El Gobierno nacional y las universidades públicas alcanzaron un principio de acuerdo para avanzar con una actualización de las partidas destinadas al sistema universitario, que contempla una recomposición salarial del 24,3% para docentes y no docentes, además de incrementos en becas, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.
Sin embargo, la negociación no llegó a concretarse por una condición planteada por el Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que reclama la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario y que actualmente aguarda una definición de la Corte Suprema.
El encuentro se realizó el lunes 1 de junio en un ámbito reservado y contó con la participación del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y rectores que representaron al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La reunión buscaba destrabar el conflicto presupuestario que impulsó la última Marcha Federal Universitaria.
La propuesta salarial y presupuestaria del Gobierno
La oferta del Ejecutivo incluyó una recomposición salarial del 24,3%, destinada a contemplar la pérdida del poder adquisitivo correspondiente a parte de 2024, la totalidad de 2025 y el desfasaje acumulado durante 2026 hasta mayo.
De acuerdo con la propuesta, el aumento se aplicaría en dos etapas: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre. Además, se conformaría una comisión técnica para abordar el período adeudado de 2024 y se garantizarían negociaciones paritarias cada tres meses hacia adelante.
El paquete presentado por el Gobierno también contempló un incremento del 50% para las becas Manuel Belgrano, una suba del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50.000 millones para atender gastos de hospitales universitarios.
En paralelo, las casas de estudio aguardan una convocatoria oficial para discutir el nuevo criterio de distribución de una partida superior a $79.000 millones destinada a los hospitales universitarios. El congelamiento de esos recursos había generado reclamos y advertencias sobre posibles dificultades para sostener la atención en esos establecimientos.
La demanda judicial que bloqueó el acuerdo
Desde la comunidad universitaria señalaron que la propuesta económica del Ejecutivo fue considerada “razonable”. No obstante, las conversaciones se interrumpieron cuando el Gobierno condicionó el entendimiento al retiro de la demanda judicial iniciada para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso.
La norma establece actualizaciones en salarios y becas en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según los datos expuestos en la negociación, su cumplimiento demandaría una cifra cercana a los $2,5 billones, un monto que el Ejecutivo considera incompatible con su objetivo de sostener el superávit fiscal.
Para las universidades, la presentación judicial constituye un resguardo que no están dispuestas a abandonar mientras no exista una solución firme al conflicto presupuestario. Además, plantearon que no existe consenso dentro de la comunidad universitaria para desistir de esa instancia.
“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, sostuvieron rectores universitarios.
El CIN mantiene su postura y continúa la tensión
El Consejo Interuniversitario Nacional, conducido por Franco Bartolacci, mantiene la decisión de no retroceder en el reclamo judicial, al considerar que hacerlo podría comprometer el respaldo de la comunidad universitaria y dejar sin garantía la aplicación de los recursos reclamados.
Desde el sector también cuestionaron que la exigencia del Ejecutivo “lleve a todos a un conflicto sin solución”, pese a que ambas partes reconocen que existen condiciones para continuar las conversaciones.
El escenario quedó abierto a nuevas negociaciones, aunque con posiciones enfrentadas sobre el punto central de la disputa: el Gobierno exige el retiro de la demanda para avanzar con la propuesta presupuestaria, mientras las universidades consideran que esa acción judicial debe mantenerse como garantía hasta que los compromisos de financiamiento sean efectivamente cumplidos.
