El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó que la provincia volverá a utilizar los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos popularmente como «Chachos», como herramienta para afrontar futuros incrementos salariales de los trabajadores estatales.
La medida fue anunciada en medio de las dificultades financieras que atraviesa la administración provincial y del reclamo por la disminución de recursos nacionales. Según anticipó el mandatario, los bonos podrían comenzar a utilizarse con los haberes correspondientes a julio, que se percibirán en agosto.
Quintela aclaró que la cuasimoneda no será utilizada para el pago del medio aguinaldo, que continuará abonándose en pesos. El alcance inicial del instrumento quedaría concentrado en eventuales recomposiciones salariales para los agentes de la administración pública provincial.
Qué son los Chachos y por qué vuelven a circular
Los Chachos son bonos provinciales cuya denominación oficial es BOCADE. El instrumento lleva el nombre de Ángel Vicente Peñaloza y ya había sido implementado por el Gobierno riojano durante 2024, cuando la Legislatura autorizó una emisión por $22.500 millones.
En aquella experiencia, los bonos circularon con equivalencia nominal respecto del peso y fueron utilizados para complementar pagos vinculados al sector público y dinamizar operaciones dentro de la economía provincial. Su aceptación alcanzó principalmente a comercios adheridos y obligaciones provinciales.
La decisión de reactivar la herramienta responde a la necesidad del Ejecutivo riojano de disponer de liquidez para sostener los ingresos de los trabajadores estatales, en un escenario de presión sobre las cuentas públicas y restricciones presupuestarias.
Al no tratarse de moneda de curso legal nacional, los bonos tienen una capacidad de circulación más limitada que el peso. Su funcionamiento cotidiano dependerá de la aceptación que alcancen en comercios y servicios, así como de los mecanismos que disponga la Provincia para recibirlos o canjearlos.
El impacto posible sobre salarios y consumo
Para los empleados públicos, el regreso de los Chachos introduce un punto central de análisis: aunque el instrumento pueda representar una mejora nominal en sus ingresos, su utilidad efectiva estará vinculada a la posibilidad de emplearlo para afrontar gastos habituales.
Los bonos podrían ser aceptados para compras en comercios locales adheridos y para el pago de obligaciones provinciales, de acuerdo con el esquema que finalmente instrumente el Gobierno. Sin embargo, consumos bancarizados, servicios digitales, compras fuera de La Rioja, alquileres o pagos a proveedores que operan exclusivamente en pesos podrían exigir una conversión previa.
Ese escenario plantea el riesgo de que aparezca una cotización informal inferior al valor nominal del bono si trabajadores o comerciantes necesitan obtener pesos de manera inmediata. En ese caso, una parte de la recomposición salarial podría perder poder adquisitivo al momento de ser utilizada fuera del circuito de aceptación provincial.
Para el comercio local, la principal preocupación estará asociada a la liquidez. Los negocios pueden recibir bonos por sus ventas, pero una parte de sus obligaciones —como reposición de mercadería, pagos a proveedores nacionales, servicios o compromisos bancarios— se realiza en pesos. La capacidad de conversión y la aceptación sostenida del instrumento serán determinantes para evitar distorsiones en precios o recargos.
La discusión económica detrás de la cuasimoneda
El regreso de los BOCADE reabre el debate sobre las herramientas financieras que pueden utilizar las provincias ante situaciones de restricción fiscal. Para el Ejecutivo riojano, los bonos representan una alternativa destinada a proteger el poder adquisitivo y sostener el consumo interno sin disponer de facultades para emitir moneda nacional.
La eficacia del esquema dependerá de las condiciones concretas de la nueva emisión, de su respaldo, de las posibilidades de utilización y del grado de confianza que logre construir entre empleados públicos, comerciantes y proveedores.
La decisión también expone el delicado equilibrio que enfrenta La Rioja: procurar una mejora salarial en un contexto de recursos limitados, sin que el instrumento utilizado termine generando una pérdida adicional para quienes lo reciban como parte de sus ingresos.
