La continuidad de los jueces que alcanzan los 75 años volvió a quedar en el centro del debate luego de que el Gobierno impulsara la renovación de algunos magistrados mientras dejó sin efecto la permanencia de otros.
Desde el Ministerio de Justicia reconocieron que la decisión responde a una facultad discrecional del Presidente, prevista por la Constitución Nacional para aquellos jueces que desean continuar en funciones una vez alcanzado el límite de edad.
Qué establece la Constitución
El artículo 99, inciso 4°, tercer párrafo, incorporado con la reforma constitucional de 1994, establece que los jueces cesan en sus funciones al cumplir 75 años, salvo que el Presidente los proponga nuevamente y obtengan el acuerdo del Senado para un nuevo período.
La norma fue concebida como un mecanismo que permite excepciones mediante un nuevo proceso de designación, aunque la decisión inicial de impulsar o no cada pliego corresponde al Poder Ejecutivo.
Los casos de Irurzun, Mahiques y Pesino
Uno de los casos que generó mayor repercusión fue el de Martín Irurzun, integrante de la Cámara Federal porteña, cuyo pliego no fue enviado al Senado, lo que determinó su salida del tribunal al alcanzar el límite de edad.
En contraste, el Gobierno promovió la continuidad de Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, cuyo acuerdo fue aprobado por el Senado para permanecer cinco años más en el cargo.
También obtuvo una nueva designación Víctor Pesino, camarista laboral, quien recibió el aval parlamentario para continuar en funciones por un nuevo período.
La renovación de Comodoro Py
La salida de Irurzun se produce en el marco de un proceso de renovación de la Justicia Federal impulsado por el Ministerio de Justicia.
Dentro de ese esquema fueron propuestos Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para integrar la Cámara Federal porteña, aunque sus designaciones aún requieren el acuerdo del Senado antes de la firma del decreto presidencial correspondiente.
La Cámara Federal es uno de los tribunales más relevantes del país, ya que revisa las investigaciones por causas de corrupción y define si los expedientes avanzan hacia juicio oral o son cerrados.
El debate sobre la discrecionalidad
La renovación de algunos magistrados y la salida de otros reavivó el debate sobre el alcance de la discrecionalidad presidencial prevista en la Constitución.
Mientras desde el Gobierno sostienen que se trata de una atribución legal del Poder Ejecutivo, distintos sectores señalan que la utilización de ese mecanismo puede generar cuestionamientos respecto de los criterios utilizados para definir la continuidad de los jueces.
En ese contexto, los casos de Martín Irurzun, Carlos Mahiques y Víctor Pesino se transformaron en los principales ejemplos de una discusión que vuelve a poner el foco sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
