El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que enviará en los próximos días al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de fortalecer el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) e incentivar que los ahorros en dólares actualmente fuera del sistema financiero se orienten hacia la inversión productiva.
El anuncio fue realizado durante el 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde el funcionario explicó que la iniciativa surge luego de una reunión con profesionales de ciencias económicas que plantearon inquietudes sobre la normativa vigente.
“Vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes”, aseguró Caputo durante su exposición.
La apuesta oficial: más inversión y mayor formalización
Según explicó el ministro, la intención es brindar mayores garantías jurídicas a los contribuyentes para facilitar la incorporación de fondos en dólares a la economía formal.
“Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a generar mayor crecimiento”, afirmó. Además, sostuvo que una expansión de la actividad económica favorecería la formalización y permitiría incrementar el superávit fiscal sin aumentar la carga tributaria.
“A mayor crecimiento, habrá mayor formalidad. Entonces, manteniendo el gasto constante, eso nos dará un mayor nivel de superávit que nos va a permitir seguir bajando impuestos”, agregó.
Caputo también destacó que la administración nacional ya redujo tributos por aproximadamente 20.000 millones de dólares anuales, equivalentes a cerca de tres puntos porcentuales de presión impositiva.
Los tres cambios que analiza el Gobierno
La modificación legislativa apuntaría a introducir al menos tres cambios centrales dentro del Régimen Simplificado de Ganancias.
El primero contempla ampliar las posibilidades de rectificación de declaraciones juradas. Actualmente, cuando la diferencia a favor del fisco supera el 15%, el contribuyente pierde la presunción de exactitud de sus declaraciones y puede quedar sujeto a revisiones de ejercicios anteriores por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Con la propuesta oficial, la ARCA podría detectar inconsistencias y otorgar la posibilidad de corregirlas. Si el contribuyente regulariza la situación y abona las diferencias correspondientes, conservaría la presunción de exactitud y el efecto liberatorio sobre los períodos fiscales 2022, 2023 y 2024.
El segundo cambio busca eliminar los límites de acceso al régimen. En la actualidad quedan excluidos quienes registran ingresos superiores a $1.000 millones anuales o patrimonios por encima de $10.000 millones. La iniciativa pretende suprimir esos topes para ampliar la cantidad de contribuyentes que puedan adherirse.
El tercer punto propone actualizar el monto mínimo para iniciar litigios, fijado actualmente en 25.000 pesos. La intención es adecuarlo a los valores vigentes y reducir los conflictos judiciales por montos de escasa relevancia económica.
Una norma con adhesiones, pero también con reparos
Caputo vinculó la Ley de Inocencia Fiscal con otras reformas impulsadas por el Gobierno, particularmente la modernización laboral. “No es una casualidad que hayan ido juntos al Congreso la ley de modernización laboral y la ley de inocencia fiscal”, afirmó durante el encuentro del IAEF.
Sin embargo, diversos especialistas advirtieron que algunos aspectos de la redacción original podían desalentar la adhesión al régimen. Esas observaciones derivaron en reuniones técnicas que desembocaron en la decisión de impulsar modificaciones.
El propio ministro señaló posteriormente en la red social X que existió consenso respecto de los cambios analizados y que su incorporación podría aumentar significativamente el número de contribuyentes adheridos.
La decisión implica reconocer que la versión inicial de la ley no alcanzaba para disipar todas las dudas vinculadas con la seguridad jurídica de quienes evalúan exteriorizar o formalizar ahorros en moneda extranjera.
La extensión del plazo para presentar declaraciones juradas hasta fines de julio también otorgó margen al Ejecutivo para avanzar con estas modificaciones antes del vencimiento del período de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias.
De acuerdo con los últimos datos difundidos por la ARCA, más de 80.000 contribuyentes ya se incorporaron al RSG. No obstante, especialistas del sector sostienen que una parte importante de esas adhesiones respondió al interés por obtener el denominado “tapón fiscal”, es decir, una protección frente a eventuales revisiones de ejercicios anteriores, sin que necesariamente se hayan incorporado dólares al sistema financiero.
Esa diferencia entre los adherentes al régimen y quienes efectivamente formalizan sus ahorros constituye uno de los principales desafíos que el Gobierno busca resolver con la reforma anunciada.
Caputo identificó el desempeño de la Ley de Inocencia Fiscal como uno de los factores que podrían impulsar el crecimiento económico durante el segundo semestre, junto con la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales y la futura implementación de la reforma laboral. Respecto de esta última, el Gobierno asumió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) el compromiso de postergarla si fuera necesario para sostener un superávit fiscal cercano al 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026.
