Las cámaras de proveedores mineros Caprimsa y Casemi respaldaron el proyecto de Ley de Desarrollo Minero, que comenzó su tratamiento en la Cámara de Diputados de San Juan, aunque coincidieron en que la iniciativa aún puede perfeccionarse. Ambas entidades solicitaron modificaciones para garantizar que la participación institucional de las cámaras quede establecida de manera permanente dentro del texto de la futura norma.
El pedido de Caprimsa
El presidente de Caprimsa, Fernando Godoy, explicó que la entidad acompaña el proyecto, pero considera necesario modificar el artículo 16 para que la representación de las cámaras quede incorporada directamente en la ley.
«Queremos impulsar este proyecto porque lo venimos reclamando desde hace muchos años. Lo único que buscamos es que la participación de las cámaras quede garantizada por la propia ley y no dependa de una reglamentación posterior», sostuvo.
Godoy señaló además que el objetivo es evitar que la integración de las cámaras dependa de decisiones del Poder Ejecutivo. «No queremos depender del criterio o del humor de un gobierno de turno. Creemos que la representación institucional debe quedar incorporada en la ley para darle estabilidad y previsibilidad al sistema», afirmó.
La postura de Casemi
El presidente de Casemi, Juan Pablo Delgado, destacó que uno de los principales aportes del proyecto es establecer una definición única sobre qué se considera un proveedor sanjuanino, ya que hasta el momento cada empresa operadora aplicaba criterios diferentes.
«Cuando fuimos convocados, uno de los puntos centrales fue definir qué es un proveedor sanjuanino. Hasta este momento cada empresa tenía su propio concepto y esta ley permitirá unificar ese criterio», señaló.
Delgado también remarcó que la iniciativa busca fortalecer a las empresas locales sin restringir la competencia. «No es una ley que impida el ingreso de proveedores de otras provincias o del exterior. Todo lo contrario, busca desarrollar a las empresas de San Juan para que puedan crecer y responder a la demanda que generarán los nuevos proyectos mineros», expresó.
Licitaciones y expectativas
Consultado sobre las recientes adjudicaciones vinculadas al proyecto Vicuña, Delgado sostuvo que la futura ley no garantizará que los contratos queden en manos de empresas sanjuaninas.
«La ley no nos va a garantizar adjudicaciones. Lo importante es profundizar el diálogo con las operadoras. Nosotros presentamos una nota, fuimos recibidos y nos explicaron los motivos por los cuales se resolvió la licitación», indicó.
Asimismo, precisó que en ese proceso ninguna de las ofertas correspondía íntegramente a firmas locales. «La adjudicación terminó definiéndose por la mejor propuesta económica y ninguna de las empresas que participaron era exclusivamente sanjuanina», manifestó.
Desde Caprimsa insistieron en que el proyecto fue elaborado con una mirada compatible con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aclararon que el objetivo no es frenar su aprobación, sino fortalecer el texto definitivo.
«Venimos solicitando una norma para los proveedores desde hace muchos años. Queremos acompañarla y fortalecerla para que funcione correctamente y brinde seguridad institucional a todos los actores», concluyó Godoy.
Mientras el proyecto continúa su análisis en las comisiones de la Cámara de Diputados, el intercambio entre las cámaras de proveedores y el Gobierno se concentra en los ajustes que podrían incorporarse antes de que la Ley de Desarrollo Minero llegue al recinto para su tratamiento definitivo.
Las cámaras de proveedores mineros Caprimsa y Casemi respaldaron el proyecto de Ley de Desarrollo Minero que comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados de San Juan, aunque solicitaron modificaciones para garantizar por ley la participación institucional de las entidades y fortalecer la representación de los proveedores locales.
Apoyan la ley, pero con una condición: que las cámaras no queden esperando una invitación cada vez que cambie el gobierno. Porque una norma que promete previsibilidad no puede dejar la previsibilidad librada al calendario electoral.
Es como comprar una camioneta 4×4 y descubrir que la rueda de auxilio viene «si la reglamentación lo considera conveniente». Funcionar, puede funcionar. Pero nadie se va tranquilo a la Cordillera con esa explicación en la guantera.
Caprimsa y Casemi llegaron a la Legislatura con un mensaje que combina respaldo y advertencia. Respaldan el proyecto porque hace años reclaman una ley que ordene el desarrollo de los proveedores mineros sanjuaninos, pero consideran que todavía falta ajustar una pieza clave. No discuten el rumbo. Discuten quién queda sentado a la mesa cuando llegue el momento de tomar decisiones.
El foco está puesto en el artículo 16. Para Caprimsa, dejar la participación de las cámaras librada a una reglamentación posterior implica que esa representación podría cambiar según el criterio del gobierno de turno. Y si algo busca vender cualquier ley de desarrollo es estabilidad. Lo contrario sería inaugurar una autopista con la mitad del pavimento prometido para más adelante.
Casemi, por su parte, pone el acento en otra deuda pendiente: definir de una vez qué es un proveedor sanjuanino. Hasta ahora, cada empresa minera aplicaba su propia interpretación, una especie de campeonato donde el reglamento cambiaba según quién organizara el partido. La iniciativa intenta unificar ese criterio sin cerrarles la puerta a empresas de otras provincias o del exterior.
También hubo espacio para bajar expectativas. La ley, aclararon, no garantizará contratos automáticos para firmas locales. Las adjudicaciones seguirán dependiendo de las licitaciones y de las propuestas económicas. En otras palabras, la norma puede ordenar el tablero, pero no reparte las cartas.
Mientras el proyecto sigue su recorrido por comisiones, la discusión ya dejó de ser si habrá ley. Ahora el debate pasa por cómo quedará escrita. Porque una palabra agregada hoy puede evitar muchas reuniones explicativas mañana. Y en Argentina, la reglamentación suele ser ese capítulo que todos prometen leer después.