El exministro de Economía Martín Guzmán declaró este martes como testigo ante la Justicia Federal en el marco de la causa conocida como “Nación Seguros”, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de pólizas estatales a través del decreto 823/2021, firmado durante la gestión de Alberto Fernández.
La declaración fue incorporada a pedido de Mariana Barbitta, defensora del expresidente, con el objetivo de respaldar la postura de que la medida respondió a criterios de política pública y no a un esquema diseñado para beneficiar intereses particulares.
La investigación busca establecer si la norma permitió la intervención de intermediarios privados que obtuvieron millonarias comisiones mediante operaciones vinculadas con organismos del Estado.
El respaldo al decreto
Durante su exposición, Guzmán sostuvo que el decreto siguió los procedimientos administrativos habituales y contó con la participación de distintos organismos especializados.
Según explicó, la iniciativa fue analizada por áreas técnicas y jurídicas de la Secretaría Legal y Técnica, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Nacional de Contrataciones y el propio Ministerio de Economía.
El exfuncionario afirmó que no recuerda haber mantenido reuniones específicas con Alberto Fernández para discutir el contenido de la norma y aseguró que nunca recibió observaciones sustanciales por parte de los organismos que participaron en el expediente.
Además, indicó que no tuvo conocimiento de gestiones orientadas a favorecer empresas aseguradoras, productores de seguros o intermediarios privados.
La explicación económica
Uno de los aspectos centrales de su declaración estuvo relacionado con la fundamentación económica del decreto.
Guzmán explicó que la medida buscaba proteger los recursos públicos en un contexto financiero complejo y sostuvo que concentrar las coberturas en una aseguradora estatal podía representar una alternativa más eficiente para la administración nacional.
En ese sentido, señaló que la decisión formaba parte de una estrategia orientada a reducir costos y administrar riesgos en un escenario de elevada incertidumbre económica.
La investigación continúa
La declaración se produjo mientras el juez Ariel Lijo continúa recibiendo testimonios de exfuncionarios convocados por la defensa de Fernández.
Previamente había declarado la extitular de la Superintendencia de Seguros, Mirta Adriana Guida, quien sostuvo que el decreto no modificó el régimen de intermediación ni estableció restricciones para los brokers que participaban de las contrataciones.
La causa se centra en las contrataciones de seguros realizadas por organismos públicos a través de Nación Seguros y en el rol que desempeñaron intermediarios privados en esas operaciones.
Mientras los investigadores consideran que el decreto pudo haber servido para favorecer a determinados actores del mercado asegurador, la defensa del expresidente sostiene que se trató de una política destinada a fortalecer la capacidad financiera estatal y mejorar la administración de recursos públicos.
Durante la audiencia, Guzmán también fue consultado sobre María Cantero, exsecretaria presidencial, y sobre el broker de seguros Héctor Martínez Sosa. El exministro afirmó que su vínculo con Cantero fue exclusivamente institucional y aseguró que nunca recibió referencias sobre el empresario ni sobre cuestiones relacionadas con el negocio de los seguros.
