La Justicia Federal imputó a 17 personas por integrar una presunta organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que habría sido conducida desde la cárcel de Almafuerte por Pedro “Peter” Esteban Morales Anisco, de 30 años. La Fiscalía sostiene que la estructura utilizó billeteras virtuales y cuentas bancarias para mover más de $800 millones y convertir parte del dinero en efectivo.
Los detalles fueron expuestos por el auxiliar fiscal Lucas Parisi Garnica, integrante del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Fiscalía Federal de Mendoza, durante una audiencia de formalización y prisión preventiva encabezada por el juez Alberto Carelli.
Durante la presentación, el representante del Ministerio Público señaló que “los destinatarios finales de los activos de los circuitos investigados fueron Daiana Giménez (pareja de Morales Anisco) y Nahuel Pérez”.
Una cuenta registró movimientos por $836 millones
Según la acusación, la cuenta de Mercado Pago de Giménez registró durante 2024 y 2025 ingresos por $392 millones y egresos por $277 millones. El auxiliar fiscal sostuvo que “todo el dinero que ingresó fue gastado”.
Entre las principales transferencias recibidas por esa cuenta figuran $84 millones atribuidos a Jorge Bastías y $17 millones enviados por Jonathan Sassone. También se detectaron operaciones vinculadas con Walter Tur.
La Fiscalía informó que una cuenta de Nahuel Pérez registró, entre diciembre de 2023 y junio de 2026, movimientos por $836 millones. “Un movimiento de $836 millones con una característica: ni bien ingresaba dinero, automáticamente la cuenta volvía a cero”, indicó la acusación.
“Esta es una característica del lavado y el movimiento no tiene justificación. Casi la mitad del dinero fue retirado físicamente. En 40 extracciones por ventanilla, Pérez extrajo $311 millones, un promedio de $8 millones por mes”, explicó Parisi Garnica.
También se investigó la adquisición de una camioneta Volkswagen Amarok 4×4. La concesionaria habría recibido transferencias efectuadas por Pérez y Elías Calcagno mediante la plataforma Lemon Cash, aunque el vehículo quedó registrado a nombre de Mauricio Gabriel Tonetto.
“Por ahora desconocemos el vínculo entre ellos. Nahuel Pérez tiene acreditaciones millonarias que no tienen justificación”, sostuvo el representante fiscal. Además, se analiza una eventual relación con la firma Zontec S. A., vinculada con Calcagno y dedicada presuntamente a la intermediación financiera y las plataformas de pago.
El escondite con 36 teléfonos celulares
Durante los procedimientos fueron allanadas distintas propiedades y una oficina ubicada en el centro mendocino, donde se secuestraron teléfonos y otros dispositivos electrónicos. Los operativos anteriores vinculados con la causa habían permitido incautar dinero, decenas de celulares y evidencia considerada relevante para reconstruir el movimiento de los fondos.
Uno de los allanamientos se realizó en el módulo 4, ala 1, de Almafuerte. En la celda 404, ocupada por Jorge Bastías, los investigadores encontraron un orificio en el piso disimulado con una piedra y provisto de un cable que funcionaba como manija.
Dentro del escondite fueron hallados 36 teléfonos celulares. Para los investigadores, los dispositivos habrían sido utilizados como parte de las comunicaciones necesarias para administrar las operaciones realizadas desde el establecimiento penitenciario.
Las imputaciones contra los 17 acusados
Morales Anisco fue imputado por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por haber sido cometido en el interior de un centro de detención en calidad de coautor en concurso real con lavado de activos agravado por habitualidad y como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza en calidad de coautor”.
La imputación por narcotráfico está relacionada con el hallazgo de 3,649 kilogramos de marihuana y 1,8 gramos de cocaína, registrado el 4 de diciembre de 2024 en el patio externo del módulo 4, ala 1, del Complejo Almafuerte. El interno Mario Alberto Subía recibió la misma acusación por la droga decomisada.
