El Tribunal Supremo de España confirmó este lunes 9 de noviembre que 189.678 hijos e hijas de personas nacionalizadas bajo la ley de nietos podrán participar en las elecciones generales del 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó las medidas cautelares pedidas por el partido Vox y la asociación Iustitia Europa para excluirlos del censo de residentes ausentes.

Por qué el tribunal habilitó a los descendientes

Los magistrados justificaron la negativa en el escaso margen de tiempo disponible. Había transcurrido más de la mitad del período electoral y faltaban dos semanas para que comience el depósito del voto en las sedes consulares.

El tribunal reconoció que si se cuestiona la inscripción de los padres, «en pura lógica habrá que hacerlo también de sus hijos». Sin embargo, advirtió serias dudas sobre la viabilidad de ejecutar una suspensión masiva sin dañar la seguridad jurídica y la estabilidad de la votación.

Qué pasa con los padres suspendidos

A diferencia de sus hijos, los padres nacionalizados continúan bajo suspensión cautelar, salvo quienes acrediten ser descendientes de exiliados. La Justicia rechazó los recursos de asociaciones y particulares para levantar esa traba.

De los 163.355 afectados por la medida dictada en septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de España reunió pruebas solo en 901 casos. Eso deja a 162.454 nacionalizados sin derecho a voto en esta instancia, una situación que alcanza a miles de familias en la Argentina. El fallo contó con el voto discrepante de uno de los seis jueces y el voto concurrente de otra magistrada.

Qué fija la ley de memoria democrática

El acceso a la ciudadanía corresponde a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022. Esa norma habilitó el trámite para hijos y nietos de exiliados por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual, con una presunción de exilio para quienes emigraron entre 1936 y 1955.