Futbolistas argentinos y otros inversores vinculados al deporte denunciaron una presunta estafa inmobiliaria en Baltimore, Estados Unidos. Según la presentación, siete de los afectados entregaron en conjunto US$ 2.125.000 para comprar viviendas, refaccionarlas y obtener ingresos por su alquiler.
La causa quedó en la UFI N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic. La denuncia solicita investigar posibles delitos de estafa y asociación ilícita y comprende al menos once damnificados.
La propuesta comercial se articulaba mediante la firma FPBC LLC y ofrecía una rentabilidad neta de entre el 10% y el 11% anual en dólares. Los promotores debían ocuparse de la compra, las obras y la administración de las propiedades.
Cuánto aportó cada uno de los siete inversores
Las operaciones se canalizaron a través de Emiliano Galletti, hermano del exfutbolista Luciano Galletti. Según la denuncia, los desembolsos individuales fueron los siguientes:
- Facundo Fraga: US$ 720.000.
- Leonardo Jara: US$ 520.000.
- Ezequiel Cerutti: US$ 320.000.
- Lucas Ariel «Tití» Rodríguez: US$ 180.000, destinados a tres viviendas.
- Gonzalo Maroni: US$ 170.000.
- Alejandro Gastón Mena: US$ 110.000.
- Juan Francisco Brunetta: US$ 105.000.
Los siete montos suman exactamente US$ 2.125.000. Galletti declaró, además, un aporte propio de US$ 79.000 para trabajos sobre un inmueble que, según su presentación, tampoco se completaron en las condiciones acordadas.
Su vínculo con las inversiones comenzó en 2021, después de una primera operación en Baltimore. Más adelante acercó la propuesta a colegas y allegados del ámbito deportivo.
Qué irregularidades denunciaron y qué investiga la fiscalía
Los denunciantes describieron reuniones en hoteles de La Plata y Puerto Madero, cenas y visitas a domicilios particulares. También señalaron que se organizaron viajes a Baltimore para mostrar viviendas y oficinas como parte de la presentación del negocio.
Las dificultades aparecieron cuando los compradores comenzaron a consultar por su cuenta el estado de las propiedades. Según la denuncia, encontraron inmuebles que seguían sin transferirse, reformas pendientes y viviendas deterioradas u ocupadas por terceros.
La presentación también menciona deudas tributarias, multas por infracciones edilicias y ambientales, y servicios impagos. En algunas operaciones, los inversores denunciaron que faltaba la subdivisión registral necesaria para vender las unidades por separado.
El abogado Ignacio Fernández Camillo pidió pericias contables sobre los recibos, informes a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y la inhibición de bienes de los denunciados. La fiscalía comenzó a convocar testigos para reconstruir el recorrido del dinero y determinar la participación de cada involucrado.