José Gastón Reale fue imputado por lavado de activos agravado y por dos hechos de cohecho activo. La investigación sostiene que transfirió dinero a los penitenciarios Carlos Padilla y Gonzalo Becerra.
Padilla fue acusado de cohecho pasivo por haber recibido $300.000 el 18 de diciembre de 2024 y de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Becerra recibió la misma calificación después de que se detectaran al menos 30 transferencias por más de $2 millones provenientes de cuentas vinculadas con Reale.
Jorge Luis Bastías, Jonathan Leonel Sassone Herrera y Bruno Alfredo Vicencio fueron imputados como coautores de lavado de activos agravado. Según la Fiscalía, sus cuentas concentraban elevados montos que posteriormente eran enviados a personas ubicadas fuera de la cárcel.
Daiana Ayelén Giménez y Nahuel Pérez también fueron acusados como coautores de lavado agravado. Mariano Adrián Vargas Gómez, Melanie Rosario Moreno Coria, Nahir Estefanía Giménez, Carlos Marcelo Giménez, Rocío Ángeles Sosa, Elías Agustín Calcagno y Federico Abel Tamuch fueron imputados por lavado de activos atenuado.
Los abogados defensores formularon planteos de nulidad y solicitaron la recusación del juez. Los defensores oficiales Alejo Amuchastegui y Corina Feldman también pidieron la nulidad de la investigación, entre otros argumentos, por el tiempo que demandó la pesquisa.
Una condena unificada de más de 28 años
Morales Anisco cumple desde junio una pena unificada de 28 años y tres meses de prisión. Una de sus condenas, de seis años, fue impuesta por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la intervención de tres o más personas y por haberse cometido dentro de un establecimiento penitenciario.
Además, fue imputado en otra causa como presunto autor intelectual del ataque armado contra una niña en Godoy Cruz. La investigación sostiene que habría enviado a un adolescente a cometer la agresión en el marco de un conflicto relacionado con otra causa por narcotráfico. Morales Anisco todavía deberá enfrentar el avance judicial de ese expediente.
La Justicia Federal imputó a 17 personas por una presunta organización liderada desde la cárcel de Almafuerte por Pedro “Peter” Morales Anisco. La Fiscalía sostiene que la estructura habría lavado dinero proveniente del narcotráfico mediante cuentas bancarias y billeteras virtuales. Una de las cuentas investigadas registró movimientos por $836 millones.
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
La investigación describe una cárcel de máxima seguridad en la que, debajo de una piedra con cable a modo de manija, aparecieron 36 teléfonos celulares. Un escondite tan discreto que parece diseñado por alguien convencido de que las requisas se realizan únicamente desde la cintura hacia arriba. Mientras buena parte de la población pierde señal dentro de un ascensor, en el módulo 4 de Almafuerte habría funcionado una pequeña central de telecomunicaciones con más líneas disponibles que una oficina de atención al cliente.
Según la acusación, desde allí se habría administrado una red financiera integrada por billeteras virtuales, cuentas bancarias, transferencias y extracciones en efectivo. El dinero ingresaba y las cuentas regresaban rápidamente a cero, una gimnasia contable que la Fiscalía identificó como característica de lavado y que cualquier persona común solo consigue reproducir durante la primera semana posterior al cobro del sueldo.
Una de las cuentas registró movimientos por $836 millones y permitió retirar $311 millones en 40 operaciones por ventanilla. La organización también habría contado con la colaboración de dos penitenciarios, porque una estructura de semejante tamaño difícilmente sobreviva únicamente con buena conexión a internet y entusiasmo emprendedor.
