Lilia Lemoine enfrenta dos denuncias judiciales que suman presión sobre el oficialismo. La diputada nacional de La Libertad Avanza fue acusada de haber omitido información patrimonial en su declaración jurada y de presuntamente utilizar un contrato de la Cámara de Diputados para cubrir los honorarios de su abogado particular. A esto se agrega otro dato relevante: todavía no presentó la declaración jurada correspondiente a 2024.
Según los denunciantes, la legisladora tampoco habría cumplido con la presentación de la declaración jurada inicial, un requisito que los funcionarios públicos deben completar dentro de los primeros 30 días hábiles posteriores a la asunción. Lemoine asumió su banca el 10 de diciembre de 2023.
Deudas que no habrían sido informadas
La única declaración presentada por la diputada corresponde al período 2023. En ese documento consignó que no poseía bienes, deudas ni gastos personales y declaró un patrimonio de cero pesos.
Sin embargo, registros de la Central de Deudores del Banco Central indican que al 31 de diciembre de 2023 mantenía una deuda de 502 mil pesos distribuida entre cuatro entidades financieras.
Entre los compromisos registrados figuraba una deuda con Tarjeta Cencosud en situación 4, categoría que refleja un atraso significativo en los pagos. También aparecían obligaciones con el Banco Ciudad y créditos vinculados a Mercado Libre.
“El problema no es que haya tenido deudas, sino que no las declaró”, explicó el abogado Facundo Pérez Ernst.
De acuerdo con el letrado, esas obligaciones fueron canceladas una vez que la legisladora comenzó a percibir su salario como diputada. No obstante, sostuvo que esa circunstancia no modificaba la obligación de informar su situación patrimonial al momento de asumir funciones.
La discusión por los inmuebles
Los cuestionamientos también alcanzan a los bienes inmuebles. Los denunciantes afirman que Lemoine debió incluir en su declaración la vivienda en la que reside actualmente y que habría heredado de su madre.
La diputada manifestó públicamente que no incorporó esa propiedad porque la sucesión aún no se encuentra finalizada. Sin embargo, Pérez Ernst sostiene que, al tratarse de una hija única, posee derechos sucesorios que debían ser informados dentro de la declaración patrimonial.
Además, un testigo de identidad reservada señaló la posible existencia de otras propiedades vinculadas a la legisladora en los barrios de Belgrano e Ituzaingó. Esa información todavía no fue corroborada por la Justicia.
La causa por el contrato en Diputados
El segundo expediente judicial surgió luego de declaraciones realizadas por la propia diputada. En una entrevista reconoció que los honorarios de su abogado penalista eran abonados mediante un contrato de asesor dentro de la Cámara de Diputados.
La denuncia quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo, quien ya convocó a los denunciantes para ratificar la presentación. La investigación apunta a determinar si existieron posibles delitos relacionados con el uso de recursos públicos para fines privados.
Según los denunciantes, como consecuencia de esa causa el abogado dejó de representar a la legisladora y comunicó su salida del Congreso. Hasta el momento, esa situación no fue confirmada oficialmente.
