La atención de salud para los jubilados en San Juan atraviesa una situación crítica que afecta a más de 75.000 afiliados de PAMI. Desde el pasado 17 de junio, clínicas y sanatorios agrupados en la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social suspendieron el otorgamiento de nuevos turnos para consultorios externos en todas las especialidades, en reclamo por un atraso arancelario que, según denuncian, supera el 102%.
Prestadores denuncian una situación financiera insostenible
La medida fue adoptada luego de reiterados reclamos por la falta de actualización de los valores de las prestaciones y por demoras en los pagos. Desde el sector sostienen que, además, se aplican débitos sobre las facturaciones que pueden alcanzar hasta el 30%, una situación que dificulta cubrir los costos operativos y mantener la atención bajo las condiciones actuales.
Como consecuencia, numerosos afiliados se encontraron con carteles informando la suspensión de nuevos turnos en distintos centros de salud de la provincia. La situación genera preocupación especialmente entre quienes requieren controles periódicos, estudios especializados o tratamientos para enfermedades crónicas.
Pacientes sin respuestas y con tratamientos demorados
Una afiliada que necesitaba realizarse un estudio cardiológico urgente relató que intentó obtener un turno durante los últimos días sin éxito. “Es muy preocupante porque es un estudio de urgencia el mío y somos personas mayores. Que jueguen de esta manera es inconcebible”, expresó.
También se conoció el caso de una mujer que viajó desde la localidad de Carpintería, en Pocito, para gestionar un turno para su esposo y no logró concretar el trámite. Según relató, tampoco recibió información precisa sobre cuándo podría retomarse la atención habitual.
Ante la falta de alternativas dentro de la cobertura, algunos afiliados optan por consultas particulares que rondan los 80.000 pesos, especialmente para patologías como la artrosis y otras afecciones crónicas. A esto se suma el cuestionamiento al sistema de reintegros, cuyos pagos, según denuncian los usuarios, pueden demorar entre seis meses y un año.
Vacío de conducción local y versiones contrapuestas
La crisis sanitaria coincide con una situación institucional particular en la delegación local de PAMI. Desde febrero, tras la renuncia del doctor Rafael “Nino” Claros, la obra social no cuenta con un director en San Juan. Hasta el momento no se designó un reemplazante, lo que incrementa la incertidumbre entre afiliados y prestadores.
La ausencia de una autoridad local dificulta la existencia de un interlocutor directo para abordar el conflicto y brindar respuestas a los pacientes afectados por la suspensión de servicios.
Mientras tanto, desde la conducción nacional encabezada por Esteban Leguizamo sostienen que no existen problemas financieros graves y que el cronograma de pagos se cumple con normalidad. Sin embargo, los prestadores sanjuaninos mantienen sus reclamos y advierten que, de no alcanzarse una solución, el conflicto podría extenderse a otras prestaciones, incluyendo cirugías que no sean consideradas de urgencia.
La falta de acuerdo mantiene en vilo a miles de adultos mayores que dependen de la cobertura para acceder a consultas, estudios y tratamientos médicos esenciales.
Más de 75.000 afiliados de PAMI en San Juan quedaron afectados por la suspensión de nuevos turnos médicos en clínicas y sanatorios privados desde el 17 de junio. Los prestadores atribuyen la medida a un atraso arancelario superior al 102% y demoras en los pagos, mientras crece la incertidumbre por la falta de autoridades locales en la obra social.
75.000 afiliados buscando turnos y encontrando carteles. Un atraso arancelario de más del 102% convirtió la atención médica en una especie de trámite imposible: llegás con la orden, hacés la fila y te llevás una explicación que no cura nada.
La escena tiene algo de película repetida. Jubilados derivados por PAMI hacia clínicas que ya no entregan nuevos turnos, como si el GPS institucional siguiera mandando autos a un puente que hace rato no existe.
La cuenta que muestran los prestadores es sencilla y brutal: dicen que cobran con valores atrasados, sufren débitos sobre las facturaciones y esperan pagos que llegan cuando los costos ya corrieron varias cuadras más adelante. En el medio quedan los pacientes, que descubren que una consulta privada puede costar cerca de 80.000 pesos y que el sistema de reintegros tiene la misma velocidad de una encomienda enviada en carreta.
Para muchos afiliados el problema no es administrativo ni contable. Es un estudio cardiológico que no puede esperar, una consulta por artrosis que se posterga o una derivación que termina en un peregrinaje entre oficinas y sanatorios. La matemática del conflicto se vuelve bastante concreta cuando la urgencia tiene nombre, apellido y fecha médica.
La situación suma otro ingrediente: desde febrero, la delegación local de PAMI no tiene director. Mientras los pacientes preguntan quién puede resolver el problema, la respuesta parece recorrer pasillos vacíos. La obra social más grande del país quedó en San Juan como un comercio con la persiana a media altura y sin encargado visible.
Desde Buenos Aires aseguran que los pagos siguen un cronograma regular y niegan problemas financieros graves. En San Juan, en cambio, los prestadores hablan de una ecuación que ya no cierra. Dos diagnósticos para el mismo paciente.
Y cuando una discusión sobre números termina poniendo en duda estudios, consultas y cirugías, la factura siempre llega al mismo domicilio.