La Cámara de Diputados de la provincia de San Juan fue sede del acto de presentación y entrega del Manual de Políticas de Persecución Penal del Ministerio Público Fiscal, una herramienta que establece criterios claros para el desarrollo de investigaciones y procesos judiciales en la provincia.
La actividad contó con la presencia del vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Fabián Martín; el vicepresidente primero, Enzo Cornejo; el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur; el fiscal general de la Corte, Guillermo Baigorri; la diputada nacional Nancy Picón; la ministra de Educación, Silvia Fuentes; la defensora oficial de la Corte de Justicia, Mónica Sefair; y el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado.
También participaron la diputada provincial Marcela Quiroga, presidenta de la Comisión de Justicia y Seguridad, junto a las y los legisladores Fernanda Paredes, Juan de la Cruz Córdoba, María Rita Lascano, Alejandra Leonardo, Gustavo Núñez y Mónica González; el jefe de Policía de la provincia, comisario general retirado Néstor Marcelo Álvarez; el director del Servicio Penitenciario, prefecto Carlos Suárez; el subjefe de Policía, comisario general Germán Videla; además de funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo, integrantes del Ministerio Público y efectivos de las fuerzas de seguridad.
Durante la presentación, el Fiscal General de la Corte destacó el valor institucional del documento: “Este momento constituye un hito muy importante en la historia del Ministerio Público Fiscal”. Asimismo, subrayó el objetivo central de la iniciativa: “Nos propusimos establecer pautas de actuación generales, escritas y anticipadas que orienten el ejercicio de la acción penal y eviten la discrecionalidad”.
Entre sus principales ejes, el Manual contempla aspectos centrales del proceso penal, como la atención a las víctimas, el respeto de los derechos fundamentales de las personas imputadas, la ejecución de las penas y la coordinación con las fuerzas de seguridad.
Asimismo, incorpora lineamientos sobre la política comunicacional del Ministerio Público, con el propósito de ordenar el vínculo con la sociedad y garantizar el acceso a la información en causas de interés público.
Cabe destacar que la elaboración del documento se inició en diciembre de 2025, a partir de la conformación de una comisión redactora integrada por representantes del Ministerio Público Fiscal, el Poder Legislativo, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, la Policía de San Juan y el Servicio Penitenciario Provincial, incluyendo miembros de las Unidades Fiscales de Investigación y la Fiscalía de Impugnación.
En este contexto, se reconoció especialmente la labor de quienes integraron la comisión desde el Poder Legislativo, entre ellos la diputada provincial María Fernanda Paredes Zárate y el diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba, destacando su compromiso, responsabilidad y solvencia profesional.
Por su parte, el vicegobernador Fabián Martín puso en valor la importancia de contar con reglas claras: “Es un día muy importante, donde se presenta este marco que brinda seguridad jurídica y previsibilidad para quienes tienen la responsabilidad de actuar en el sistema y para toda la sociedad”.
Asimismo, remarcó el valor del trabajo conjunto y su relación con la calidad de vida de los sanjuaninos: “San Juan es una provincia que se caracteriza por su tranquilidad y su seguridad, y eso es fruto del trabajo de todos. Este manual viene a fortalecer ese camino y a cuidar ese legado tan importante como es la paz social”.
La herramienta, que entrará en vigencia el próximo 1 de mayo, apunta a consolidar un sistema de persecución penal más transparente, previsible y eficiente, fortaleciendo la coordinación institucional y garantizando el respeto de los derechos tanto de las víctimas como de las personas imputadas.
Con esta iniciativa, el Ministerio Público Fiscal avanza en la consolidación de un sistema de justicia más transparente, ordenado y eficiente, en beneficio de toda la sociedad sanjuanina.
La Cámara de Diputados de San Juan fue sede de la presentación del Manual de Políticas de Persecución Penal del Ministerio Público Fiscal, una herramienta que comenzará a regir el 1 de mayo y que busca establecer criterios claros para las investigaciones y procesos judiciales. El documento apunta a fortalecer la transparencia, la previsibilidad y la coordinación institucional dentro del sistema de justicia provincial.
En el mundo judicial existe una palabra que suele aparecer cada vez que alguien intenta explicar por qué dos situaciones parecidas terminan teniendo tratamientos distintos: discrecionalidad. No es precisamente una palabra popular, ni suele protagonizar conversaciones familiares durante un almuerzo de domingo, pero tiene un peso enorme cuando se trata de aplicar la ley.
Por eso, cuando distintas instituciones del sistema judicial deciden sentarse durante meses para redactar un manual que establezca criterios comunes de actuación, el objetivo es bastante sencillo de explicar: que las reglas sean claras antes de que aparezcan los problemas y no después.
La presentación del Manual de Políticas de Persecución Penal tuvo algo de trabajo técnico y algo de construcción institucional. Porque detrás de cada página no solo hay conceptos jurídicos, sino también acuerdos entre fiscales, legisladores, fuerzas de seguridad y organismos vinculados al sistema penal. Un ejercicio poco frecuente en tiempos donde las diferencias suelen hacer más ruido que los consensos.
La iniciativa busca ordenar procedimientos, reducir márgenes de interpretación innecesarios y establecer criterios anticipados para la actuación judicial. Traducido al lenguaje cotidiano: que quienes intervienen en una investigación sepan con mayor claridad cómo actuar y que la ciudadanía pueda entender mejor cuáles son las reglas que orientan el funcionamiento del sistema.
El documento aborda cuestiones tan sensibles como la atención a las víctimas, los derechos de las personas imputadas, la ejecución de penas y la comunicación institucional. Temas que suelen aparecer en los grandes debates sobre justicia, seguridad y transparencia, pero que esta vez quedaron plasmados en una herramienta concreta.
Quizás el aspecto más relevante sea precisamente ese: convertir principios generales en pautas escritas. Porque las instituciones suelen fortalecerse cuando las decisiones dependen menos de interpretaciones circunstanciales y más de reglas conocidas por todos. Y en materia judicial, pocas cosas generan más confianza que saber de antemano cuáles son las reglas del juego.