La reactivación del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile volvió a encender el debate en San Juan. A pocos días de una reunión clave entre autoridades de ambos países, la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA) advirtió que las actuales condiciones económicas podrían dejar a las empresas locales en clara desventaja frente a sus competidoras chilenas.
El próximo 7 de julio se reunirán en Buenos Aires las comisiones encargadas de avanzar en la actualización del acuerdo binacional firmado en 1997, un instrumento que busca facilitar la operación de proyectos mineros que se desarrollan a ambos lados de la cordillera.
La principal interesada en esta reactivación es Vicuña, la iniciativa conjunta impulsada por Lundin y BHP que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, considerada una de las apuestas cupríferas más importantes del mundo en etapa de desarrollo.
La preocupación de los proveedores sanjuaninos
Mientras las compañías mineras consideran que el acuerdo permitirá optimizar procesos logísticos y operativos, desde CAPRIMSA sostienen que la realidad económica actual genera una competencia desigual para las firmas argentinas.
El presidente de la entidad, Fernando Godoy, aseguró que persisten diferencias de costos de entre el 40% y el 50% respecto de Chile, principalmente por cuestiones vinculadas a la carga impositiva, la logística y los costos de los bienes de capital.
“Es muy difícil el costo país”, afirmó el dirigente al analizar el escenario que enfrentan los proveedores locales.
Según explicó, una camioneta 4×4 habilitada para operar en alta montaña tiene un costo mensual cercano a los 1.700 dólares más IVA en Copiapó, mientras que el mismo servicio en San Juan oscila entre 2.700 y 3.000 dólares.
La diferencia también se observa en otros servicios estratégicos. Un camión regador con operador cuesta en Chile entre 17.000 y 19.000 dólares mensuales, mientras que en Argentina el valor se ubica entre 28.000 y 30.000 dólares más IVA.
Godoy agregó que incluso la adquisición de vehículos muestra una brecha significativa. “En San Juan una unidad cero kilómetro vale prácticamente el doble que en Chile”, resumió.
El impacto sobre Vicuña y otros proyectos
La actualización de los protocolos del tratado aparece directamente vinculada a las necesidades operativas del proyecto Vicuña.
Según explicó el country manager de la compañía, José Morea, tanto Josemaría como Filo del Sol cuentan actualmente con protocolos específicos dentro del Tratado Binacional, pero la empresa busca que el proyecto integrado pueda operar como una única unidad productiva.
Esto permitiría agilizar la circulación de equipos, trabajadores e insumos entre ambos países, mejorando la eficiencia operativa.
Además de Vicuña, otros proyectos de gran escala como El Pachón y Los Azules también podrían beneficiarse de una actualización de los mecanismos previstos en el acuerdo binacional.
Un debate que vuelve a instalarse
Desde CAPRIMSA sostienen que el tratado fue concebido en una etapa completamente diferente para la minería argentina.
“Cuando se firmó este tratado Argentina no tenía experiencia minera y necesitaba incorporar conocimiento desde Chile. Hoy la realidad es otra”, planteó Godoy.
El dirigente recordó que San Juan cuenta con más de dos décadas de desarrollo minero y una amplia red de proveedores especializados que participaron en proyectos como Veladero, consolidando capacidades técnicas y operativas propias.
Por esa razón, consideró necesario revisar las condiciones vigentes para evitar que las asimetrías económicas terminen perjudicando a las empresas provinciales.
Godoy también cuestionó la falta de pronunciamientos de otros sectores empresariales sobre el tema y destacó que CAPRIMSA y AOMA han sido los espacios que más han insistido en plantear reparos respecto de la aplicación del tratado.
Mientras avanzan las negociaciones y crece la expectativa por las inversiones asociadas al cobre, los proveedores locales buscan instalar una discusión que consideran estratégica: garantizar que el crecimiento minero también se traduzca en mayores oportunidades para las empresas sanjuaninas.
<p>La Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan advirtió que la reactivación del Tratado de Integración Minera entre Argentina y Chile podría dejar en desventaja a las empresas locales. A días de una reunión clave en Buenos Aires, el sector denunció diferencias de costos de hasta el 50% respecto de proveedores chilenos y reclamó revisar las condiciones del acuerdo para proteger la competitividad sanjuanina.</p>
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
Una camioneta para trabajar en minería cuesta hasta 3.000 dólares por mes en San Juan y alrededor de 1.700 del otro lado de la cordillera. El Tratado Binacional todavía no se reunió y algunos proveedores locales ya sienten que arrancan el partido perdiendo dos a cero.
