Bolivia comenzó a recuperar la circulación en sus principales corredores viales luego de más de seis semanas de bloqueos y protestas contra el Gobierno. Los operativos desplegados por fuerzas policiales y militares permitieron despejar varios puntos estratégicos y facilitar el ingreso de combustible hacia las regiones más afectadas por el desabastecimiento.
Según información oficial, los bloqueos activos se redujeron de aproximadamente 50 puntos a 31 durante el fin de semana, un día después de la entrada en vigencia del estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz.
Operativos para restablecer el abastecimiento
Las tareas se concentraron principalmente en el tramo que conecta La Paz con Oruro, una de las rutas más importantes del país. Allí, efectivos de seguridad trabajaron junto a maquinaria pesada para remover barricadas y garantizar la circulación de vehículos.
Tras la liberación de varios caminos en la región del Altiplano, comenzaron a ingresar camiones cisterna con combustible y diésel hacia La Paz y la ciudad de El Alto, donde la escasez había generado largas filas, dificultades para el transporte y problemas en el abastecimiento de productos esenciales.
La situación se agravó durante las últimas semanas debido a la combinación de la crisis económica y las dificultades en la distribución de combustibles, un escenario que impactó de manera directa en la actividad productiva y comercial del país.
Una crisis con múltiples frentes
El conflicto social se desarrolló en medio de lo que distintos sectores consideran la crisis económica más profunda de Bolivia en los últimos 40 años. A ese escenario se sumó el malestar generado por la distribución de combustible de baja calidad, una situación que afectó a miles de vehículos y alimentó las protestas.
Las movilizaciones fueron impulsadas por organizaciones campesinas, sectores indígenas, trabajadores mineros y grupos vinculados al expresidente Evo Morales, incluso después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana para suspender las medidas de fuerza.
Frente al avance del conflicto, el presidente Paz dispuso la prohibición temporal de manifestaciones y ordenó a las fuerzas de seguridad garantizar la libre circulación de personas y mercancías en todo el territorio nacional.
Impacto económico y respaldo legislativo
El Congreso boliviano respaldó la decisión presidencial y aprobó el decreto de estado de excepción con el apoyo de más de dos tercios de los legisladores presentes. La sesión comenzó durante la noche del sábado y concluyó en la madrugada del domingo.
Las consecuencias de la crisis fueron significativas. El país registró faltantes de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en distintas ciudades, además de un fuerte deterioro de la actividad económica.
De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades, el conflicto dejó al menos 16 personas fallecidas, trece de ellas por complicaciones derivadas de la falta de atención médica oportuna debido a los cortes de ruta.
Las pérdidas económicas acumuladas fueron estimadas en alrededor de US$3.000 millones, una cifra que refleja el impacto que tuvieron las interrupciones del transporte y el abastecimiento sobre distintos sectores productivos.
Mientras el Gobierno busca consolidar la reapertura de rutas y normalizar el suministro de bienes esenciales, sectores opositores sostienen sus reclamos y advierten que la crisis económica y social continúa siendo el principal desafío para la administración de Rodrigo Paz.