La escena resume una contradicción monumental: un penal diseñado para restringir comunicaciones habría alojado celulares por decenas, circuitos financieros millonarios y una red con integrantes dentro y fuera de la cárcel. Ahora será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades, mientras el sistema penitenciario intenta explicar cómo un orificio en el piso terminó convertido en la sucursal tecnológica de una presunta organización criminal.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
La Justicia Federal imputó a 17 personas por integrar una presunta organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que habría sido conducida desde la cárcel de Almafuerte por Pedro “Peter” Esteban Morales Anisco, de 30 años. La Fiscalía sostiene que la estructura utilizó billeteras virtuales y cuentas bancarias para mover más de $800 millones y convertir parte del dinero en efectivo.
Los detalles fueron expuestos por el auxiliar fiscal Lucas Parisi Garnica, integrante del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Fiscalía Federal de Mendoza, durante una audiencia de formalización y prisión preventiva encabezada por el juez Alberto Carelli.
Durante la presentación, el representante del Ministerio Público señaló que “los destinatarios finales de los activos de los circuitos investigados fueron Daiana Giménez (pareja de Morales Anisco) y Nahuel Pérez”.
Una cuenta registró movimientos por $836 millones
Según la acusación, la cuenta de Mercado Pago de Giménez registró durante 2024 y 2025 ingresos por $392 millones y egresos por $277 millones. El auxiliar fiscal sostuvo que “todo el dinero que ingresó fue gastado”.
Entre las principales transferencias recibidas por esa cuenta figuran $84 millones atribuidos a Jorge Bastías y $17 millones enviados por Jonathan Sassone. También se detectaron operaciones vinculadas con Walter Tur.
La Fiscalía informó que una cuenta de Nahuel Pérez registró, entre diciembre de 2023 y junio de 2026, movimientos por $836 millones. “Un movimiento de $836 millones con una característica: ni bien ingresaba dinero, automáticamente la cuenta volvía a cero”, indicó la acusación.
“Esta es una característica del lavado y el movimiento no tiene justificación. Casi la mitad del dinero fue retirado físicamente. En 40 extracciones por ventanilla, Pérez extrajo $311 millones, un promedio de $8 millones por mes”, explicó Parisi Garnica.
También se investigó la adquisición de una camioneta Volkswagen Amarok 4×4. La concesionaria habría recibido transferencias efectuadas por Pérez y Elías Calcagno mediante la plataforma Lemon Cash, aunque el vehículo quedó registrado a nombre de Mauricio Gabriel Tonetto.
“Por ahora desconocemos el vínculo entre ellos. Nahuel Pérez tiene acreditaciones millonarias que no tienen justificación”, sostuvo el representante fiscal. Además, se analiza una eventual relación con la firma Zontec S. A., vinculada con Calcagno y dedicada presuntamente a la intermediación financiera y las plataformas de pago.
El escondite con 36 teléfonos celulares
Durante los procedimientos fueron allanadas distintas propiedades y una oficina ubicada en el centro mendocino, donde se secuestraron teléfonos y otros dispositivos electrónicos. Los operativos anteriores vinculados con la causa habían permitido incautar dinero, decenas de celulares y evidencia considerada relevante para reconstruir el movimiento de los fondos.
Uno de los allanamientos se realizó en el módulo 4, ala 1, de Almafuerte. En la celda 404, ocupada por Jorge Bastías, los investigadores encontraron un orificio en el piso disimulado con una piedra y provisto de un cable que funcionaba como manija.
Dentro del escondite fueron hallados 36 teléfonos celulares. Para los investigadores, los dispositivos habrían sido utilizados como parte de las comunicaciones necesarias para administrar las operaciones realizadas desde el establecimiento penitenciario.
Las imputaciones contra los 17 acusados
Morales Anisco fue imputado por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por haber sido cometido en el interior de un centro de detención en calidad de coautor en concurso real con lavado de activos agravado por habitualidad y como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza en calidad de coautor”.
La imputación por narcotráfico está relacionada con el hallazgo de 3,649 kilogramos de marihuana y 1,8 gramos de cocaína, registrado el 4 de diciembre de 2024 en el patio externo del módulo 4, ala 1, del Complejo Almafuerte. El interno Mario Alberto Subía recibió la misma acusación por la droga decomisada.
