Estados Unidos comenzó a deportar migrantes a Liberia aunque no sean ciudadanos de ese país africano ni tengan familiares, residencia o vínculos previos allí. La medida forma parte de un acuerdo que permitirá trasladar hasta 1.200 personas durante los próximos 12 meses.
El primer vuelo llegó el jueves 20 de agosto al Aeropuerto Internacional Roberts, cerca de Monrovia. La aeronave transportaba a 20 personas desde Luisiana y realizó una escala en Senegal antes de aterrizar en territorio liberiano.
Según el ministro de Información de Liberia, Jerolinmek Piah, la mayoría de los futuros deportados procederá de América Latina, especialmente de Venezuela, Cuba y Colombia. Sin embargo, Estados Unidos no informó oficialmente las identidades ni las nacionalidades de las personas trasladadas en el primer vuelo.
Por qué Estados Unidos utiliza terceros países
Washington recurre a terceros Estados cuando existen obstáculos para devolver a una persona a su país de origen. Esto puede ocurrir cuando el gobierno correspondiente se niega a recibirla, no existen mecanismos disponibles para concretar la repatriación o una decisión judicial establece que el deportado podría sufrir persecución, tortura u otros abusos si regresa.
Esa protección puede impedir el retorno al país de origen, pero no necesariamente garantiza el derecho a permanecer en Estados Unidos. En esos casos, la administración estadounidense busca otro Estado dispuesto a recibir a la persona.
Liberia pasa así a funcionar como destino alternativo para ejecutar expulsiones que, de otra manera, podrían quedar bloqueadas.
US$5 millones y preguntas sobre el acuerdo
El Gobierno liberiano sostuvo que no pidió ni recibió una compensación directa por aceptar deportados. No obstante, Washington aportará aproximadamente US$5 millones para financiar la “gestión migratoria” y fortalecer el sistema local.
La explicación deja una zona poco definida: Liberia asegura que no recibe un pago por aceptar personas deportadas, aunque obtendrá recursos estadounidenses vinculados directamente con la implementación del programa.
Además, el acuerdo completo no fue publicado. Se desconocen los criterios utilizados para seleccionar a los deportados, el estatus migratorio que tendrán una vez en Liberia, durante cuánto tiempo recibirán asistencia y qué ocurrirá si sus solicitudes de asilo son rechazadas.
“Huéspedes” y una política bajo discusión judicial
Liberia afirmó que los deportados serán tratados como “huéspedes”. Según lo anunciado, podrán solicitar asilo o abandonar el país cuando lo deseen.
Sin embargo, la posibilidad formal de salir de Liberia no garantiza que puedan ingresar a otro territorio. Sin documentación, recursos económicos, visa o un Estado dispuesto a recibirlos, esa libertad podría resultar limitada en la práctica.
El país africano también prometió no repatriarlos hasta que se resuelvan sus procesos de protección. ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones participarían de la asistencia.
La legislación estadounidense permite deportar a una persona que tenga una orden final hacia un tercer país dispuesto a recibirla. Eso no significa que el Gobierno pueda expulsar arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses, turistas con visas vigentes o residentes que no hayan atravesado previamente un proceso migratorio.
Estados Unidos también debe evaluar si la persona corre peligro en el nuevo destino y respetar la prohibición internacional de enviarla a un territorio donde pueda sufrir persecución o tortura.
La política permanece bajo disputa judicial. Organizaciones de derechos humanos cuestionan la falta de aviso previo, las dificultades para acceder a abogados y la posibilidad de que los deportados sean posteriormente enviados desde Liberia hacia sus países de origen.
Liberia presenta el acuerdo como una acción humanitaria, mientras la Casa Blanca lo utiliza como una herramienta para acelerar deportaciones. En el medio quedan hasta 1.200 personas que podrían ser trasladadas a otro continente mediante un pacto parcialmente reservado y financiado por Washington.
