El Gobierno podría volver a modificar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada antes de su tratamiento en el Senado, previsto para el jueves 6 de agosto. El cambio surgiría como parte de las negociaciones destinadas a reunir los votos que el oficialismo no habría conseguido en intentos anteriores.
La discusión se concentraría en uno de los capítulos más controvertidos de la iniciativa: la reforma de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, que regula la propiedad y posesión de campos argentinos por parte de personas y empresas extranjeras.
La propuesta original del Poder Ejecutivo habría buscado eliminar las principales restricciones vigentes. Sin embargo, ante la falta de respaldo legislativo, La Libertad Avanza podría haber optado por una fórmula intermedia: mantener un límite general, pero elevarlo del 15% al 25%.
De aprobarse esa redacción, las personas y empresas extranjeras podrían adquirir hasta una cuarta parte de las tierras rurales de cada provincia. La legislación actualmente vigente establece un máximo del 15%.
Un nuevo límite para reunir votos
La última redacción habría sido enviada por el oficialismo a bloques aliados como parte de las conversaciones previas a la sesión. Según el borrador difundido, quedaría prohibida la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros una vez superado el 25% del territorio rural de cada provincia.
La modificación representaría una marcha atrás frente al planteo inicial atribuido al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien habría impulsado la eliminación del límite general.
Al mismo tiempo, supondría una flexibilización considerable respecto de la norma vigente. Pasar del 15% al 25% ampliaría en dos tercios el margen actual, por lo que no se trataría de una corrección menor.
La elección del nuevo porcentaje también abriría interrogantes. Hasta el momento, según la información difundida, no se habría presentado públicamente un estudio técnico que explicara por qué el límite adecuado debería establecerse exactamente en el 25%.
Qué establece actualmente la Ley de Tierras
La Ley 26.737, sancionada en 2011, fija distintos límites para la propiedad extranjera de tierras rurales. Mientras su vigencia se mantuviera, ninguna modificación podría aplicarse sin la aprobación correspondiente o sin una decisión judicial que alterara el esquema actual.
Entre sus principales disposiciones, la normativa establece:
- Un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras en todo el territorio nacional.
- El mismo límite del 15% en cada provincia o división administrativa equivalente.
- Un tope por nacionalidad equivalente al 30% del cupo extranjero permitido.
- Un máximo de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo para un mismo titular extranjero, o su superficie equivalente en otras regiones.
- Restricciones especiales para campos con cuerpos de agua importantes o ubicados en zonas de seguridad fronteriza.
La ley fue derogada formalmente mediante el DNU 70/2023, aunque una medida cautelar habría restituido su vigencia. Mientras esa resolución judicial continuara activa, las restricciones originales seguirían aplicándose.
Por ese motivo, la reforma que llegara al Congreso podría definir no solamente un nuevo límite, sino también el marco futuro para operaciones de compra, venta y posesión de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.
Un proyecto con alcance más amplio
El expediente se denomina Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero sus efectos podrían superar ampliamente la discusión sobre la compra de campos por extranjeros.
El texto enviado por el Poder Ejecutivo también incluiría modificaciones vinculadas con expropiaciones, desalojos y terrenos afectados por incendios. De aprobarse, esos cambios podrían alterar procedimientos judiciales y administrativos relacionados con la propiedad privada.
El proyecto buscaría reforzar la posición de los propietarios frente a expropiaciones estatales, agilizar determinados procesos de desalojo y modificar restricciones sobre el cambio de uso de tierras incendiadas.
Por eso, reducir el debate a una disputa entre “inversión” y “soberanía” podría dejar afuera una parte sustancial de la iniciativa. Sus consecuencias dependerían de la redacción final, de las reglamentaciones posteriores y de la forma en que los tribunales interpretaran las nuevas disposiciones.
El argumento económico del Gobierno
El Poder Ejecutivo sostendría que las restricciones actuales desalientan inversiones en sectores agropecuarios, forestales, turísticos, portuarios y productivos.
Sturzenegger habría estimado que una flexibilización podría atraer alrededor de 15.000 millones de dólares. Sin embargo, esa cifra sería una proyección oficial y no representaría inversiones ya comprometidas, contratos firmados ni desembolsos garantizados.
Según la visión del Gobierno, una mayor apertura permitiría que capitales extranjeros adquirieran tierras, desarrollaran proyectos y generaran actividad económica. De concretarse esas inversiones, podrían producirse efectos sobre el empleo, las exportaciones, la infraestructura y la recaudación.
Sin embargo, la compra de tierras no implicaría necesariamente una inversión productiva. Un propietario podría adquirir un campo para explotarlo, conservarlo como activo, revenderlo o utilizarlo con fines distintos de los anunciados inicialmente.
La reforma podría abrir entonces otro debate: si la ampliación del límite debería estar acompañada por obligaciones de producción, empleo, inversión efectiva o protección de recursos estratégicos.
