Los padres autoconvocados de alumnos de los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) avanzan con la preparación de un reclamo judicial por la cantidad de días de clases perdidos como consecuencia de las medidas de fuerza docentes.
Después de reunir el dinero necesario para afrontar la representación legal, las familias confirmaron al Estudio Domínguez & Saavedra para llevar el planteo ante la Justicia Federal. Ahora, los abogados analizan cuál será la herramienta más conveniente para intentar obtener una respuesta en el menor tiempo posible.
Mariano Domínguez, uno de los letrados a cargo, explicó que actualmente se estudian dos alternativas principales: presentar un amparo o recurrir a la vía contencioso-administrativa. “Dentro de cada una de estas opciones hay más específicas”.
“Tenemos que buscar alternativas que sean rápidas, porque el tiempo es la esencia del reclamo, esto en función del plan de lucha anunciado por los gremios”, destacó.
Según anticipó, el planteo podría quedar definido entre esta semana y la próxima, con la intención de avanzar judicialmente en el corto plazo.
Casi 40 días sin clases y preocupación por el ciclo lectivo
Uno de los principales argumentos de las familias es la cantidad de jornadas perdidas desde el comienzo del ciclo lectivo. Según el conteo mencionado en el reclamo, los colegios preuniversitarios de la UNSJ acumulan un promedio de 36 días sin clases, cifra que continúa aumentando con las nuevas medidas de fuerza.
Para los padres y sus representantes legales, la continuidad del conflicto podría poner en riesgo el desarrollo normal del año escolar y afectar el derecho de los estudiantes a acceder a la educación.
“Los padres reconocen, y es cierto, que los docentes tienen derecho al reclamo. El problema es que todos los derechos se tienen que ejercer no de forma absoluta, sino medidos y limitados por los derechos de los demás”, sostuvo Domínguez.
Dos derechos constitucionales frente a frente
La futura presentación judicial tendrá como uno de sus ejes centrales la tensión entre el derecho de los docentes a reclamar mediante medidas gremiales y el derecho de los estudiantes a recibir educación.
Domínguez reconoció que se trata de un caso complejo debido a que ambos derechos cuentan con protección constitucional y será la Justicia la encargada de ponderarlos.
“Estamos convencidos de que podemos plantear un caso con argumentos sólidos”, afirmó, aunque aclaró que será finalmente el juzgado interviniente el que determine si corresponde hacer lugar al reclamo.
La decisión de recurrir a los tribunales se produjo después de intentos de diálogo con autoridades de la UNSJ y representantes gremiales que, hasta el momento, no permitieron alcanzar una solución aceptada por todas las partes.
Ante ese escenario, las familias consideran que la vía judicial puede convertirse en una herramienta para intentar destrabar el conflicto.
El tiempo, una pieza clave de la estrategia
El avance del calendario escolar será uno de los factores principales a la hora de elegir la presentación. Los abogados buscan un mecanismo que permita obtener una resolución rápida debido a que las medidas de fuerza podrían extenderse durante las próximas semanas.
La intención del estudio jurídico es analizar antecedentes, viabilidad y características de cada opción para luego presentar las alternativas a las familias y definir conjuntamente el camino a seguir.
“Todo va a depender de la vía legal que los padres elijan”, explicó Domínguez.
El abogado señaló que existen antecedentes judiciales de reclamos similares en otras jurisdicciones, aunque aclaró que no son recientes. Esos casos podrían formar parte de los argumentos utilizados en una eventual presentación.
“La preocupación es que aumenten la cantidad de días sin clases, que es lo que pone en riesgo el año escolar”, sostuvo.
La intención es que la acción judicial pueda quedar definida y avanzar durante las próximas semanas.
El análisis se produce además en medio de un escenario marcado por las medidas de fuerza de los gremios universitarios docentes y no docentes de todo el país. Para el 2 de septiembre fue ratificada una jornada de paro tras el fracaso de la negociación paritaria.
También está prevista una nueva instancia de negociación para el jueves 17 de septiembre. Representantes docentes de San Juan no descartaron además un paro de 48 horas en las semanas siguientes, una nueva marcha federal y otras medidas de protesta que podrían volver a afectar el dictado de clases.
El conflicto se desarrolla en un contexto de reclamos de la comunidad universitaria al Gobierno nacional por el financiamiento del sistema y por la actualización salarial de docentes y no docentes. Mientras esas negociaciones continúan abiertas, los padres de los colegios preuniversitarios buscan que la Justicia intervenga para proteger la continuidad del ciclo lectivo.
Padres autoconvocados de alumnos preuniversitarios de la UNSJ avanzan con un reclamo judicial por la pérdida de casi 40 días de clases debido a medidas de fuerza docentes. El estudio que los representa analiza presentar un amparo o recurrir a la vía contencioso-administrativa. La definición podría producirse entre esta semana y la próxima.
Casi 40 días sin clases y dos caminos judiciales sobre la mesa: amparo o vía contencioso-administrativa. Los padres de alumnos preuniversitarios de la UNSJ ya reunieron el dinero, contrataron abogados y ahora buscan una herramienta que llegue antes que el próximo paro.
El problema es que el calendario escolar sigue corriendo mientras el conflicto universitario suma medidas de fuerza. En este escenario, cada jornada perdida pesa un poco más y el año lectivo empieza a parecerse a esa carpeta escolar a la que cada semana le falta una hoja nueva.
Los padres reconocen el derecho de los docentes a reclamar, pero sostienen que también debe protegerse el derecho de los estudiantes a recibir educación. Ahí aparece el verdadero nudo: dos garantías constitucionales entrando por la misma puerta y una Justicia Federal que eventualmente tendrá que decidir cómo acomodarlas.
Los abogados buscan una vía rápida porque el tiempo es parte central del reclamo. Mientras analizan antecedentes y alternativas, los gremios ya anticiparon que podrían profundizar el plan de lucha con nuevas medidas durante las próximas semanas.
Después de meses de diálogo sin una salida común, las familias decidieron cambiar la mesa de negociación por el expediente. Cuando el calendario escolar empieza a contarse por días perdidos, hasta el recreo termina necesitando abogado.