La Justicia Federal homologó las condenas contra una organización que emitía documentos nacionales de identidad con datos de personas reales, pero con fotografías y huellas dactilares de terceros, para concretar estafas mediante créditos y la adquisición de bienes que luego eran comercializados.
Entre las personas condenadas se encuentra Natalia Lorena Castillo, extitular de la delegación Pocito de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de San Juan, quien recibió una pena de 4 años y 8 meses de prisión, multa e inhabilitación especial por cuatro años para ejercer cargos públicos.
Las condenas fueron homologadas por el juez con funciones de revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Juan Ignacio Pérez Cursi, en audiencias realizadas los días 7 y 14 de mayo. La investigación determinó que el perjuicio económico provocado por las maniobras ascendió a $142.686.278,20.
DNI auténticos con datos biométricos de otras personas
La causa estableció que la organización operó entre el 27 de agosto de 2024 y mediados de 2025. El esquema consistía en identificar víctimas, reclutar personas que aportaban sus datos biométricos y tramitar nuevos ejemplares de DNI utilizando información filiatoria auténtica, pero incorporando fotografías y huellas dactilares ajenas.
De esa manera, los documentos eran materialmente auténticos, ya que provenían de un organismo oficial, aunque contenían información biométrica que no correspondía a sus verdaderos titulares. Con esos DNI, la organización solicitaba préstamos y realizaba compras, principalmente de electrodomésticos, que posteriormente eran vendidos en el mercado informal.
Según la investigación, Castillo aprovechó su condición de funcionaria pública y el uso de claves de acceso al sistema del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para facilitar el ingreso de integrantes de la organización en horarios determinados y eludir controles internos.
Además, intervino en 23 trámites irregulares de DNI. Durante un allanamiento realizado en su domicilio, las autoridades secuestraron 197 documentos nacionales de identidad auténticos, circunstancia por la que también fue condenada por tenencia ilegítima de documentación oficial y violación de los deberes de funcionaria pública.
La denuncia que permitió descubrir la maniobra
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada el 19 de diciembre de 2024 por una persona residente en la provincia de Buenos Aires. El denunciante advirtió que habían utilizado un DNI a su nombre para gestionar préstamos y realizar operaciones comerciales, aunque la fotografía y las huellas dactilares que figuraban en el documento pertenecían a otra persona.
Las primeras medidas investigativas permitieron vincular las maniobras con la sede del Registro Civil de Pocito y detectar la posible participación de personal del organismo en la emisión irregular de documentación oficial.
Ese caso derivó en allanamientos y en el secuestro de pruebas documentales y digitales. La investigación penal fue formalizada el 2 de julio de 2025 y permitió reconstruir la estructura de la organización, sus roles y la utilización de los documentos para concretar estafas.
Si bien los controles del RENAPER detectaron inconsistencias y bloquearon 18 trámites, la organización logró concretar al menos cinco emisiones de documentos que luego fueron utilizados para solicitar créditos y efectuar compras presenciales y virtuales.
Las condenas y la reparación a las víctimas
Además de Castillo, Rolando Javier Navarro Saide, señalado como jefe de la organización, fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión. En tanto, Rodrigo Javier Navarro Pozo, Matías Martín Martínez Villalba y Marcelo Omar Cardozo recibieron penas de 3 años y 10 meses de prisión como integrantes de la asociación ilícita.
Un sexto imputado, Marcos Esteban Vallejo, que no integraba la estructura de la organización, fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional por hechos vinculados con el uso de DNI verdaderos con datos falsos en operaciones de estafa.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Fernando Alcaraz y de la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez, integrantes del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de San Juan.
Durante los allanamientos realizados en junio y septiembre de 2025 se secuestraron vehículos y electrodomésticos adquiridos mediante las maniobras investigadas. En el marco de los acuerdos homologados, se dispuso que los bienes decomisados sean destinados a la reparación económica de las víctimas y que los elementos recuperados sean restituidos a las firmas comerciales damnificadas.