Cómo podría afectar a los argentinos
El impacto sobre la población dependería del modo en que se aplicara la ley y del tipo de inversiones que llegaran. Una mayor participación de capitales extranjeros podría generar proyectos productivos, empleo registrado, infraestructura y nuevas cadenas de proveedores.
También podría aumentar la demanda de campos y presionar sobre el precio de la tierra. Ese escenario podría dificultar el acceso de pequeños y medianos productores si debieran competir con empresas de mayor capacidad financiera.
En algunas regiones, el cambio podría repercutir sobre el valor de los alquileres rurales, los costos productivos y la concentración de la propiedad. Si el precio de los campos aumentara, los productores que no fueran propietarios podrían enfrentar contratos más costosos.
Para las provincias, una mayor llegada de inversiones podría significar más actividad económica y recaudación. Sin embargo, esos beneficios dependerían de que los proyectos se concretaran, generaran empleo local y no se limitaran a la adquisición de activos.
La reforma también podría influir sobre el control de recursos naturales. En determinados campos podría haber agua dulce, minerales, bosques, accesos logísticos, zonas fronterizas o territorios próximos a ríos, lagos y áreas productivas estratégicas.
Por eso, el efecto para los argentinos no dependería solamente de cuántas hectáreas se vendieran, sino también de qué recursos contuvieran esas tierras, quién los administrara y qué controles conservara el Estado.
Agua, fronteras y recursos estratégicos
Los sectores que rechazaran la reforma podrían advertir que una superficie rural no representa únicamente una extensión de terreno. También puede incluir recursos naturales y posiciones geográficas de importancia económica o estratégica.
La ampliación del límite podría generar cuestionamientos especialmente en provincias con grandes reservas de agua, minerales, bosques nativos o extensas zonas fronterizas.
De aprobarse el nuevo porcentaje, el Congreso podría debatir si deberían mantenerse o reforzarse restricciones adicionales para áreas consideradas sensibles.
También podría discutirse si el control estatal debería concentrarse únicamente en la nacionalidad del comprador o incorporar condiciones sobre el uso de la tierra, la protección ambiental y el acceso a recursos esenciales.
Un borrador que todavía podría cambiar
El texto que elevaría el límite al 25% habría comenzado a circular como parte de una negociación política. Por ese motivo, todavía podría sufrir modificaciones antes de llegar al recinto.
El expediente PE-13/2026 continuaría registrado en el Senado y contaría con dictámenes y anexos anteriores. Hasta que la redacción definitiva fuera presentada formalmente, no correspondería considerar el contenido del borrador como una decisión cerrada.
Patricia Bullrich tendría previsto explicar los cambios antes de la sesión. El objetivo del oficialismo sería reunir los apoyos que no habría logrado conseguir en tratamientos anteriores.
Durante el debate, los senadores podrían aceptar la propuesta, rechazarla, devolverla a comisión o introducir modificaciones. Si el Senado cambiara el texto aprobado previamente por Diputados, la iniciativa debería regresar a la Cámara de origen.
También podría ocurrir que el oficialismo aceptara nuevas restricciones para garantizar votos, como límites especiales en zonas fronterizas, áreas con reservas de agua o territorios considerados estratégicos.
Qué podría ocurrir después de la votación
Si el proyecto fuera aprobado sin cambios, quedaría en condiciones de avanzar hacia su promulgación. Si recibiera modificaciones, debería continuar su recorrido legislativo antes de convertirse en ley.
Una eventual sanción tampoco resolvería automáticamente todos los aspectos prácticos. El Poder Ejecutivo podría necesitar reglamentar procedimientos, actualizar registros y definir mecanismos de control.
Además, sectores afectados podrían presentar acciones judiciales si consideraran que algunas disposiciones vulneran derechos constitucionales, competencias provinciales o normas de protección ambiental.
El alcance final dependería entonces de la ley aprobada, su reglamentación, la actuación del Registro Nacional de Tierras Rurales y las decisiones que pudieran adoptar los tribunales.
Una discusión que excedería el porcentaje
El Gobierno presentaría la reforma como una herramienta para atraer capitales y ampliar la actividad productiva. La oposición y distintas organizaciones podrían describirla como un riesgo para la soberanía territorial y el control de recursos estratégicos.
Entre ambas posiciones quedaría una pregunta central: qué beneficio concreto obtendría la Argentina al permitir una mayor extranjerización de tierras y qué controles conservaría para proteger sus recursos.
Una inversión podría entrar, generar empleo o retirarse. Una empresa podría construir instalaciones, venderlas o modificar su estrategia. La tierra, el agua y los recursos naturales que contuviera cada propiedad permanecerían vinculados al territorio.
El debate del 6 de agosto podría definir si el límite actual se mantiene, se amplía o vuelve a modificarse. Hasta entonces, el 25% seguiría siendo una posibilidad política en negociación y no una norma vigente.
