Argentina y Chile avanzaron con un nuevo esquema destinado a facilitar el desarrollo de tres grandes proyectos mineros ubicados a ambos lados de la cordillera de los Andes. Representantes de los dos gobiernos se reunieron en Santiago de Chile y aprobaron los marcos operativos para Vicuña, NexoAndino y Filo Sur, vinculados con una cartera de inversiones superior a US$ 20.700 millones.

El entendimiento se alcanzó durante una sesión de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chileno. En ese ámbito quedaron aprobados los Protocolos Adicionales Específicos (PAE), instrumentos que establecen las condiciones necesarias para facilitar la operación de proyectos cuyos yacimientos se encuentran distribuidos a ambos lados de la frontera.

La particular ubicación de estas iniciativas obliga a coordinar procedimientos entre ambos países. Sin un régimen específico, cada movimiento de trabajadores, equipamiento, insumos o mineral debería gestionarse como un cruce internacional entre operaciones separadas.

El tratado busca evitar esa fragmentación. No elimina la frontera ni crea un territorio independiente: Argentina y Chile mantienen sus respectivas legislaciones y controles, pero acuerdan mecanismos para administrar los proyectos como unidades operativas integradas y coordinar procedimientos aduaneros, migratorios, tributarios y logísticos.

Vicuña concentra una inversión prevista de US$ 9.700 millones

El desarrollo de mayor magnitud alcanzado por este esquema es Vicuña, que integra Josemaría, ubicado en San Juan; Tamberías, del lado chileno; y Filo del Sol, cuyo depósito se extiende sobre territorio de ambos países.

El proyecto solicitó su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en Argentina bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, con una inversión prevista de US$ 9.700 millones.

Otro de los desarrollos contemplados es NexoAndino, compuesto por Lunahuasi, localizado en territorio sanjuanino, y Los Helados, en Chile.

En el caso de Filo Sur, el protocolo permitirá coordinar y unificar las tareas de exploración desarrolladas a ambos lados de la frontera dentro del denominado Distrito Vicuña.

Los acuerdos tienen especial relevancia para San Juan, debido a que una parte sustancial de los proyectos y recursos comprendidos por los protocolos se encuentra en la zona cordillerana provincial, frente a la Región de Atacama.

La posibilidad de utilizar puertos chilenos

El esquema binacional también puede habilitar una salida hacia los puertos chilenos del Pacífico para el mineral extraído en Argentina. Bajo ese mecanismo, la producción podría atravesar territorio chileno mediante un régimen de tránsito y ser embarcada desde terminales portuarias de ese país.

En esos casos, el mineral conservaría su origen y seguiría computándose como una exportación argentina. La aplicación de esta alternativa dependerá de las condiciones aduaneras y logísticas que se definan específicamente para cada proyecto.

El secretario de Minería de Argentina, Luis Lucero, destacó el potencial regional durante el encuentro. «Argentina formará parte de la región que generará más de la mitad del cobre del mundo«, afirmó y señaló que el tratado permite generar mejores condiciones para la puesta en marcha de los proyectos ubicados en la frontera.

Desde Chile, el subsecretario de Minería, Álvaro González, sostuvo que los protocolos permiten avanzar desde la reactivación del tratado hacia «resultados concretos» y anticipar los desafíos derivados del desarrollo de emprendimientos binacionales.

«Hoy existe una cartera superior a US$ 20.700 millones, con proyectos que comenzarán a desarrollarse progresivamente en los siguientes años», indicó.

Un tratado firmado hace casi tres décadas

El Tratado de Integración y Complementación Minera fue firmado en 1997 y entró en vigor en el año 2000. Su alcance fue diseñado específicamente para posibilitar la explotación integrada de recursos minerales ubicados en áreas fronterizas entre Argentina y Chile.

El instrumento permite coordinar aspectos que resultan fundamentales para proyectos que atraviesan la cordillera, desde movimientos de personal y maquinaria hasta infraestructura, logística y circulación del mineral, sin modificar la soberanía ni las normas internas de ninguno de los dos países.

A casi tres décadas de su firma, la reactivación del tratado coincide con un nuevo ciclo de inversiones vinculadas con el cobre en Argentina y Chile, con San Juan ubicada en una posición central por la concentración de proyectos de gran escala en su territorio cordillerano.