La crisis financiera de Bodega Norton sumó un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos de Mendoza avanzó con la imputación de tres integrantes de la compañía y un representante de Acindar Pymes SGR por una presunta maniobra de defraudación contra Cooperativa San Carlos.
El fiscal Alejandro Iturbide consideró que los hechos investigados encuadran, en esta instancia, en el delito de defraudación por suscripción engañosa de documento, previsto en el artículo 173 inciso 3° del Código Penal.
La resolución alcanza a David Bonomi, Martín Shulz y Lorena Sánchez, integrantes de Bodega Norton, imputados en calidad de coautores. También fue imputado Carlos Moyano, de Acindar Pymes SGR, como partícipe primario.
La imputación representa una instancia dentro del proceso penal y no implica una declaración de culpabilidad. La investigación deberá continuar para determinar las responsabilidades correspondientes.
Una operación por más de 400.000 litros de vino
De acuerdo con la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal, el origen de la relación comercial fue una operación lícita concretada durante 2024.
Cooperativa San Carlos vendió a Bodega Norton 375.000 litros de vino Malbec y otros 45.000 litros de Cabernet. El valor total de la operación ascendió a $503.250.000.
Para financiar el pago, las partes acordaron utilizar un préstamo otorgado por Banco Santander Río. La cooperativa figuró como tomadora del crédito, mientras Norton asumió la obligación de cancelar ese financiamiento mediante una cesión de deuda en favor de la entidad mendocina.
Dentro de la documentación bancaria también quedó registrada una cuenta perteneciente a Norton desde la cual debía realizarse el débito correspondiente.
En la estructura financiera intervino además Acindar Pymes SGR como garante del préstamo. En caso de incumplimiento de Norton, esa entidad debía responder ante el banco utilizando su propio capital.
Paralelamente, Cooperativa San Carlos cedió a Acindar la factura correspondiente a la venta del vino. Esa operación habilitaba a la sociedad de garantía recíproca a reclamar directamente el pago a Norton y subrogarse en los derechos del banco.
El incumplimiento y la disputa por la deuda
La obligación asumida por Norton para cancelar el crédito venció el 9 de septiembre de 2025, pero el pago no se concretó.
Según la documentación incorporada a la investigación fiscal, el 21 de octubre la cooperativa tomó conocimiento de que Acindar había cancelado el préstamo frente al Banco Santander.
A partir de ese momento comenzó una disputa respecto de quién debía afrontar finalmente la deuda.
La cooperativa sostuvo que, debido al vencimiento de los plazos contemplados para las cesiones de crédito, Acindar había perdido la posibilidad de trasladarle esa obligación.
La posición de Acindar era diferente: consideraba que Cooperativa San Carlos continuaba siendo deudora solidaria, lisa, llana y principal pagadora frente al banco.
Los seis cheques por $955 millones
El eje principal de la investigación penal está puesto sobre los acontecimientos ocurridos durante los días inmediatamente anteriores a la presentación de Bodega Norton en concurso preventivo.
De acuerdo con la resolución fiscal, el directorio de Norton había decidido el 21 de octubre de 2025 presentarse en concurso de acreedores. La presentación judicial se concretó el 31 de octubre.
La propia compañía había situado el inicio de su cesación de pagos el 17 de septiembre de 2025.
Pese a esa situación, según la Fiscalía, entre el 21 y el 30 de octubre continuaron las negociaciones entre Norton, Acindar y Cooperativa San Carlos para renegociar la deuda originada en la compra del vino.
El acuerdo habría establecido que Norton cancelaría la obligación mediante seis cheques por un total de $955 millones.
Los documentos fueron emitidos el 29 de octubre de 2025, en los días inmediatamente anteriores a la presentación concursal.
La particularidad investigada por la Fiscalía es que los cheques no fueron confeccionados directamente a nombre de Acindar. Fueron emitidos a favor de Cooperativa San Carlos, que debía endosarlos y posteriormente entregarlos a Acindar o a quien esa entidad indicara.
Por qué la Fiscalía investiga una presunta estafa
Para el Ministerio Público Fiscal, la investigación no se limita a establecer si Norton emitió cheques correspondientes a una obligación que después no pudo cancelar.
La hipótesis fiscal sostiene que la emisión de los títulos a nombre de Cooperativa San Carlos pudo haber incorporado a la entidad a una nueva relación obligacional y, al mismo tiempo, haber otorgado a Acindar una posición crediticia más favorable frente a la proximidad del concurso preventivo.
Según esa interpretación, la cooperativa habría sido incorporada como endosante de los documentos mediante un engaño, generándole nuevas obligaciones patrimoniales sin obtener un beneficio a cambio.
La resolución señala que los elementos reunidos hasta el momento permiten inferir, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, una posible actuación coordinada entre Norton y Acindar.
Entre los elementos analizados se encuentra precisamente la decisión de emitir los cheques a nombre de Cooperativa San Carlos en lugar de hacerlo directamente a favor de la acreedora, para que posteriormente fueran endosados.
El conflicto terminó en otro expediente judicial
La emisión de los documentos derivó posteriormente en un reclamo judicial de Acindar contra Cooperativa San Carlos.
La documentación del Ministerio Público Fiscal menciona el expediente “Acindar Pymes SGR c/ Cooperativa Vitivinícola San Carlos Sud Ltda. s/ Ejecutivo”, actualmente tramitado ante la Justicia Comercial nacional.
Para la Fiscalía, este elemento resulta relevante al momento de analizar el presunto perjuicio patrimonial ocasionado a la cooperativa.
La investigación no contempla solamente la posibilidad de que los cheques sean cobrados, sino también la posición judicial y financiera en la que habría quedado Cooperativa San Carlos después de aparecer como endosante de los documentos.
El fiscal señaló que el eventual perjuicio puede analizarse a partir de la existencia del juicio ejecutivo, las restricciones que esa situación podría provocar para la cooperativa y sus posibles consecuencias financieras ante el Banco Central.
Con las imputaciones formalizadas, la investigación continuará ahora sobre la documentación comercial y financiera vinculada con la operación, las negociaciones desarrolladas antes del concurso y el papel que tuvo cada uno de los involucrados.
La Justicia deberá determinar si la emisión y posterior endoso de los seis cheques por $955 millones constituyeron efectivamente una maniobra destinada a perjudicar patrimonialmente a Cooperativa San Carlos o si las responsabilidades derivan exclusivamente del conflicto comercial y financiero entre las partes.
