El Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó embargar un conjunto de propiedades, vehículos y otros activos en el marco de la ejecución de las condenas correspondientes a la causa Vialidad. Entre los inmuebles alcanzados aparece el departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena de seis años bajo prisión domiciliaria.
La resolución forma parte de los avances judiciales destinados a recuperar $685.000 millones, monto establecido como perjuicio patrimonial ocasionado al Estado por las maniobras investigadas y juzgadas en el expediente vinculado con la obra pública.
La medida no supone que las propiedades vayan a ser rematadas inmediatamente ni modifica en esta instancia su titularidad. El embargo determina su indisponibilidad jurídica, impidiendo transferencias o nuevos gravámenes mientras continúa el procedimiento destinado a establecer el decomiso definitivo.
Una segunda etapa sobre los bienes
Los jueces de la causa Vialidad ya habían avanzado con una primera etapa de decomiso que alcanzó a 111 bienes actualmente sometidos a procesos de tasación.
La nueva tanda de embargos corresponde a una segunda fase que había sido impulsada en febrero por los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani. Hasta el momento, pese al avance de las medidas patrimoniales, todavía no se concretó la recuperación efectiva de dinero correspondiente al monto fijado por el perjuicio ocasionado al Estado.
Además del departamento de San José 1111, la decisión del TOF N° 2 alcanzó propiedades vinculadas a sociedades comerciales de la familia Kirchner.
Entre ellas aparecen un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera ubicados en el complejo Madero Center, en el barrio porteño de Puerto Madero.
En Santa Cruz también fueron alcanzados diferentes terrenos y edificaciones. Dentro del listado se encuentra el predio donde está emplazado el Hotel La Aldea del Chaltén, en la localidad de El Chaltén.
La resolución incluye además inmuebles situados en El Calafate y Río Gallegos, entre ellos el chalet ubicado sobre la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner y otras propiedades localizadas en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso también fundamentaron la extensión de las medidas patrimoniales hacia bienes vinculados con Máximo y Florencia Kirchner, quienes no fueron condenados en este expediente.
Los magistrados recordaron que la sentencia de la causa Vialidad tuvo por acreditado que las maniobras defraudatorias produjeron beneficios económicos directos para el empresario Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner.
Según lo establecido durante el juicio, existió una relación comercial mediante la cual empresas vinculadas con Báez alquilaron, construyeron y explotaron hoteles familiares a través de las sociedades Los Sauces y Hotesur.
Propiedades, empresas y vehículos alcanzados
El Tribunal también dispuso medidas sobre bienes pertenecientes a empresas constructoras relacionadas con las maniobras investigadas en torno a la obra pública.
La decisión incluyó cuatro inmuebles pertenecientes a Kank y Costilla S.A. y una propiedad de Río Gallegos adquirida por Lázaro Báez a finales de 2005 mediante una cesión de derechos vinculada con un proceso sucesorio previo.
Los magistrados también ordenaron reinscribir embargos sobre diferentes vehículos particulares pertenecientes a personas condenadas en la causa.
Entre ellos figura una Honda CR-V de Cristina Fernández de Kirchner. En el caso de Lázaro Báez, la medida alcanza un Ford Mondeo, un BMW 630, un Chrysler Coupe y un Torino.
También fueron incluidos un Chevrolet Meriva y un bote pertenecientes a José López; una Land Rover Defender de Mauricio Collareda; una Dodge Journey de José Raúl Santibáñez; y un Fiat 600 de Nelson Periotti.
El pedido por más de USD 5,6 millones
Otro punto de la resolución está relacionado con activos bancarios. El Tribunal requirió al Banco Galicia que informe de manera urgente, dentro de un plazo de 24 horas, sobre el estado de una caja de seguridad y dos cuentas de ahorro —una denominada en pesos y otra en dólares— pertenecientes a Florencia Kirchner.
El requerimiento fue realizado bajo apercibimiento de ley luego de incumplimientos anteriores en las respuestas solicitadas por el TOF N° 2.
El fiscal general Diego Luciani pidió, además, que USD 5.656.134 pertenecientes a Florencia Kirchner y actualmente embargados en esa entidad bancaria sean incorporados al conjunto de activos destinados al recupero.
En este segundo tramo de la ejecución patrimonial, los fiscales habían identificado un total de 141 bienes. Entre los alcanzados por las medidas judiciales se encuentran los siguientes:
I. Inmuebles de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., sociedades cuyas acciones pertenecen a Máximo y Florencia Kirchner.
El listado incluye el departamento de San José 1111, piso 2, departamento D, en la Ciudad de Buenos Aires; un dúplex en el complejo Madero Center; siete cocheras en ese mismo complejo; otro departamento y una baulera.
También fueron incluidos un terreno ubicado en la calle 3850, Manzana 670, de El Calafate; propiedades situadas en Alvear 395 y Moreno 882, en Río Gallegos; y un terreno de 1.961,80 metros cuadrados donde se encuentra el Hotel La Aldea del Chaltén.
La nómina continúa con un inmueble ubicado en avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner 3233, en El Calafate; propiedades en 25 de Mayo 66 y Mascarello 441, en Río Gallegos; y tres departamentos o unidades correspondientes al Departamento III, Lago Argentino, en Santa Cruz.
II. Inmuebles de Kank y Costilla S.A.
La resolución comprende un inmueble adquirido el 16 de abril de 2005; otro situado en el barrio Humberto Beghin 4383, Menéndez Belarmino, Chubut; una propiedad en la Manzana 137 de Las Heras, Santa Cruz; y un inmueble en la Manzana 633 A, Parcela 1, de Río Gallegos.
III. Inmuebles de Loscalzo y Del Curto S.R.L.
Fueron incluidos un inmueble ubicado en la Manzana 116, Solar A, Parcela 10, de Río Gallegos, y otra propiedad situada en la Manzana 86, Parcela 14-e, de la misma ciudad.
IV. Propiedades de Lázaro Antonio Báez.
Las medidas alcanzaron un inmueble situado en Asturias 527, Río Gallegos, y otro correspondiente al Lote 20 “f”, Sección G-3, Fracción A, de Alto Río Senguer, provincia de Chubut.
V. Propiedades de José Francisco López.
El Tribunal dispuso medidas sobre dos inmuebles ubicados en el departamento Chicligasta, provincia de Tucumán: uno en Los Gucheas y otro en Concepción.
VI. Inmuebles correspondientes a otros imputados.
La nómina comprende una propiedad en el barrio Paso de los Andes, Departamento Capital, Córdoba, y una cochera ubicada en Bolívar 380/384, en el centro de la ciudad de Córdoba.
VII. Vehículos y embarcaciones.
La lista comprende una Honda CR-V EXL de Cristina Fernández de Kirchner; un Ford Mondeo Titanium, un BMW 630 CS, un Chrysler Coupe GTX y un Torino GS pertenecientes a Lázaro Báez.
También aparecen un Chevrolet Meriva GLS 1.8 de José Francisco López; una Land Rover Defender 110 de Mauricio Collareda; una Dodge Journey SXT 2.4 de José Raúl Santibáñez; un Fiat 600 de Nelson Guillermo Periotti; y el bote motor “ARAMAR”, equipado con motor Yamaha, perteneciente a José Francisco López.
Con estas medidas, el Tribunal continúa avanzando sobre el patrimonio identificado durante la ejecución de la sentencia de la causa Vialidad. La siguiente instancia estará atravesada por las tasaciones, la determinación definitiva de los bienes alcanzados y el proceso destinado a materializar el decomiso correspondiente.
