificaciones técnicas que reemplacen varios trámites provinciales, un régimen agilizado para actividades de mayor complejidad, el establecimiento de un plazo máximo de 30 días para resolver los expedientes y la invitación a los municipios a adherirse al sistema para coordinar y simplificar los procedimientos administrativos.
