La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional reparar de manera inmediata e integral las rutas nacionales 7, 8 y 33 dentro del departamento General López, en el sur de Santa Fe, con el objetivo de recuperar y garantizar su plena transitabilidad.
La resolución fue dictada por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, quien consideró que la prolongada falta de mantenimiento y conservación de esos corredores constituyó una omisión con “arbitrariedad o ilegalidad manifiestas”.
El magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por la senadora provincial de Unidos para Cambiar Santa Fe, Leticia Di Gregorio, contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
La sentencia establece que la obligación del Estado nacional de garantizar el mantenimiento de las rutas continuará vigente aunque los trabajos sean ejecutados por empresas privadas.
El Estado seguirá siendo responsable aunque las rutas estén concesionadas
Cuello Murúa ordenó que las reparaciones sean garantizadas por el Estado nacional a través de Vialidad Nacional, del organismo que eventualmente asuma sus competencias o mediante las empresas concesionarias actuales o futuras de los corredores involucrados.
Sin embargo, el fallo estableció que la transferencia de las tareas a compañías privadas no modifica la responsabilidad estatal de garantizar el cumplimiento efectivo de la orden judicial.
La resolución se conoce mientras el Gobierno avanza con nuevas adjudicaciones dentro de la Red Federal de Concesiones. De acuerdo con la información incorporada al expediente, la Ruta 33 fue adjudicada a CPC SA en el tramo Portuario Norte.
En tanto, sectores correspondientes a las rutas nacionales 7 y 8 fueron adjudicados a Creditech SA y Plantel SA, y a Basaa SA y Cecosa SA.
Para el magistrado, las modificaciones contractuales y el ingreso de nuevos concesionarios no pueden convertirse en un impedimento para avanzar con las reparaciones requeridas.
Vialidad había reconocido problemas presupuestarios
La presentación judicial de Di Gregorio comenzó en marzo de 2025. En el marco del expediente, la senadora ya había conseguido una medida cautelar que obligaba a Vialidad Nacional a señalizar los sectores deteriorados, implementar desvíos cuando resultaran necesarios y desarrollar tareas de bacheo o relleno.
Esa cautelar fue posteriormente confirmada por la Cámara Federal de Rosario, aunque su cumplimiento resultó parcial.
En marzo de 2026, Vialidad Nacional reconoció que los trabajos sobre la Ruta 33 no habían sido reanudados debido a que faltaba la autorización de una solicitud de provisión y se encontraba pendiente una ampliación presupuestaria.
Posteriormente, el organismo señaló que las restricciones presupuestarias y financieras impedían desarrollar con normalidad las tareas mínimas de conservación necesarias para garantizar la transitabilidad y seguridad de la red vial.
El juez también señaló que parte de las dificultades estuvieron relacionadas con la falta de aprobaciones presupuestarias y solicitudes de provisión que requerían la intervención de la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Cuello Murúa concluyó que los distintos organismos involucrados incurrieron en incumplimientos dentro de sus respectivas competencias y definió esa situación como una “omisión comunitaria” del Estado.
La discusión por los recursos destinados a las rutas
La resolución se produce además en medio de cuestionamientos por el manejo de los recursos destinados a infraestructura vial. De acuerdo con la información publicada sobre la ejecución de esos fondos, el Gobierno recaudó más de $1,5 billones para rutas y obras viales durante los últimos dos años y medio.
Según esos datos, se habría ejecutado aproximadamente una cuarta parte de esos recursos, mientras más de $1 billón fue colocado en plazos fijos y títulos públicos en el marco de la estrategia destinada a sostener el objetivo de “déficit cero”.
La situación derivó en la presentación de una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos y otros posibles delitos, cuya existencia forma parte del contexto de la discusión por el destino de los fondos viales.
La decisión judicial trasciende, de esta manera, la discusión contractual entre el Estado y las empresas concesionarias. El fallo establece que el Gobierno nacional deberá garantizar la reparación y plena transitabilidad de las rutas 7, 8 y 33 en el departamento General López, independientemente de qué organismo público o compañía privada tenga finalmente a su cargo la ejecución material de las obras.
