Cuyo.News habló con la diputada Cristina del Carmen López Valverde para profundizar sobre el proyecto de ley denominado «Regular la educación inclusiva en la provincia de San Juan para personas con discapacidad que requieran ajustes razonables en cualquier momento de su trayectoria escolar», una iniciativa presentada junto al diputado Mario Herrero que busca establecer un marco normativo integral para garantizar la inclusión educativa en toda la provincia.
La propuesta, impulsada por representantes de los bloques Justicialista y San Juan Vuelve, cuenta con estado parlamentario, aunque todavía no logró avanzar hacia una instancia formal de debate dentro de la Cámara de Diputados.
Durante la entrevista, López explicó que esta es la primera vez que el proyecto es presentado de manera conjunta con Herrero. Sin embargo, aclaró que no es nuevo que una iniciativa de estas características llega a la Legislatura, ya que anteriormente ambos habían impulsado propuestas similares por separado.
Según relató la legisladora, el proyecto cuenta con estado parlamentario desde el año pasado y hasta el momento no logró ser tratado en comisión, pese a los distintos aportes realizados por sectores vinculados a la educación inclusiva.
Una ley para garantizar inclusión en todo el sistema educativo
La iniciativa establece que la normativa alcanzará a todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria del sistema educativo provincial, tanto en establecimientos de gestión estatal como privada.
Entre sus principales objetivos se encuentra garantizar una educación inclusiva y de calidad para las personas con discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades y el acceso efectivo al derecho a la educación.
Además, propone identificar, minimizar y eliminar barreras físicas, arquitectónicas, pedagógicas, socioeconómicas, culturales, tecnológicas, comunicacionales y de cualquier otro tipo que puedan dificultar el acceso, la permanencia o el aprendizaje de los estudiantes.
La propuesta adopta una mirada basada en el modelo social de la discapacidad, entendiendo que la inclusión requiere adaptar el entorno a las necesidades de las personas y no exigir que las personas se adapten a sistemas que no contemplan sus realidades.
El reconocimiento de los DAI y el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios
Uno de los puntos centrales del proyecto es el reconocimiento de los Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI), profesionales que actualmente cumplen un rol fundamental en el acompañamiento de estudiantes con discapacidad.
La iniciativa busca otorgar un marco regulatorio claro para estos profesionales, definir quiénes pueden ejercer esa función y fortalecer su incorporación dentro del sistema educativo.
Asimismo, propone fortalecer la intervención de los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios y mejorar su articulación con los equipos de apoyo para la inclusión.
Según explicó López, la legislación educativa provincial ya contempla perfiles específicos para desempeñar estas tareas, incluyendo docentes de educación especial, docentes especializados y otros profesionales habilitados por la normativa vigente.
Financiamiento, evaluación y seguimiento
El proyecto incorpora un esquema de financiamiento específico. El artículo 23 establece que la implementación de la ley se sostendrá mediante una partida presupuestaria incluida en el presupuesto provincial, la reasignación de recursos existentes dentro del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano para situaciones sin cobertura social y el recupero de fondos provenientes de prestaciones educativas cubiertas por obras sociales cuando corresponda.
Además, prevé que el Poder Ejecutivo reglamente la ley dentro de los 180 días posteriores a su promulgación.
Otro de los aspectos contemplados es la creación de un Índice de Educación Inclusiva, herramienta que deberá ser diseñada por la autoridad de aplicación para evaluar los procesos de inclusión y generar información que permita medir avances y detectar necesidades dentro del sistema educativo.
Una construcción colectiva que aún espera debate
De acuerdo con los fundamentos presentados por sus autores, el proyecto incorpora aportes y observaciones realizadas por distintos sectores vinculados a la educación y la discapacidad.
Entre ellos se encuentran los sindicatos docentes UDAP, UDA y AMET, además de familias, profesionales, organizaciones y actores relacionados con los procesos de inclusión educativa.
Los impulsores de la iniciativa sostienen que el texto es el resultado de múltiples reuniones de trabajo, intercambio de experiencias y consensos alcanzados con distintos sectores involucrados en la temática.
La propuesta también recibió respaldos institucionales, entre ellos una declaración de interés educativo, social y comunitario impulsada por el Concejo Deliberante de San Martín sobre el proyecto ingresado ante la Cámara de Diputados.
Sin embargo, pese a los aportes recibidos, al apoyo de organizaciones y a los distintos pedidos realizados para su tratamiento, la iniciativa todavía no logró ingresar a una instancia formal de discusión legislativa.
¿Por qué una ley que busca ampliar derechos para estudiantes con discapacidad continúa esperando debate? ¿Qué impide que una propuesta construida con aportes de docentes, familias y profesionales llegue finalmente a la mesa de discusión? ¿Puede hablarse de igualdad de oportunidades cuando una iniciativa de estas características permanece sin tratamiento?
La discusión continúa abierta. Informarse, debatir y compartir esta información permite visibilizar una problemática que atraviesa a numerosas familias sanjuaninas y que busca instalarse en la agenda pública para encontrar respuestas concretas.