La minería sanjuanina lleva más de veinte años acumulando experiencia, pero cuando aparecen los números la cordillera parece transformarse en una frontera económica de ciencia ficción. Cruzás hacia Chile y los costos bajan como si alguien hubiera encontrado el botón de descuento general.
El próximo 7 de julio, Argentina y Chile volverán a sentarse para discutir la actualización de los protocolos del Tratado de Integración Minera. Para proyectos gigantes como Vicuña, que integra Josemaría y Filo del Sol, la noticia representa una oportunidad logística enorme. Menos trabas, más circulación de equipos, personal e insumos. Para las empresas mineras es eficiencia. Para algunos proveedores sanjuaninos, en cambio, es la posibilidad de competir con una mano atada detrás de la espalda.
Desde CAPRIMSA vienen advirtiendo hace tiempo que las condiciones actuales no son las mismas que existían cuando se firmó el acuerdo en 1997. En aquella época Argentina buscaba aprender de una industria que Chile ya dominaba. Hoy San Juan tiene experiencia, proveedores especializados y una cadena de servicios desarrollada después de décadas de actividad. El problema, aseguran, no es la capacidad. El problema es la cuenta final.
Los ejemplos abundan. Camiones regadores, camionetas, equipos y servicios presentan diferencias de entre 40% y 50%. Mientras una empresa chilena llega con costos más bajos, la sanjuanina carga con impuestos, logística y precios de bienes de capital que convierten cualquier presupuesto en una excursión por terreno minado.
La paradoja aparece justo cuando la provincia se prepara para recibir inversiones multimillonarias vinculadas al cobre. La promesa es desarrollo local, empleo y crecimiento económico. Sin embargo, algunos empresarios observan el escenario con la preocupación de quien organiza el asado pero descubre que la carne la compró otro.
Mientras las mineras buscan agilizar operaciones entre ambos países, los proveedores reclaman que alguien revise las reglas para que la integración no termine pareciéndose a una competencia donde unos corren en zapatillas y otros cargan una mochila llena de impuestos.
La minería promete una nueva era para San Juan. La discusión ahora es quiénes van a participar de ella cuando llegue la factura.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
La reactivación del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile volvió a encender el debate en San Juan. A pocos días de una reunión clave entre autoridades de ambos países, la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA) advirtió que las actuales condiciones económicas podrían dejar a las empresas locales en clara desventaja frente a sus competidoras chilenas.
El próximo 7 de julio se reunirán en Buenos Aires las comisiones encargadas de avanzar en la actualización del acuerdo binacional firmado en 1997, un instrumento que busca facilitar la operación de proyectos mineros que se desarrollan a ambos lados de la cordillera.
La principal interesada en esta reactivación es Vicuña, la iniciativa conjunta impulsada por Lundin y BHP que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, considerada una de las apuestas cupríferas más importantes del mundo en etapa de desarrollo.
La preocupación de los proveedores sanjuaninos
Mientras las compañías mineras consideran que el acuerdo permitirá optimizar procesos logísticos y operativos, desde CAPRIMSA sostienen que la realidad económica actual genera una competencia desigual para las firmas argentinas.
El presidente de la entidad, Fernando Godoy, aseguró que persisten diferencias de costos de entre el 40% y el 50% respecto de Chile, principalmente por cuestiones vinculadas a la carga impositiva, la logística y los costos de los bienes de capital.
“Es muy difícil el costo país”, afirmó el dirigente al analizar el escenario que enfrentan los proveedores locales.
Según explicó, una camioneta 4×4 habilitada para operar en alta montaña tiene un costo mensual cercano a los 1.700 dólares más IVA en Copiapó, mientras que el mismo servicio en San Juan oscila entre 2.700 y 3.000 dólares.
La diferencia también se observa en otros servicios estratégicos. Un camión regador con operador cuesta en Chile entre 17.000 y 19.000 dólares mensuales, mientras que en Argentina el valor se ubica entre 28.000 y 30.000 dólares más IVA.
Godoy agregó que incluso la adquisición de vehículos muestra una brecha significativa. “En San Juan una unidad cero kilómetro vale prácticamente el doble que en Chile”, resumió.
