El plan económico del Gobierno comenzó a enfrentar mayores dificultades para cumplir una de sus principales metas: sostener el equilibrio fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional. La combinación de una menor recaudación tributaria, una actividad económica más débil y límites para continuar reduciendo gastos obliga al Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, a buscar nuevas alternativas durante el segundo semestre.
Para fin de año, el ministro deberá presentar ante el FMI un resultado equivalente a un superávit fiscal primario del 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, junio registró el primer déficit primario de la actual gestión, dejando atrás una racha de resultados positivos que había sido uno de los principales argumentos económicos del oficialismo.
El resultado estuvo influido por el aumento de gastos vinculados a subsidios energéticos, la extensión del plazo para el pago de Ganancias y el desembolso de aguinaldos. Con los ingresos en descenso, el equilibrio fiscal comenzó a depender de un esfuerzo adicional de reducción del gasto.
Menos ingresos y más presión sobre el ajuste
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que durante junio el Sector Público Nacional registró una caída del 8,5% interanual real en sus ingresos totales. Dentro de ese resultado, los ingresos tributarios retrocedieron un 8,8% respecto del mismo período del año anterior.
Al mismo tiempo, el gasto primario aumentó un 3,1% en términos reales, lo que llevó al resultado fiscal mensual a un déficit primario de $696.843 millones a valores constantes.
Durante el primer semestre, los ingresos totales acumularon una caída real interanual del 5%, según un relevamiento de la consultora MAP, mientras que el gasto se redujo apenas un 2%. Esa dinámica llevó al superávit primario acumulado al 0,6% del PBI, por debajo del 0,9% registrado en el mismo período del año anterior.
El resultado también implicó un incumplimiento de la meta fiscal acordada con el FMI en la última revisión. El Gobierno acumuló un superávit primario de $6,3 billones frente al objetivo recalibrado de $6,8 billones.
El límite de la reducción del gasto
Para alcanzar la meta anual, el escenario previsto por Economía requiere que el gasto se reduzca cerca de un 7% real interanual durante la segunda mitad del año, incluso bajo una expectativa de estabilización de los ingresos.
El desafío es que varios de los principales mecanismos utilizados para bajar el gasto ya muestran poco margen. Durante la primera mitad del año, el ajuste se concentró en la paralización de la obra pública y en la reducción de transferencias a las provincias.
En junio, el gasto de capital de Nación cayó un 26,4%, mientras que las transferencias corrientes a las provincias se redujeron un 63,9%. Según el análisis, profundizar esos recortes podría generar mayores tensiones políticas y territoriales.
Subsidios, tarifas y nuevas fuentes de ingresos
Otro desafío aparece en la llamada «licuación» del gasto, una herramienta que perdió fuerza con la desaceleración inflacionaria. Partidas como jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH), actualizadas mediante fórmula, comenzaron a crecer por encima de los precios.
En junio, las jubilaciones aumentaron un 5,4% real interanual y la AUH un 13,1%. Esto reduce el margen del Gobierno para continuar disminuyendo el gasto mediante la pérdida de poder adquisitivo.
Los subsidios energéticos también se convirtieron en un punto sensible. Durante junio, crecieron un 125,4% interanual real, mientras que los subsidios al transporte aumentaron un 53,8%. La suba estuvo vinculada a la regularización de pagos atrasados a CAMMESA y al incremento internacional de los precios de la energía.
Ante este escenario, el Ministerio de Economía busca apoyarse en ingresos extraordinarios, como la adjudicación del control de Transener por USD 356 millones, y evalúa una eventual privatización de AySA. Sin embargo, esos recursos no computan formalmente para la meta de superávit primario establecida en el acuerdo vigente con el FMI.
