El presidente del Concejo Deliberante de Sarmiento, Lucas Gómez, presentará este jueves una denuncia ante el Tribunal de Cuentas de San Juan por presuntas irregularidades administrativas y la falta de presentación de balances y documentación respaldatoria por parte del Ejecutivo municipal.
La iniciativa cuenta con el respaldo de una resolución aprobada por mayoría del cuerpo legislativo, con los votos de los concejales justicialistas y del propio Gómez, quien además preside el Concejo.
Un año completo sin balances aprobados
Según la presentación que será elevada al organismo de control, ninguno de los balances mensuales correspondientes al ejercicio fiscal 2025 logró ser aprobado por el Concejo Deliberante debido a la ausencia de documentación respaldatoria, la falta de información sobre la ejecución presupuestaria y distintas inconsistencias técnicas detectadas durante su análisis.
Como consecuencia de esas observaciones, el cuerpo legislativo sancionó las ordenanzas N.º 2325 a la N.º 2334/26, mediante las cuales rechazó los estados contables correspondientes a los meses de enero a octubre de 2025.
Además, desde noviembre de ese año, el Ejecutivo municipal no habría remitido nueva información contable, incluyendo el cierre del ejercicio anual.
También cuestionan la falta de información de 2026
La denuncia sostiene que el municipio tampoco presentó los balances correspondientes a enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2026, situación que, según Gómez, impide que el Concejo Deliberante ejerza las funciones de control previstas por la Ley Provincial N.º 430-P.
«No tenemos la documentación. Está incumpliendo la presentación de balance y la documentación respaldatoria», afirmó el presidente del cuerpo deliberativo.
El edil explicó además que existe una ordenanza que obliga al Ejecutivo a acompañar cada balance con la ejecución presupuestaria, herramienta que permite verificar el destino efectivo de los fondos públicos, requisito que —según denunció— no se estaría cumpliendo.
La votación dejó expuesta la división política
La decisión de recurrir al Tribunal de Cuentas fue formalizada mediante la Resolución N.º 004/26, aprobada durante la Sesión Ordinaria N.º 10.
La iniciativa recibió el apoyo de los concejales Lucas Gómez, Mauricio Cendón, Diego Cortés y Marcela González, mientras que los ediles oficialistas Ríos y Fernández votaron en contra.
Tras la sesión, Gómez manifestó su sorpresa por la postura del oficialismo y sostuvo que el Concejo Deliberante tiene la obligación institucional de controlar los actos administrativos del Ejecutivo.
También cuestionó la falta de diálogo entre ambos poderes municipales y señaló que esa situación derivó en la necesidad de recurrir al organismo provincial de control.
Qué puede ocurrir ahora
Con la presentación de la denuncia, el Concejo Deliberante solicitará la intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia para que analice la situación administrativa del municipio.
Según se desprende de la documentación que será presentada, la falta de información coloca al cuerpo legislativo en una «imposibilidad material» de cumplir con las tareas de control que le asigna la normativa vigente.
En caso de avanzar la investigación, el Tribunal de Cuentas podría disponer auditorías, requerimientos de información o las medidas que considere pertinentes dentro de sus facultades de fiscalización.
El presidente del Concejo Deliberante de Sarmiento, Lucas Gómez, presentará una denuncia ante el Tribunal de Cuentas de San Juan por presuntas irregularidades administrativas y falta de transparencia en la rendición de cuentas del Ejecutivo municipal. La presentación fue respaldada por una resolución aprobada por mayoría del cuerpo legislativo y cuestiona la ausencia de balances y documentación correspondiente a los ejercicios 2025 y 2026.
Hay municipios donde las discusiones pasan por el estado de las calles, el alumbrado o la recolección de residuos. Y después están aquellos donde el gran misterio de la temporada parece ser encontrar los balances. Casi como una serie policial, los concejales revisan expedientes, buscan papeles, preguntan por la documentación y reciben respuestas que, según denuncian, se parecen más a un truco de magia que a una rendición de cuentas. El presupuesto no desaparece solo, pero los papeles, aparentemente, sí pueden hacerlo.
La política tiene una curiosa capacidad para convertir palabras técnicas en protagonistas de grandes peleas. «Ejecución presupuestaria», «documentación respaldatoria», «balances mensuales»… conceptos que normalmente harían bostezar hasta al contador más entusiasta, de pronto se transforman en el centro de una disputa que promete escalar hasta el Tribunal de Cuentas. Porque cuando los números dejan de cerrar, el debate deja de ser contable y empieza a ser político.
En Sarmiento, el Concejo Deliberante asegura que pasó un año entero sin poder aprobar un solo balance. No porque hubiera desacuerdos sobre el color de una planilla de Excel, sino porque, según sostienen, faltaban documentos esenciales para controlar cómo se administraron los recursos públicos. La oposición habla de falta de transparencia; el oficialismo rechaza avanzar con la denuncia. Y mientras unos piden auditorías, otros votan en contra. Si algo queda claro es que la confianza tampoco figura entre los activos del municipio.
Al final, la discusión excede los nombres propios. Los balances pueden parecer un asunto reservado para contadores y abogados, pero en realidad cuentan una historia mucho más sencilla: cómo se administró el dinero de todos. Porque los presupuestos no pertenecen a un intendente ni a un concejo deliberante. Pertenecen a los vecinos. Y cuando quienes deben controlarlos aseguran que no pueden acceder a la información, el problema deja de ser una cuestión administrativa para convertirse en una pregunta incómoda: ¿quién controla al que administra?