El gobierno de Javier Milei logró destrabar su agenda en la Cámara de Diputados y consiguió la sanción de la ley que avala el pago de u$s171 millones a los últimos holdouts vinculados a los bonos en default desde 2001. La medida tiene implicancias relevantes para la estrategia económica del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y representa además un resultado político favorable para la administración libertaria.
La iniciativa ya había obtenido media sanción en el Senado el pasado 4 de junio y fue convertida en ley por la Cámara baja con 139 votos afirmativos y 97 negativos. El Gobierno considera que el acuerdo permite cerrar un conflicto judicial de larga data derivado de la deuda externa argentina, ya que involucra a los últimos dos fondos que permanecían fuera de las reestructuraciones anteriores y mantenían litigios abiertos contra el país.
Qué establece la ley aprobada por Diputados
El proyecto ratifica el acuerdo firmado el 1 de abril y presentado ante la jueza de Nueva York, Loretta Preska. En ese entendimiento, la Argentina se compromete a pagar u$s67 millones a Bainbridge Ltd. y u$s104 millones al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
Según los fundamentos de la iniciativa, el acuerdo contempla «una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes» y permitirá «cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York».
Una vez concretado el pago, los acreedores entregarán los bonos involucrados en el acuerdo y la Argentina procederá a su cancelación definitiva. De esta manera, el litigio quedará formalmente cerrado.
Los títulos en cuestión fueron emitidos durante la década de 1990 y quedaron alcanzados por el default declarado tras la crisis de 2001-2002. Mientras una gran parte de los acreedores aceptó los canjes impulsados en 2005, 2010 y 2016, Bainbridge y Attestor optaron por mantenerse fuera de esos procesos y continuar las acciones judiciales contra el Estado argentino.
Por qué es una ley clave para la estrategia de Caputo
Aunque el acuerdo ya había sido firmado por las partes, el Poder Ejecutivo buscó otorgarle mayor solidez jurídica mediante una ley. La aprobación era además una condición relevante para cumplir con los plazos pactados con los acreedores, que habían sido prorrogados en varias oportunidades.
Uno de los aspectos más valorados por el Ministerio de Economía es que la negociación permitió congelar medidas de ejecución que seguían vigentes en Estados Unidos. Durante el debate parlamentario, el diputado libertario Bertie Benegas Lynch señaló que Bainbridge había apuntado contra activos como las acciones del Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y YPF.
El acuerdo establece que las partes suspenderán los litigios vinculados a bonos emitidos antes del 1 de enero de 2002 y se comprometerán a no iniciar nuevas acciones judiciales sobre esos títulos.
Además, los acreedores aceptaron no realizar acciones que puedan dificultar, demorar u obstaculizar futuras operaciones de financiamiento, refinanciación, gestión de pasivos o canjes de deuda que impulse la Argentina. Este punto es considerado especialmente relevante para la estrategia financiera de Caputo.
La aprobación también llega en un contexto sensible para el Gobierno luego de que MSCI decidiera mantener a la Argentina dentro de la categoría «standalone», la más baja de su clasificación, situación que limita el atractivo de los activos locales para determinados inversores internacionales.
Un debate atravesado por la disputa política
La discusión parlamentaria reflejó las diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre la historia reciente de la deuda argentina. Desde La Libertad Avanza buscaron presentar la aprobación como un paso decisivo para cerrar un conflicto heredado durante décadas.
Benegas Lynch destacó durante su exposición «las condiciones que se negociaron», entre ellas la quita superior al 30%, la exención de honorarios legales y el compromiso de los acreedores de no impulsar nuevas acciones judiciales contra activos argentinos.
Desde Unión por la Patria, en cambio, las críticas apuntaron al origen del endeudamiento y al rol de distintos funcionarios que integraron gobiernos anteriores. El diputado Itaí Hagman afirmó: «Hoy gobierna la Argentina el mismo liberalismo oligárquico que endeudó al país y lo llevó a sucesivas crisis de deuda».
Por su parte, Vanesa Siley recordó la participación de funcionarios actuales en la administración de la Alianza y sostuvo: «Esto es importante remarcarlo porque si no no se sabe quién tomó la deuda que hoy se pretende saldar y parece ser que fue el espíritu santo». También reivindicó la reestructuración realizada en 2005 y aseguró: «Los peronistas pagamos y los kirchneristas, además, negociamos bien».
