El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, solicitaron el procesamiento con prisión preventiva del extitular de ARSAT Facundo Leal por su presunta participación en irregularidades vinculadas con contrataciones realizadas por la empresa estatal.
El pedido deberá ser analizado por el juez federal Lino Mirabelli, quien tendrá que evaluar los elementos incorporados al expediente y resolver la situación procesal del exfuncionario.
La acusación sostiene que Leal habría intervenido en un esquema destinado a beneficiar a Argentina Logistic Services SA (ALS), una compañía contratada para prestar servicios de depósito, logística, fletes, transporte y grúas para ARSAT.
Doce contrataciones quedaron bajo investigación
De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024 funcionarios de ARSAT y representantes de ALS habrían mantenido una relación destinada a garantizar que la compañía privada obtuviera y conservara contratos con la empresa estatal.
Los investigadores identificaron 12 procedimientos de contratación que consideran irregulares. Para la acusación, no se habría tratado de un episodio aislado, sino de una sucesión coordinada de decisiones y actuaciones.
Los fiscales sostienen que el presunto direccionamiento habría comenzado incluso antes de la formalización de algunos procedimientos administrativos. Según esa reconstrucción, se habrían utilizado contactos e información interna para favorecer la continuidad de la empresa como proveedora.
La hipótesis también incluye una competencia que los investigadores calificaron como aparente, con ofertas provenientes de empresas vinculadas o presuntamente apócrifas. A ello se habría sumado la supuesta tolerancia de deficiencias durante la prestación de los servicios.
Domínguez y Rodríguez pidieron que Leal sea procesado como supuesto coautor de administración fraudulenta. También le atribuyeron los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario.
La causa comenzó por el robo de materiales de ARSAT
La investigación se originó a partir de una denuncia por el robo de materiales de alto valor pertenecientes a ARSAT que se encontraban almacenados en un predio de San Fernando, provincia de Buenos Aires.
A partir de ese episodio surgieron sospechas sobre las condiciones en las que había sido contratada la empresa responsable del depósito y sobre los controles implementados durante la prestación del servicio.
Según la hipótesis de los investigadores, parte del dinero abonado por ARSAT dentro de esos contratos habría terminado en pagos o beneficios destinados a funcionarios y a un supuesto intermediario identificado como Santiago Pando.
La acusación menciona presuntas entregas de dinero en efectivo, moneda extranjera, pasajes, oportunidades laborales y otras prestaciones como posibles contraprestaciones indebidas. Estas circunstancias forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser evaluadas judicialmente.
A quiénes más buscan procesar
Además de Leal, la fiscalía solicitó el procesamiento, aunque sin prisión preventiva, de Gerardo Boschin, Pablo Pagani, Juan Antonio Álvarez, Diego Padilla, Fernando Diego Paredes, Gastón Padilla, Sofía Varela Vizgarra, Santiago Pando y Juan Andrés Navarro. El planteo también alcanza a la persona jurídica Argentina Logistic Services SA.
Boschin, quien se desempeñó como subgerente de Compras de ARSAT, fue señalado por la fiscalía como presunto responsable de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles, además de cohecho pasivo e incumplimiento de deberes.
La situación judicial de Leal incluye además otra causa penal. Actualmente cumple prisión preventiva bajo arresto domiciliario en una investigación que tramita en los tribunales federales de Retiro por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Esa investigación se originó a partir de un allanamiento realizado en su departamento de Palermo durante las actuaciones vinculadas con el expediente de ARSAT.
Durante su declaración indagatoria, Leal rechazó las acusaciones en su contra. A través de su abogado, Marcelo Rochetti, sostuvo que no había participado de la licitación investigada porque en ese momento no ocupaba un cargo directivo y era empleado de planta permanente de ARSAT.
La defensa también planteó que todavía existen medidas de prueba pendientes y negó que los elementos reunidos permitan demostrar la intervención de Leal en las contrataciones cuestionadas.
La definición quedó ahora en manos del juez federal Lino Mirabelli, quien deberá determinar si corresponde avanzar con los procesamientos solicitados y resolver específicamente el pedido de prisión preventiva formulado contra el extitular de ARSAT.