El impacto sobre Vicuña y otros proyectos
La actualización de los protocolos del tratado aparece directamente vinculada a las necesidades operativas del proyecto Vicuña.
Según explicó el country manager de la compañía, José Morea, tanto Josemaría como Filo del Sol cuentan actualmente con protocolos específicos dentro del Tratado Binacional, pero la empresa busca que el proyecto integrado pueda operar como una única unidad productiva.
Esto permitiría agilizar la circulación de equipos, trabajadores e insumos entre ambos países, mejorando la eficiencia operativa.
Además de Vicuña, otros proyectos de gran escala como El Pachón y Los Azules también podrían beneficiarse de una actualización de los mecanismos previstos en el acuerdo binacional.
Un debate que vuelve a instalarse
Desde CAPRIMSA sostienen que el tratado fue concebido en una etapa completamente diferente para la minería argentina.
“Cuando se firmó este tratado Argentina no tenía experiencia minera y necesitaba incorporar conocimiento desde Chile. Hoy la realidad es otra”, planteó Godoy.
El dirigente recordó que San Juan cuenta con más de dos décadas de desarrollo minero y una amplia red de proveedores especializados que participaron en proyectos como Veladero, consolidando capacidades técnicas y operativas propias.
Por esa razón, consideró necesario revisar las condiciones vigentes para evitar que las asimetrías económicas terminen perjudicando a las empresas provinciales.
Godoy también cuestionó la falta de pronunciamientos de otros sectores empresariales sobre el tema y destacó que CAPRIMSA y AOMA han sido los espacios que más han insistido en plantear reparos respecto de la aplicación del tratado.
Mientras avanzan las negociaciones y crece la expectativa por las inversiones asociadas al cobre, los proveedores locales buscan instalar una discusión que consideran estratégica: garantizar que el crecimiento minero también se traduzca en mayores oportunidades para las empresas sanjuaninas.
Una camioneta para trabajar en minería cuesta hasta 3.000 dólares por mes en San Juan y alrededor de 1.700 del otro lado de la cordillera. El Tratado Binacional todavía no se reunió y algunos proveedores locales ya sienten que arrancan el partido perdiendo dos a cero.
La minería sanjuanina lleva más de veinte años acumulando experiencia, pero cuando aparecen los números la cordillera parece transformarse en una frontera económica de ciencia ficción. Cruzás hacia Chile y los costos bajan como si alguien hubiera encontrado el botón de descuento general.
El próximo 7 de julio, Argentina y Chile volverán a sentarse para discutir la actualización de los protocolos del Tratado de Integración Minera. Para proyectos gigantes como Vicuña, que integra Josemaría y Filo del Sol, la noticia representa una oportunidad logística enorme. Menos trabas, más circulación de equipos, personal e insumos. Para las empresas mineras es eficiencia. Para algunos proveedores sanjuaninos, en cambio, es la posibilidad de competir con una mano atada detrás de la espalda.
Desde CAPRIMSA vienen advirtiendo hace tiempo que las condiciones actuales no son las mismas que existían cuando se firmó el acuerdo en 1997. En aquella época Argentina buscaba aprender de una industria que Chile ya dominaba. Hoy San Juan tiene experiencia, proveedores especializados y una cadena de servicios desarrollada después de décadas de actividad. El problema, aseguran, no es la capacidad. El problema es la cuenta final.
Los ejemplos abundan. Camiones regadores, camionetas, equipos y servicios presentan diferencias de entre 40% y 50%. Mientras una empresa chilena llega con costos más bajos, la sanjuanina carga con impuestos, logística y precios de bienes de capital que convierten cualquier presupuesto en una excursión por terreno minado.
La paradoja aparece justo cuando la provincia se prepara para recibir inversiones multimillonarias vinculadas al cobre. La promesa es desarrollo local, empleo y crecimiento económico. Sin embargo, algunos empresarios observan el escenario con la preocupación de quien organiza el asado pero descubre que la carne la compró otro.
Mientras las mineras buscan agilizar operaciones entre ambos países, los proveedores reclaman que alguien revise las reglas para que la integración no termine pareciéndose a una competencia donde unos corren en zapatillas y otros cargan una mochila llena de impuestos.
La minería promete una nueva era para San Juan. La discusión ahora es quiénes van a participar de ella cuando llegue la factura.