La Cámara de Diputados aprobó con amplia mayoría la Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca incrementar la participación de trabajadores y proveedores sanjuaninos en la actividad minera. Tras la sanción, tanto el gobernador Marcelo Orrego como el presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, destacaron el alcance de la norma y coincidieron en que permitirá fortalecer el impacto de la minería sobre la economía provincial.
A través de sus redes sociales, Orrego agradeció el respaldo legislativo y remarcó la importancia de la nueva legislación. «Hoy avanzamos en el San Juan del futuro que queremos construir. Se aprobó la Ley de Desarrollo Local Minero, gracias al acompañamiento de los legisladores», expresó.
El mandatario agregó: «Con esta herramienta, vamos a seguir asegurando que la minería genere cada vez más trabajo sanjuanino y más oportunidades para nuestras pymes. Ese es el rumbo que elegimos para cada familia de la provincia», reafirmando uno de los principales ejes de su gestión: potenciar el desarrollo económico a partir de una mayor participación local en la cadena de valor minera.
Una ley con metas obligatorias
Tras la aprobación, Fabián Martín remarcó que la norma tiene carácter obligatorio para todas las empresas alcanzadas. «La ley es obligatoria para todos. No hay que adherirse, hay que cumplirla porque es una ley vigente en la provincia», afirmó.
El presidente de la Cámara explicó que el proyecto fue elaborado durante más de un año con la participación del Ministerio de Producción, el Ministerio de Minería y las cámaras vinculadas al sector.
«Este es un proyecto que llegó al recinto muy maduro. Se trabajó durante más de un año con todas las cámaras del sector, precisamente teniendo como propósito cuidar la mano de obra local y cuidar los proveedores locales para que tengan preponderancia en cada una de las contrataciones», sostuvo.
Entre los principales objetivos de la ley se establece que las empresas operadoras deberán trabajar para alcanzar un 80% de empleo sanjuanino y destinar un 60% de las compras y contrataciones a proveedores de la provincia, siempre que existan condiciones de competitividad.
Además, dentro de ese porcentaje de empleo local, la normativa fija que al menos el 30% de los trabajadores deberá pertenecer al departamento donde se desarrolla el emprendimiento minero, mientras que el 20% de los proveedores también deberá provenir de esa zona.
Controles, beneficios e incentivos
La ley también crea el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (Repromin), incorpora incentivos fiscales mediante créditos para las empresas que alcancen las metas previstas y establece mecanismos de control junto con sanciones para quienes incumplan las obligaciones.
Martín sostuvo que la necesidad de acelerar el tratamiento respondió al avance de las inversiones mineras. «El apuro era precisamente que no se tuviese esta ley mientras las empresas iban contratando personal y proveedores. Había que contar con esta herramienta para garantizar estas exigencias», explicó.
El legislador también indicó que el Consejo Consultivo previsto por la norma tendrá participación de las instituciones del sector que cumplan con los requisitos legales y será un organismo clave para monitorear su aplicación.
«La ley prevé una evaluación anual y un control para verificar que se cumplan los porcentajes establecidos. No será una tarea sencilla, pero se va a llevar adelante», aseguró.
Finalmente, Martín destacó que el diálogo con los distintos actores continuará abierto para perfeccionar la legislación en caso de ser necesario. «Seguramente habrá cosas para resolver o mejorar, y el diálogo con el Gobierno de San Juan va a seguir siempre», concluyó.