José Gastón Reale fue imputado por lavado de activos agravado y por dos hechos de cohecho activo. La investigación sostiene que transfirió dinero a los penitenciarios Carlos Padilla y Gonzalo Becerra.
Padilla fue acusado de cohecho pasivo por haber recibido $300.000 el 18 de diciembre de 2024 y de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Becerra recibió la misma calificación después de que se detectaran al menos 30 transferencias por más de $2 millones provenientes de cuentas vinculadas con Reale.
Jorge Luis Bastías, Jonathan Leonel Sassone Herrera y Bruno Alfredo Vicencio fueron imputados como coautores de lavado de activos agravado. Según la Fiscalía, sus cuentas concentraban elevados montos que posteriormente eran enviados a personas ubicadas fuera de la cárcel.
Daiana Ayelén Giménez y Nahuel Pérez también fueron acusados como coautores de lavado agravado. Mariano Adrián Vargas Gómez, Melanie Rosario Moreno Coria, Nahir Estefanía Giménez, Carlos Marcelo Giménez, Rocío Ángeles Sosa, Elías Agustín Calcagno y Federico Abel Tamuch fueron imputados por lavado de activos atenuado.
Los abogados defensores formularon planteos de nulidad y solicitaron la recusación del juez. Los defensores oficiales Alejo Amuchastegui y Corina Feldman también pidieron la nulidad de la investigación, entre otros argumentos, por el tiempo que demandó la pesquisa.
Una condena unificada de más de 28 años
Morales Anisco cumple desde junio una pena unificada de 28 años y tres meses de prisión. Una de sus condenas, de seis años, fue impuesta por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la intervención de tres o más personas y por haberse cometido dentro de un establecimiento penitenciario.
Además, fue imputado en otra causa como presunto autor intelectual del ataque armado contra una niña en Godoy Cruz. La investigación sostiene que habría enviado a un adolescente a cometer la agresión en el marco de un conflicto relacionado con otra causa por narcotráfico. Morales Anisco todavía deberá enfrentar el avance judicial de ese expediente.
La Justicia Federal imputó a 17 personas por una presunta organización liderada desde la cárcel de Almafuerte por Pedro “Peter” Morales Anisco. La Fiscalía sostiene que la estructura habría lavado dinero proveniente del narcotráfico mediante cuentas bancarias y billeteras virtuales. Una de las cuentas investigadas registró movimientos por $836 millones.
La investigación describe una cárcel de máxima seguridad en la que, debajo de una piedra con cable a modo de manija, aparecieron 36 teléfonos celulares. Un escondite tan discreto que parece diseñado por alguien convencido de que las requisas se realizan únicamente desde la cintura hacia arriba. Mientras buena parte de la población pierde señal dentro de un ascensor, en el módulo 4 de Almafuerte habría funcionado una pequeña central de telecomunicaciones con más líneas disponibles que una oficina de atención al cliente.
Según la acusación, desde allí se habría administrado una red financiera integrada por billeteras virtuales, cuentas bancarias, transferencias y extracciones en efectivo. El dinero ingresaba y las cuentas regresaban rápidamente a cero, una gimnasia contable que la Fiscalía identificó como característica de lavado y que cualquier persona común solo consigue reproducir durante la primera semana posterior al cobro del sueldo.
Una de las cuentas registró movimientos por $836 millones y permitió retirar $311 millones en 40 operaciones por ventanilla. La organización también habría contado con la colaboración de dos penitenciarios, porque una estructura de semejante tamaño difícilmente sobreviva únicamente con buena conexión a internet y entusiasmo emprendedor.
La escena resume una contradicción monumental: un penal diseñado para restringir comunicaciones habría alojado celulares por decenas, circuitos financieros millonarios y una red con integrantes dentro y fuera de la cárcel. Ahora será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades, mientras el sistema penitenciario intenta explicar cómo un orificio en el piso terminó convertido en la sucursal tecnológica de una presunta organización criminal.