Funcionarios del Gobierno nacional y de Mendoza recorrieron este martes las instalaciones de Sierra Pintada, el complejo minero de uranio ubicado en San Rafael que dejó de operar en 1995 y donde continúan las tareas destinadas a la remediación de pasivos ambientales acumulados durante décadas.
Durante la visita, autoridades vinculadas al área nuclear informaron que, si se mantiene el flujo de financiamiento previsto, las obras actualmente en ejecución podrían finalizar durante 2027, permitiendo avanzar posteriormente con el tratamiento del agua almacenada en las canteras del complejo.
Los avances anunciados por la CNEA
La subsecretaria de Políticas Nucleares de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Ayelen Giommi, destacó los trabajos realizados durante la actual gestión y rechazó las versiones que señalan que el predio se encuentra abandonado.
Según explicó, se avanzó en el tratamiento de lodos y efluentes, la construcción de un dique de disposición final y el inicio de las tareas vinculadas a una planta de tratamiento de radio y arsénico.
«Se hizo todo el recondicionamiento de la planta de uranio, que llevó más de 100 cambios de válvulas y también conseguimos la licencia de ‘parada prolongada de la Autoridad Regulatoria Nuclear’, que fue un hito muy importante para nosotros», afirmó la funcionaria.
Además, indicó que durante el próximo año se prevé finalizar el sistema de riego y completar la planta de tratamiento de radio y arsénico. «A fines del año 2027, queremos empezar a tratar el agua de cantera. Ese es nuestro propósito. Con eso quedaría toda la infraestructura necesaria para hacer el punta a punta de las tareas de remediación», sostuvo.
Una deuda ambiental pendiente desde hace tres décadas
Giommi reconoció que aún restan etapas importantes para completar el saneamiento integral del sitio. «Restan hitos para poder cerrar el ciclo de todos los pasivos ambientales, que llevan más de 25 o 30 años en la zona de Sierra Pintada», señaló.
La funcionaria también planteó que una eventual reactivación de la actividad podría acelerar los procesos de remediación. «La prioridad de volver a minar uranio en la Argentina es absoluta, hay una ventana de tiempo que tenemos que capitalizar, y, obviamente, poder hacerlo en Sierra Pintada y, a la vez, cumplir con la remediación de los pasivos ambientales, es saldar una deuda histórica que la CNEA contrajo antes de 1997», expresó.
Qué pasivos ambientales permanecen en el lugar
Cuando Sierra Pintada comenzó a operar en 1975 no existían las exigencias ambientales actuales para el tratamiento simultáneo de residuos mineros. Por ese motivo, tras el cierre definitivo del complejo en 1997, fue necesario diseñar un proyecto específico para remediar los pasivos generados durante dos décadas de actividad.
Actualmente permanecen enterrados en el predio 5.223 tambores de 200 litros provenientes del tratamiento del uranio procesado en Dioxitek, Córdoba, además de aproximadamente un millón de metros cúbicos de agua acumulada en las canteras con concentraciones de uranio, radio y arsénico superiores a los límites permitidos.
La supervisión externa del proceso está a cargo de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo, que controla tanto las tareas previas como las futuras etapas de remediación.
La ingeniera Laura Lucero explicó que la CNEA realiza monitoreos permanentes sobre aguas superficiales, subterráneas, diques, canteras y calidad del aire. «Nosotros controlamos que estén haciendo ese monitoreo y cómo les va dando el monitoreo, como están con los niveles de cantera y las cotas de seguridad», indicó.
La especialista agregó que los controles independientes realizados hasta el momento no detectaron anomalías en los cursos de agua de la zona. «Hasta ahora todo está dentro de los parámetros normales. En los cursos de agua nunca hemos tenido un valor anómalo», afirmó.
La historia de una mina estratégica
El complejo minero fabril Sierra Pintada se encuentra en el distrito de Cuadro Benegas, a 38 kilómetros al oeste de San Rafael y a 240 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Funcionó entre 1975 y 1995, mientras que su cierre definitivo se concretó en 1997.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner se impulsó un intento de reapertura que no prosperó. Posteriormente, la sanción de la Ley 7722 en Mendoza limitó aún más las posibilidades de reactivar el proyecto.
En 2019 se anunció un plan para remediar los pasivos ambientales existentes. Sin embargo, los trabajos sobre los residuos sólidos y líquidos acumulados aún forman parte de un proceso que continúa en desarrollo y cuya finalización demandará varios años más.
