La Justicia laboral revocó el fallo que había ordenado reincorporar a 35 trabajadores despedidos por la pyme FADEMI, ubicada en Larroque, Entre Ríos, y dejó firmes esas cesantías. La decisión representa un nuevo capítulo en el extenso conflicto laboral que comenzó en junio de 2024 y que incluyó medidas de fuerza, bloqueos, amenazas y una causa penal que continúa en trámite.
La resolución fue dictada el 17 de julio por el juez Julio Armando Grisolía, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 55. El magistrado dejó sin efecto la decisión adoptada durante la feria judicial de enero de 2025, cuando se había ordenado la reincorporación de los empleados despedidos tras participar en las medidas de fuerza.
El origen del conflicto
La disputa comenzó cuando el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana inició protestas para reclamar una mejora salarial. La empresa sostuvo que el incremento solicitado era imposible de afrontar desde el punto de vista financiero.
Según la firma, entre abril de 2023 y abril de 2024 los trabajadores habían recibido una recomposición salarial del 400%, más de cien puntos por encima de la inflación acumulada del período, estimada en un 290%. Además, indicó que el salario inicial neto se ubicaba desde hacía siete meses en $1,5 millones, mientras que el sueldo promedio de bolsillo ascendía a $2 millones mensuales.
De acuerdo con el apoderado de FADEMI, Emiliano Gietz, uno de los argumentos planteados por el sindicato para justificar el reclamo fue el aumento en las cuotas de colegios privados. «Pero en Larroque no hay», respondió durante las negociaciones, que finalmente no prosperaron.
Paros, bloqueos y caída de la producción
La empresa afirmó que las primeras medidas consistieron en asambleas que interrumpían parcialmente la actividad. Luego se implementó un quite de colaboración que redujo la producción al 10% de su capacidad. De unas 1.200 baterías diarias previstas, en algunos casos solo se fabricaban alrededor de 100 unidades.
Según FADEMI, como consecuencia de esas acciones dejaron de producirse unas 30.000 baterías. Posteriormente, el conflicto escaló con el bloqueo del ingreso de camiones y el retiro de trabajadores de la línea de producción durante procesos industriales que involucraban productos químicos, situación que, según la empresa, puso en riesgo la fabricación de unas 2.000 unidades, aunque finalmente el lote pudo recuperarse.
El 5 de julio de 2024 comenzó un cese total de actividades que llevó la producción a cero y agotó el stock disponible. La empresa sostuvo que numerosos clientes cancelaron pedidos debido al incumplimiento en las entregas, lo que afectó seriamente su flujo de fondos y el cumplimiento de compromisos con proveedores.
Amenazas e investigación penal
Durante el conflicto también se registraron episodios de violencia denunciados por la empresa, entre ellos pintadas en domicilios particulares, bombas de estruendo, la irrupción de manifestantes durante un encuentro familiar y la circulación de un sticker con imágenes violentas contra los propietarios.
El hecho de mayor gravedad ocurrió en enero de 2025, cuando la dueña de FADEMI encontró en la puerta de su vivienda un paquete con dos balas y la inscripción «Familia FADEMI», considerado por la empresa como un mensaje intimidatorio.
Tras la denuncia, la Fiscalía de Gualeguay identificó rápidamente a los presuntos responsables mediante las cámaras de seguridad instaladas frente al domicilio. Según la investigación, se trataba de dos empleados de la empresa que habían participado en las protestas.
Los imputados, Mauricio Javier Taffarel y Cristhian Aurelio Taffarel, permanecieron dos meses con prisión preventiva y luego recuperaron la libertad bajo medidas menos restrictivas. Ambos continúan imputados por el delito de coacciones agravadas, mientras que la primera audiencia del juicio oral está prevista para octubre.
El fallo y el escenario judicial
Durante el conflicto, el sindicato también sostuvo que FADEMI incumplía normas de seguridad e imponía descuentos salariales injustificados, extremos que la empresa rechazó. Tras una primera tanda de despidos, la protesta derivó en nuevas cesantías y en la resolución judicial que, en enero de 2025, había ordenado reincorporar a los trabajadores.
Con la decisión conocida este mes, esas reincorporaciones quedaron sin efecto y los 35 despidos permanecen firmes. Paralelamente, continúa la causa penal vinculada a las amenazas y demás hechos de violencia registrados durante el conflicto.
La representación legal de FADEMI está a cargo de Pablo Abdón Torres Barthe, asesor legal del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), entidad que participa en distintos litigios relacionados con bloqueos sindicales a empresas.
