La muerte de Raúl Alberto Pereyra, de 79 años, dio origen a una investigación que derivó en el descubrimiento de un geriátrico que funcionaba sin habilitación en una vivienda de Las Heras, Mendoza. El establecimiento alojaba a diez adultos mayores y quedó bajo investigación judicial.
Según los primeros datos del caso, el hombre padecía EPOC y utilizaba un respirador. Tras un corte del suministro eléctrico, su estado de salud se agravó y posteriormente falleció en el Hospital Carrillo. A partir de ese episodio comenzó una pesquisa para determinar las responsabilidades correspondientes.
Un establecimiento bajo investigación
Luego del fallecimiento, personal de la Policía Científica realizó peritajes en la vivienda ubicada sobre calle Benavente. La mujer que estaba a cargo del cuidado de los residentes fue detenida y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.
La investigación busca establecer las condiciones en las que funcionaba el lugar, además de verificar el cumplimiento de las normas exigidas para este tipo de establecimientos.
Los testimonios del barrio
Vecinos de la zona señalaron que desde hacía tiempo sabían que en la vivienda residían personas mayores. Algunos recordaron haber visto a los adultos mayores salir ocasionalmente para tomar aire en la plaza cercana, aunque aseguraron desconocer cómo era el funcionamiento interno del lugar.
Tras el operativo policial, el movimiento de efectivos y peritos llamó la atención de los habitantes del barrio, que siguieron de cerca el desarrollo de las actuaciones judiciales.
Sin habilitación oficial
Desde el municipio confirmaron que el inmueble no contaba con habilitación comercial para funcionar como geriátrico y que figuraba registrado únicamente como una vivienda particular. Además, indicaron que no existía ningún expediente administrativo vinculado a un hogar para adultos mayores en ese domicilio.
Las autoridades municipales señalaron que las actuaciones continúan de manera coordinada con el Ministerio de Salud y la Fiscalía interviniente. Entre las medidas previstas se encuentra la clausura del establecimiento mientras avanza la investigación para determinar las eventuales responsabilidades penales y administrativas.
