Un tribunal de Sídney, Australia, condenó a Enrico Pucci, de 50 años, por 30 delitos relacionados con la violencia ejercida contra su expareja durante cuatro años. Entre las conductas acreditadas por la Justicia apareció el uso de la aplicación de Tesla para vigilarla, acosarla y controlar a distancia diferentes funciones de su vehículo.
La identidad de la víctima fue preservada y se utilizó el nombre ficticio “Stacey” para referirse a ella. De acuerdo con la documentación policial presentada ante la Justicia, en noviembre de 2025 la mujer escuchó en reiteradas oportunidades la alarma de su automóvil durante la madrugada.
Al día siguiente descubrió que el sistema había sido reiniciado y que alguien había incorporado un perfil de “control parental” al cual ella no tenía acceso. Días después, Pucci la siguió a bordo de otro vehículo y le gritó: “Estoy en tu auto. Estoy en tus mapas”.
Podía modificar el auto desde una aplicación
El perfil incorporado al sistema le permitía intervenir de manera remota sobre distintas funciones del Tesla. Entre ellas estaban la velocidad máxima, la climatización, las cerraduras y los horarios en los que el vehículo podía circular.
Entre el 6 y el 12 de noviembre de 2025, el acusado modificó repetidamente la temperatura del habitáculo, alternando entre niveles extremadamente altos y bajos. También realizó siete intentos para desconectar el automóvil de su cargador.
El hecho considerado de mayor riesgo ocurrió cuando Pucci activó el denominado “modo valet”. Esa función redujo inmediatamente la velocidad máxima del vehículo a 40 kilómetros por hora mientras la mujer se encontraba circulando.
La Policía sostuvo que esa intervención generó un riesgo significativo para la seguridad de la víctima en la ruta, debido a que alteró de manera remota las condiciones de circulación del automóvil mientras estaba siendo conducido.
30 delitos y una condena a prisión
Pucci se declaró culpable antes del juicio y recibió una condena de dos años y tres meses de prisión, con un período mínimo de 15 meses antes de poder solicitar la libertad condicional.
Los 30 cargos incluyen hechos de hostigamiento, intimidación, agresiones, estrangulamiento sin consentimiento y utilización de servicios de comunicación para amenazar y acosar.
El condenado apeló la sentencia y deberá volver a presentarse ante la Justicia a fines de octubre.
El juez Peter Feather consideró que los episodios acreditados no podían analizarse como hechos aislados. Según la evaluación judicial, formaron parte de una conducta destinada a dominar a la víctima y reforzar su dependencia, dentro de la cual el acceso a la aplicación del automóvil funcionó como otra herramienta de control.
Cuando el acceso digital se convierte en una herramienta de control
El caso volvió a poner el foco sobre los riesgos asociados a la violencia digital y al mantenimiento de accesos tecnológicos después de finalizar una relación. Funciones diseñadas para administrar de manera remota un vehículo pueden ser utilizadas para vigilar, restringir movimientos o intervenir sobre decisiones de otra persona cuando las credenciales permanecen en manos de terceros.
En este caso, la aplicación permitía controlar determinadas características del automóvil sin necesidad de estar físicamente junto al vehículo. La Justicia incorporó esas acciones al conjunto de conductas que conformaron el patrón de violencia ejercido contra la mujer.
La investigación mostró así cómo el acceso a cuentas, perfiles y dispositivos conectados puede extender una situación de vigilancia más allá del contacto presencial, especialmente cuando una persona conserva permisos digitales que ya no debería administrar.
Un tribunal de Sídney condenó a Enrico Pucci, de 50 años, a dos años y tres meses de prisión por 30 delitos vinculados con violencia contra su expareja. Entre las conductas acreditadas estuvo el uso de la aplicación de Tesla para controlar remotamente la velocidad, climatización y cerraduras del vehículo. La Justicia consideró esas maniobras parte de un patrón de vigilancia y control coercitivo.
No necesitó esconder un rastreador debajo del auto: tenía una aplicación. Un hombre fue condenado en Australia por 30 delitos después de que la Justicia acreditara que utilizó, entre otras herramientas, el acceso digital al Tesla de su expareja para modificar la temperatura, manejar las cerraduras y hasta limitarle la velocidad mientras circulaba.
La tecnología prometía convertir el teléfono en una llave inteligente. El problema apareció cuando alguien que ya no debía tener la llave siguió entrando por la puerta digital como si la separación viniera con una cláusula de “sesión iniciada para siempre”.
Según la investigación, el acusado incorporó un perfil de “control parental” al vehículo, modificó repetidamente la climatización y trató de desconectar el auto del cargador. La expresión “control parental” alcanzó así uno de esos niveles de absurdo burocrático en los que el nombre de una función parece escrito por alguien que jamás imaginó que pudiera terminar incorporado a un expediente penal.
El episodio más grave ocurrió cuando activó el “modo valet” y redujo la velocidad máxima del automóvil a 40 kilómetros por hora mientras la mujer estaba conduciendo. El botón pensado para entregarle las llaves al estacionador terminó formando parte, según la Policía, de una maniobra que generó un riesgo significativo en la ruta.
La Justicia no trató esos episodios como travesuras tecnológicas ni como una contraseña que alguien olvidó cambiar. Los ubicó dentro de un patrón más amplio de hostigamiento, intimidación, agresiones y control coercitivo ejercido durante años.
El caso expone una escena cada vez menos futurista: casas, cámaras, celulares y autos permiten administrar funciones a distancia, pero el acceso puede convertirse en una herramienta de vigilancia cuando queda en manos de quien ya no debería tenerlo. Antes había que comprobar quién conservaba una copia de la llave; ahora también hay que revisar quién quedó como administrador.
El auto era inteligente. El problema fue que todavía obedecía a la persona equivocada.