El Gobierno nacional ultima los detalles de una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina que será presentada por el presidente Javier Milei y posteriormente enviada al Congreso.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que la modificación “es un tema fundamental para este Gobierno porque el principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación. Estos cambios en la Carta Orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo”.
La versión definitiva del proyecto es elaborada con la participación de Milei, el Ministerio de Economía, el Banco Central y el Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger.
Los principales objetivos serán restringir la capacidad del Banco Central para financiar al Tesoro, otorgarle mayor independencia para adoptar decisiones y recuperar el mandato único de “preservar el valor de la moneda”.
El fin de los adelantos al Tesoro
Uno de los puntos centrales de la iniciativa será la eliminación total del financiamiento monetario al Tesoro. Para avanzar en esa dirección, el Ejecutivo propone derogar el mecanismo de adelantos transitorios mediante el cual el Banco Central puede transferir fondos al Gobierno nacional para cubrir necesidades fiscales.
Antes de la reforma aprobada en 2012, esos adelantos se concedían por un plazo de 12 meses y no podían superar el 12% de la base monetaria. A ese monto podía añadirse otro equivalente al 10% de los recursos obtenidos por el Gobierno nacional durante los doce meses anteriores.
La modificación impulsada durante el kirchnerismo amplió esos límites al incorporar, con “carácter excepcional”, otro 10% de la recaudación del último año y establecer un plazo de devolución de 18 meses.
También se eliminó la asignación específica de determinados fondos para cancelar obligaciones con organismos multilaterales, lo que permitió al Poder Ejecutivo utilizarlos con otros destinos. La propuesta de Milei apunta a derogar por completo la posibilidad de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria.
La reforma también impedirá que las utilidades contables obtenidas por el Banco Central sean transferidas al Tesoro. Ese mecanismo permite girar en pesos los resultados derivados de la revaluación de los activos en moneda extranjera luego de una devaluación.
El nuevo esquema establece que esos resultados deberán permanecer inmovilizados como una reserva técnica y solo podrán ser utilizados si el país atraviesa un escenario de deflación.
Una única misión para el Banco Central
En relación con las funciones de la autoridad monetaria, el proyecto establecerá un mandato exclusivo: preservar el valor de la moneda.
De esta manera, quedaría eliminado el objetivo múltiple incorporado en 2012, que también incluye la estabilidad financiera, la promoción del empleo y el desarrollo económico con equidad social. La propuesta oficial busca que la lucha contra la inflación sea la única misión institucional del organismo.
Otro de los cambios será la eliminación de las Letras Intransferibles, instrumentos entregados por el Tesoro al Banco Central a cambio de reservas internacionales.
Debido a que no pueden comercializarse en el mercado, esas letras carecen de un valor comercial efectivo. Su utilización se consolidó desde 2006 y permitió que diferentes gobiernos recurrieran a reservas del Banco Central para cancelar deuda denominada en dólares.
Mayor autonomía y penas por emisión sin respaldo
La iniciativa endurecerá además los requisitos y procedimientos necesarios para remover al presidente y a los directores del Banco Central. El objetivo será incrementar la independencia institucional del organismo respecto del Poder Ejecutivo.
La propuesta apunta a evitar que las autoridades de la entidad puedan ser desplazadas mediante un simple decreto y pretende otorgarles una mayor estabilidad para tomar decisiones de política monetaria.
Desde el Gobierno también anticiparon que el proyecto contemplará penas de prisión para los funcionarios que autoricen la emisión monetaria sin respaldo. Las sanciones podrían alcanzar a integrantes del directorio del Banco Central, miembros del Poder Ejecutivo y legisladores.
En caso de ser aprobada por el Congreso, la reforma modificará la estructura legal y operativa del sistema monetario argentino, limitará las herramientas disponibles para financiar al Estado y establecerá un marco de mayor autonomía para el Banco Central.
