La Subsecretaría de Trabajo de San Juan analiza la aplicación de sanciones económicas contra los gremios docentes que participaron del paro nacional realizado esta semana. El organismo aguarda los informes del Ministerio de Educación para determinar el nivel de adhesión y establecer si las organizaciones garantizaron la prestación mínima exigida para el servicio educativo.
El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, explicó que el Gobierno provincial emitió una resolución para recordar a los sindicatos las obligaciones establecidas por la legislación laboral vigente.
«Nosotros lo primero que hicimos fue emitir una resolución aclarándole e intimándolos a que se encuentra vigente la ley de modernización laboral y que la misma establece que deben asegurar mediante un plan de acción la prestación de como mínimo el 75% de ese servicio que es meritado esencial público para todo el país. En virtud de eso se les comunicó y se les notificó esa resolución a los sindicatos que se habían presentado ante la Subsecretaría. Estamos analizando la situación en la provincia y esperando sobre todo los informes del Ministerio de Educación sobre cómo fue el acatamiento de la medida de fuerza», aseguró Franco Marchese, subsecretario de Trabajo de San Juan´, sobre las posibles sanciones por el paro docente de esta semana.
En diálogo con Radio Estación Claridad, el funcionario sostuvo que la actual ley nacional de modernización laboral, también denominada reforma laboral, considera a la educación como un servicio esencial.
Bajo ese marco, los sindicatos deben presentar un plan que garantice como mínimo el 75% de la prestación educativa durante una jornada de paro. Marchese señaló que la normativa está vigente, fue ratificada judicialmente y debe ser aplicada por los gobiernos provinciales.
La situación de cada gremio docente
La evaluación administrativa no será igual para todas las organizaciones sindicales. UDAP y AMET realizaron presentaciones formales ante la Subsecretaría de Trabajo para informar su adhesión a la medida de fuerza nacional.
UDA, en cambio, no presentó una notificación formal y había difundido previamente un comunicado en el que manifestó que no se sumaría al paro.
Sin embargo, los primeros relevamientos indicaron un nivel elevado de inasistencias en las escuelas secundarias, un sector donde UDA cuenta con una importante representación.
Marchese advirtió que, si los informes confirman que afiliados de esa organización participaron de la protesta sin que el gremio hubiera informado previamente la medida, la situación podría ser considerada más grave que la de los sindicatos que realizaron la presentación correspondiente.
Sobre la situación de UDA, analizó que «habría que merituar la situación, todo depende de los informes y demás. O sea, esto no es dos más dos, acá hay que ver que la situación de cada uno en particular, bien decada sindicato. Si vemos que realmente ello tomaron medidas de fuerza siendo que no habían con anticipación presentado ante la Subsecretaría de Trabajo que lo iban a hacer y siendo que además habían sacado un comunicado diciendo que no iban al paro y finalmente después hicieron y, bueno, se analizará y se merituará su situación para ver las sanciones legales que corresponden».
El Gobierno espera los informes por escuela
Para avanzar con eventuales sanciones económicas, la Provincia espera recibir los informes detallados de cada establecimiento educativo.
El relevamiento deberá diferenciar las inasistencias vinculadas con la medida de fuerza de aquellas justificadas por licencias médicas, razones familiares u otros motivos contemplados en la normativa.
El objetivo es establecer con precisión qué porcentaje del servicio educativo fue efectivamente prestado durante el paro y determinar si los gremios incumplieron el piso obligatorio del 75%.
Una vez finalizado el análisis, la Subsecretaría de Trabajo podrá emitir las resoluciones correspondientes y aplicar multas económicas a las organizaciones sindicales que hayan incumplido sus obligaciones.
Marchese aclaró que la evaluación se realizará de manera individual para cada sindicato y que las decisiones dependerán de la documentación remitida por el Ministerio de Educación.
Un conflicto nacional trasladado a San Juan
La medida de fuerza realizada en la provincia formó parte de un paro nacional docente convocado contra el plan económico y las políticas del Gobierno de Javier Milei.
Los sindicatos sanjuaninos adhirieron a la protesta pese a haber alcanzado recientemente acuerdos salariales con el Gobierno provincial. De esta manera, trasladaron al ámbito local un conflicto originado por decisiones de alcance nacional.
Desde la Subsecretaría de Trabajo ratificaron la competencia de la Provincia para intervenir y eventualmente sancionar a los gremios. El organismo argumentó que el servicio educativo depende de la jurisdicción provincial y que los docentes involucrados pertenecen al sistema local.
Las autoridades también señalaron que la Secretaría de Trabajo de la Nación no dictó una conciliación obligatoria que suspendiera las facultades provinciales durante la protesta.
Con los informes todavía en elaboración, el Gobierno provincial deberá establecer el nivel definitivo de adhesión, comprobar si se garantizó la prestación mínima y definir si corresponde aplicar sanciones a UDAP, AMET o UDA.
