La Fiscalía Departamental de Santa Cruz ordenó este miércoles la captura del expresidente boliviano Evo Morales por su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras desarrollados entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La orden fue emitida por el fiscal Brayan Melgar e incluye acusaciones por terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. También le atribuye los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Morales reaccionó mediante una publicación en la red social X. «Hoy el Gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado», escribió.
El exmandatario acusó al gobierno de Paz de intentar responsabilizarlo «de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción».
«No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto», agregó.
Los bloqueos que paralizaron Bolivia
Durante alrededor de siete semanas, organizaciones campesinas de La Paz, sectores de la Central Obrera Boliviana y agrupaciones vinculadas con Morales impulsaron bloqueos en diferentes regiones, principalmente en el occidente y el centro del país. Una de las principales exigencias fue la renuncia del presidente Paz.
Los cortes provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades. Los balances difundidos sobre las víctimas no son uniformes: algunos reportes contabilizaron al menos 16 fallecidos, mientras otros elevaron el saldo a 22. Las pérdidas económicas fueron estimadas en más de US$3.000 millones.
La denuncia fue presentada a principios de julio por dirigentes cívicos de Santa Cruz y posteriormente recibió la adhesión del Ministerio de Gobierno. La investigación también alcanza al dirigente de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, y al líder campesino Vicente Salazar.
Salazar permanece detenido preventivamente desde el 6 de julio por otra investigación relacionada con los bloqueos. Las autoridades lo señalaron como uno de los principales organizadores de los cortes registrados en el occidente boliviano.
Morales niega haber promovido la salida de Paz y sostiene que las movilizaciones reclamaban respuestas a las demandas económicas y sociales. Sin embargo, el 24 de mayo publicó que el mandatario tenía solo «dos caminos» frente al conflicto: «militarizar» el país o convocar a elecciones dentro de los siguientes 90 días.
Después de alcanzar acuerdos con sectores como la Central Obrera Boliviana, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción. La Policía y el Ejército fueron desplegados en las carreteras para retirar los obstáculos y restablecer la circulación.
Las otras órdenes contra Morales
La nueva acusación se suma a los procesos que Morales ya enfrenta por una causa de trata agravada de personas. El expresidente está investigado por su presunta relación con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo una hija durante su mandato en 2016.
En mayo, un tribunal de Tarija declaró a Morales en rebeldía después de que no se presentara al inicio del juicio y dispuso nuevos mandamientos de aprehensión y arraigo. La Fiscalía confirmó posteriormente que la acusación formal y la orden de captura continuaban vigentes.
Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical. Allí se encuentra custodiado por numerosos seguidores que buscan impedir que las fuerzas de seguridad concreten su detención.
La Policía boliviana sostiene que evaluará las condiciones y el momento adecuado para ejecutar las órdenes pendientes, mientras la nueva investigación por los bloqueos continúa bajo la conducción de la Fiscalía de Santa Cruz.
