La Justicia de San Luis formuló las primeras imputaciones en la investigación por certificados médicos que otorgaron miles de días de licencia a empleados públicos. El avance se produjo casi 17 meses después de la denuncia que puso bajo sospecha 97 certificados atribuidos a un mismo profesional.
La jueza de Garantía Nº 2, Agustina Dopazo Samper, tuvo por formulados cargos contra el psiquiatra Franco Mastronardi, ex integrante del Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial, y contra la ex empleada pública Noelia Fernández.
La fiscal adjunta de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 4, Antonella Romagnoli, atribuyó a Mastronardi los delitos de falsedad ideológica de certificado médico, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa. Fernández fue imputada como coautora del último delito.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por Fiscalía de Estado el 8 de abril de 2025, luego de que controles internos del Gobierno provincial detectaran una cantidad considerada llamativa de certificados psiquiátricos atribuidos al profesional, con diagnósticos similares o idénticos y extensos períodos de licencia.
En total, el expediente analiza 97 certificados emitidos entre enero de 2024 y marzo de 2025 a 31 agentes públicos, que acumularon 2.989 días de inasistencia por razones de salud.
Sin embargo, la formulación de cargos realizada este jueves no comprende por ahora la totalidad de esos casos. La magistrada aclaró que esta primera instancia se concentró específicamente en los hechos vinculados con Fernández.
La licencia psiquiátrica y el viaje a España
El caso de Fernández había quedado señalado desde la presentación inicial realizada por Fiscalía de Estado.
De acuerdo con la acusación, el 23 de agosto de 2024 Mastronardi extendió a Fernández un certificado por 30 días de licencia. La mujer se desempeñaba en ese momento como operadora de monitoreo del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Dos días después, el 25 de agosto, Fernández salió de Argentina desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo con destino a España.
El 29 de agosto, Mastronardi emitió un nuevo certificado en el que consignó que la paciente atravesaba un cuadro clínico neurótico con trastorno de pánico y agorafobia y solicitó que una eventual Junta Médica pudiera realizarse mediante modalidad virtual.
El sistema provincial de control de ausentismo realizó inicialmente la evaluación de manera remota y justificó el período solicitado. Posteriormente, compañeros de la agente advirtieron mediante publicaciones en redes sociales que Fernández se encontraba en España.
La mujer fue entonces convocada a una nueva evaluación, esta vez presencial. Volvió a solicitar la modalidad virtual, pero el pedido fue rechazado y no concurrió. El certificado terminó declarado inválido y posteriormente fue intimada a regresar a su puesto de trabajo.
La relación laboral finalizó en septiembre de 2024.
Una causa que investiga 97 certificados
La denuncia penal fue presentada el 8 de abril de 2025 y el caso adquirió estado público en junio de ese mismo año.
Las actuaciones habían determinado que entre enero de 2024 y el 18 de marzo de 2025 existían al menos 97 certificados atribuidos a Mastronardi, correspondientes a 31 trabajadores estatales y equivalentes a 2.989 días de licencia.
El psiquiatra se desempeñaba desde 2012 en el Departamento de Ciencias Médicas de la Oficina del Cuerpo Profesional Forense de la Primera Circunscripción Judicial.
Además del contenido de los certificados, la pesquisa colocó bajo análisis la actividad privada que desarrollaba el profesional, debido al régimen de incompatibilidades correspondiente a su función dentro del Poder Judicial.
En junio de 2025, ante la falta de avances iniciales, Fiscalía de Estado solicitó con habilitación de día y hora una serie de medidas destinadas a profundizar la investigación. Entre ellas pidió información a organismos públicos y otras instituciones para determinar si existían más certificados emitidos por Mastronardi, además de documentación laboral, tributaria y profesional.
También requirió informes a Migraciones para reconstruir los movimientos internacionales de Fernández.
El Superior Tribunal de Justicia dispuso la cesantía de Mastronardi el 25 de junio de 2025. El profesional tenía abierto un sumario administrativo desde septiembre de 2024.
Los planteos de las defensas y las medidas pendientes
Fernández participó de la audiencia de manera remota desde España, donde reside actualmente, y se abstuvo de declarar.
Su abogado, Adriel Cabello, se opuso a la formulación de cargos y sostuvo que las ausencias cuestionadas fueron descontadas de la liquidación final de la ex empleada. A partir de ese argumento, cuestionó que haya existido un perjuicio económico para el Estado o un beneficio patrimonial para su defendida.
Mastronardi también se abstuvo de declarar. Sus abogados, Gabriel Varela y Hugo Scarzo, plantearon que una diferencia de criterio médico no puede equipararse automáticamente con la falsedad de un certificado.
La defensa sostuvo que el psiquiatra certificó el cuadro que Fernández presentaba al momento de la consulta y consideró que el profesional no podía ser responsabilizado por las actividades realizadas posteriormente por la paciente. También señaló que la eventual falsedad de los diagnósticos deberá determinarse mediante pericias.
Dopazo Samper consideró que esas controversias deberán resolverse durante el desarrollo de la investigación, a partir de la prueba pendiente. La magistrada destacó particularmente que establecer la veracidad o falsedad del contenido de un certificado psiquiátrico requiere conocimientos técnicos específicos.
Entre las medidas todavía pendientes aparecen una pericia caligráfica y de firmas sobre certificados secuestrados, entrevistas a profesionales que intervinieron en las Juntas Médicas y distintos informes.
La jueza estableció medidas de coerción durante cuatro meses. Fernández deberá enviar un correo electrónico a la Fiscalía entre el 1 y el 10 de cada mes para mantenerse a derecho, mientras que Mastronardi tendrá que firmar el libro de imputados durante el mismo período.
La magistrada rechazó la caución real solicitada para ambos imputados y tampoco hizo lugar al pedido destinado a impedir que Mastronardi abandone la provincia.
La investigación continuará sobre el universo de 97 certificados correspondientes a 31 agentes públicos, aunque las imputaciones formuladas en esta instancia permanecen circunscriptas al caso de Fernández mientras avanzan las pericias y demás medidas de prueba.
