Un grupo de diputados de distintos espacios políticos presentó un proyecto para pedir que el Poder Ejecutivo readecúe el Presupuesto 2027 e incorpore los fondos necesarios para cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
La iniciativa fue impulsada por Alberto Arrúa y acompañada por legisladores de Argentina Federal, UP, Provincias Unidas y otros bloques. El planteo apunta a que el Ministerio de Economía contemple recursos suficientes para sostener el funcionamiento de las universidades nacionales, actualizar los salarios y garantizar las becas estudiantiles.
Qué fondos reclaman para las universidades
El proyecto solicita que el próximo cálculo de gastos incluya también las obligaciones vinculadas con el personal docente y no docente, además de partidas destinadas a investigación y otros compromisos establecidos por la legislación vigente.
Según los autores, la incorporación de esos recursos permitiría otorgar mayor previsibilidad al sistema universitario y asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones fijadas por la Ley 27.795.
En los fundamentos, los diputados sostienen que la educación universitaria pública constituye una política de Estado estratégica para el desarrollo científico, tecnológico, productivo y social del país.
También remarcan que la norma busca garantizar el sostenimiento del financiamiento universitario en todo el territorio nacional y establecer condiciones para la recomposición salarial del sector.
Una ley vigente después del veto
El proyecto recuerda que la Ley 27.795 fue vetada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 647/2025. Posteriormente, el Congreso insistió con su sanción y logró sostenerla con las mayorías constitucionales correspondientes.
Más tarde, la norma fue promulgada mediante el Decreto 759/2025, por lo que los legisladores remarcan que permanece plenamente vigente y debe contar con las partidas necesarias para su aplicación.
Los firmantes también señalaron que la Justicia Contencioso Administrativa Federal intimó al Poder Ejecutivo a cumplir una medida cautelar vinculada con aspectos de la ley.
La propuesta lleva las firmas de Alberto Arrúa, Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik, Bernardo Biella, Pablo Outes, Yolanda Vega, Claudio Álvarez, Gerardo González, Marcela Pagano, Pablo Juliano, Victoria Tolosa Paz, Fernanda Miño, Mariela Coletta y Agustina Propato.
El planteo legislativo busca que la discusión del Presupuesto 2027 contemple de manera expresa los recursos destinados a universidades, salarios, becas e investigación, con el objetivo de garantizar la aplicación efectiva de la normativa vigente.
Diputados de distintos bloques presentaron un proyecto para que el Poder Ejecutivo readecúe el Presupuesto 2027 e incorpore las partidas necesarias para cumplir la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria. El reclamo incluye fondos para funcionamiento, salarios docentes y no docentes, becas, investigación y otros compromisos previstos por la norma vigente.
El Presupuesto 2027 todavía está en discusión y ya tiene una cuenta pendiente: poner la plata necesaria para cumplir una ley que ya existe. Un grupo de diputados pidió que Economía incorpore los fondos universitarios antes de que el Excel termine decidiendo qué parte de la educación entra y cuál queda esperando en la puerta.
El planteo incluye funcionamiento de las universidades nacionales, salarios docentes y no docentes, becas estudiantiles e investigación. Es decir, casi todo lo que hace que una universidad funcione más allá del cartel de la entrada y de la clásica épica de sostener el sistema con una fotocopiadora, un termo y buena voluntad.
La discusión tiene además una particularidad institucional: la Ley 27.795 fue vetada, el Congreso insistió con su sanción y luego terminó promulgada. Ahora los legisladores reclaman que esa vigencia también aparezca reflejada en las partidas presupuestarias, porque una ley sin fondos puede quedar tan decorativa como un matafuego vacío en el pasillo.
Los firmantes también mencionaron una intervención de la Justicia Contencioso Administrativa Federal, que intimó al Poder Ejecutivo a cumplir una medida cautelar relacionada con la norma. El reclamo, entonces, suma presión política, legislativa y judicial sobre una discusión que llegará directamente al corazón del Presupuesto.
La consigna es bastante menos sofisticada de lo que parece: si la ley está vigente, que el presupuesto se comporte como si se hubiera enterado.