El Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso un nuevo paquete de leyes destinado a profundizar la desregulación y eliminar normas relacionadas con la actividad económica y productiva. La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y apunta nuevamente contra distintos institutos y mecanismos de promoción.
Desde que asumió al frente del área, Sturzenegger puso entre sus objetivos la eliminación o modificación de diferentes estructuras de promoción. En esa dirección, el gobierno de Javier Milei avanzó sobre numerosos institutos y organismos mediante el DNU 70/23, la Ley Bases y distintos decretos.
Ahora, la administración nacional busca profundizar ese camino bajo el argumento de reducir la intervención estatal y fomentar la competencia en sectores como la energía, la cultura y el agro.
Un megaproyecto de 349 artículos
La nueva iniciativa que prepara el ministro, a quien Milei apodó “el coloso”, llegaría al Congreso de la Nación como un megaproyecto compuesto por 349 artículos. Entre sus principales objetivos vuelve a aparecer la modificación o eliminación de institutos de promoción y desarrollo que el Gobierno considera incompatibles con una mayor liberalización del mercado.
Sin embargo, el proyecto podría abrir un frente político para la Casa Rosada. Algunas de las estructuras alcanzadas operan en provincias gobernadas por aliados del Gobierno nacional, por lo que las medidas podrían dificultar el acompañamiento de gobernadores cuyos diputados y senadores aportaron votos para iniciativas anteriores del oficialismo.
Entre las normas cuya derogación contempla el proyecto aparece la Ley 26.020, correspondiente al Régimen de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
También se incluye la Ley 23.149, vinculada con mecanismos de promoción y control de la actividad vitivinícola, y la Ley 25.849, mediante la cual se creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), encargada de ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola y financiada a través de aportes obligatorios del sector.
En el caso de COVIAR, la derogación implicaría además la liquidación de la corporación, lo que supondría una modificación significativa en la organización interna del sector vitivinícola.
Cambios para la carne y la vitivinicultura
La iniciativa también plantea derogar parte de la Ley 25.507, correspondiente al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). La modificación eliminaría parte de su sistema de financiamiento obligatorio, incluidos los artículos 16 y 17.
La vitivinicultura aparece particularmente alcanzada por el proceso de desregulación. El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con fuerte presencia en Mendoza, integra el conjunto de estructuras que perdieron financiamiento o capacidad de intervención entre los distintos sectores.
Las medidas previstas se incorporarían a un paquete que también contempla la eliminación de otras normas, entre ellas la Ley 25.542, de Defensa de la Actividad Librera, y la Ley 23.316, de Doblaje.
El megaproyecto se suma así a una serie de decisiones adoptadas durante los últimos años como parte de la política oficial de reducción, fusión y reformulación de organismos estatales.
Más de 100 organismos alcanzados por la desregulación
Entre julio de 2024 y julio de 2025, el Gobierno disolvió, fusionó o reformuló 101 organismos públicos, de acuerdo con datos del propio Ministerio de Desregulación. Esa cifra no contempla las medidas adoptadas antes de ese período ni aquellas incluidas en el anteproyecto de desregulación enviado al Congreso en 2026.
Entre las estructuras eliminadas se encuentran el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
También fueron alcanzados el Régimen de Promoción Industrial establecido por la Ley 21.608; el Programa Nacional para el Desarrollo de los Parques Industriales; distintos programas de promoción PyME, incluidas agencias regionales de desarrollo productivo, programas de certificación de calidad, apoyo tecnológico y exportación; y el Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven.
A esa nómina se agregan regímenes de promoción sectorial agropecuaria vinculados con la ganadería ovina, llamas, gusanos de seda, actividad caprina, ganadería bovina en zonas áridas, búfalos de agua y producción algodonera.
Además de los organismos eliminados, fusionados o reformulados, otras instituciones fueron desfinanciadas o perdieron capacidad para mediar entre diferentes sectores. Entre ellas aparecen el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Yerba Mate.
El nuevo paquete buscará extender ese proceso mediante derogaciones legislativas que deberán atravesar el Congreso. Allí, el Gobierno volverá a necesitar acuerdos con otros bloques y con gobernadores que hasta ahora resultaron determinantes para conseguir los votos necesarios para sus principales iniciativas.
